Derrumbe en Villa Urquiza: el juez Oyarbide se declaró incompetente
El juez federal Norberto Oyarbide se declaró hoy incompetente para investigar la denuncia contra el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, por supuestos nombramientos irregulares en el área que debe controlar las obras en construcción.
El juez tomó la decisión tras analizar el legajo secuestrado ayer en un allanamiento y derivó la causa a la Cámara del Crimen, para que se sortee un juez del fuero ordinario, informaron fuentes judiciales.
"De los autos surge que la designación de la autoridad ha sido realizada dentro del ámbito local de la ciudad de Buenos Aires, en función de normas locales y con la intervención de los organismos de control de esta ciudad", consideró en la resolución.
Antes de dejar la causa, el juez pidió y obtuvo los legajos personales de otros tres inspectores que tenían a cargo los controles de la obra de construcción que provocó la tragedia.
Se trata de Marta Baby, Federico Mastronardi y Angel Rodríguez, quienes según la denuncia carecerían al igual que el titular del área de Protección del Trabajo, Angel Rodríguez, título habilitante para cumplir esa función.
Toda la documentación será remitida al juez que resulte sorteado por la Cámara del Crimen una vez que sea notificado el fiscal federal del caso, Patricio Evers, quien hoy se encontraba enfermo.
La denuncia investiga por el supuesto delito de "nombramientos ilegales" al jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, derivada del derrumbe de un gimnasio en el barrio porteño de Villa Urquiza.
En un allanamiento hecho ayer en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, Oyarbide secuestró el legajo que precedió al nombramiento del director de Protección del Trabajo, Angel Rodríguez, cuestionado en la denuncia por supuesta falta de idoneidad para el cargo.
Una vez analizado este expediente, el magistrado resolvió que no se invocó ninguna ley federal para el nombramiento, por lo cual se desprendió de la causa.
La denuncia fue presentada ayer por el legislador Marcelo Parrilli y el fiscal del caso, Patricio Evers, impulsó la investigación y pidió el allanamiento ordenado por Oyarbide.
La causa había quedado radicada en la Cámara Federal y fue asignada por sorteo al juzgado federal 7, que subroga Oyarbide y que estuvo ocupado por el ex juez Guillermo Montenegro hasta que renunció para sumarse al gobierno de Macri.