Depredación en áreas protegidas
La caza furtiva de animales en extinción y la tala irracional del monte natural, causan estragos en San Juan.
En forma periódica la la Subsecretaría de Conservación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia informa los resultados de los operativos de control de la flora y fauna protegidas, con cantidad de actas de infracción, pormenores de los elementos decomisados y adjunta el registro gráfico. De allí en más, interviene la Justicia de Faltas, desconociéndose sus actuaciones.
Para la opinión pública se trata de otro ciclo que se cierra, hasta que un nuevo y esporádico operativo oficial refleja en los medios que el organismo sigue existiendo con la modalidad señalada, aunque jamás publique cómo terminan las actuaciones anteriores, las multas/o arrestos a los infractores, según lo establecido en la Ley 6911 de Protección y Desarrollo de la Flora y Fauna Silvestre y como corresponde a todas las actuaciones administrativas y judiciales que se deben hacer públicas por mandato constitucional.
En tanto, la depredación de la flora y la fauna autóctona sigue aumentando y hasta lo confirman quienes deben protegerla. En uno de los últimos partes oficiales se indica -entre otros detalles-, que el personal "'realizó tareas de control y fiscalización de flora y fauna en las Quebradas de los Huesos, de Belli y del Medio, en los departamentos Ullum y Calingasta, donde aunque no se encontró ningún infractor, pudo corroborarse una enorme depredación de la fauna silvestre, ya que se encontró una importante cantidad de patas y cuero de guanaco. "La misma sensación de despreocupación y decepción produjo días atrás la información sobre una depredación de truchas, un atractivo de nuestro ríos. El caso de la pesca furtiva en los cursos cordilleranos es otro paraíso para infractores.
Menos se conoce la actividad conjunta con de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, aunque transiten en las rutas sanjuaninas camiones cargados con leña proveniente del recurso protegido. El ataque a los bosques nativos es prácticamente irreversible en el país por un proceso de degradación por la deforestación, que en la última década se llevó 300.000 hectáreas anuales.
En este contexto surgen muchos interrogantes, como la actuación del Consejo Provincial del Ambiente, creado por la Ley 6634, como órgano asesor del Poder Ejecutivo y del que participan representantes de los poderes Legislativo y Judicial, universidades, ONG ambientalistas y municipios. Entre las tareas específicas, este cuerpo debe velar por la fauna y la flora protegida, aportando soluciones frente a la desprotección de los recursos y al estado de impunidad que permite el salvajismo depredador.