Derrumbe Corrientes: buscan a empresarios prófugos
Familiares y amigos de los obreros muertos en el derrumbe ocurrido la semana pasada marcharon hoy en reclamo de justicia.
Mientras, se espera la detención de cuatro empresarios constructores considerados como presuntos responsables de la tragedia, quienes por el momento permanecen prófugos.
El derrumbe se produjo el jueves pasado a las 13:00 cuando 12 obreros, de los cuales cuatro continúan internados en grave estado, cayeron junto a una losa desde el séptimo piso al techo de zinc de una casa vecina.
Los familiares de las víctimas marcharon esta mañana desde el barrio Progreso de la Capital correntina hasta la Municipalidad, para exigir explicaciones del intendente, Camau Espínola, al denunciar que su administración no hizo los controles correspondientes en una obra que no estaba autorizada para llegar hasta el séptimo piso.
"Estamos cansados y queremos que el intendente y los empresarios se hagan responsables y que, por lo menos, ayuden a las familias que quedaron sin nada", expresó en declaraciones a la prensa Leonardo Sosa, hermano de uno de los obreros muertos.
Mientras tanto, se aguarda que se presenten los cuatro empresarios que están prófugos desde el viernes pasado, cuando la Justicia provincial dispuso la orden de captura al imputarlos como responsables de la tragedia.
Por una orden de la jueza de Instrucción Graciela Ferreira, la Policía provincial busca a los hermanos Marcelo y William Mayer, director de la obra y principal inversor respectivamente; y también a Walter Bruquetas, quien aparece como ingeniero constructor de la obra, y a su socio Elías Cohen, ingeniero a cargo de los cálculos de la estructura edilicia.
El expediente fue caratulado con la figura delictual de estrago doloso, que establece una pena que va de los 8 a los 20 años de prisión.
Según la investigación de la fiscalía, los empresarios tenían autorización para construir sólo hasta el quinto piso pero las pericias determinaron que los obreros estaban trabajando en la construcción del séptimo, es decir, llegaron a ejecutar dos pisos más de lo permitido.
Por su parte, los familiares de las víctimas también exigen que se investigue la responsabilidad de los funcionarios municipales que tendrían que haber impedido con denuncias contra la empresa la continuidad de la obra.
El derrumbe se produjo el jueves pasado a las 13:00 cuando 12 obreros, de los cuales cuatro continúan internados en grave estado, cayeron junto a una losa desde el séptimo piso al techo de zinc de una casa vecina.
Los familiares de las víctimas marcharon esta mañana desde el barrio Progreso de la Capital correntina hasta la Municipalidad, para exigir explicaciones del intendente, Camau Espínola, al denunciar que su administración no hizo los controles correspondientes en una obra que no estaba autorizada para llegar hasta el séptimo piso.
"Estamos cansados y queremos que el intendente y los empresarios se hagan responsables y que, por lo menos, ayuden a las familias que quedaron sin nada", expresó en declaraciones a la prensa Leonardo Sosa, hermano de uno de los obreros muertos.
Mientras tanto, se aguarda que se presenten los cuatro empresarios que están prófugos desde el viernes pasado, cuando la Justicia provincial dispuso la orden de captura al imputarlos como responsables de la tragedia.
Por una orden de la jueza de Instrucción Graciela Ferreira, la Policía provincial busca a los hermanos Marcelo y William Mayer, director de la obra y principal inversor respectivamente; y también a Walter Bruquetas, quien aparece como ingeniero constructor de la obra, y a su socio Elías Cohen, ingeniero a cargo de los cálculos de la estructura edilicia.
El expediente fue caratulado con la figura delictual de estrago doloso, que establece una pena que va de los 8 a los 20 años de prisión.
Según la investigación de la fiscalía, los empresarios tenían autorización para construir sólo hasta el quinto piso pero las pericias determinaron que los obreros estaban trabajando en la construcción del séptimo, es decir, llegaron a ejecutar dos pisos más de lo permitido.
Por su parte, los familiares de las víctimas también exigen que se investigue la responsabilidad de los funcionarios municipales que tendrían que haber impedido con denuncias contra la empresa la continuidad de la obra.