Denunciaron a Victoria Donda tras el escándalo con su empleada doméstica

La titular del INADI, Victoria Donda, quedó envuelta en una polémica después de que se hiciera pública una demanda en su contra de su empleada doméstica. Ahora, dos integrantes de Republicanos Unidos la denunciaron por fraude a la administración, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes cuestionaron el acto en sí y las declaraciones a la prensa que llevó a cabo la titular del INADI tras conocerse el conflicto.

Entre los argumentos, los letrados destacan que la empleada doméstica de la denunciada “no tiene los aportes sociales correspondientes de todo el año 2019, de noviembre y diciembre de 2020” así como tampoco está inscripta en una ART. “De lo expuesto puede inferirse que los ofrecimientos en cuestión tuvieron que ver, como lo ha sostenido el letrado de la trabajadora en medios periodísticos en que las irregularidades registrales impedían a su clienta el acceso al beneficio jubilatorio y al cumplimiento por parte de la funcionaria denunciada de otras obligaciones de índole laboral”, indicaron en la denuncia a la que accedió el diario Perfil.

En paralelo a la situación laboral de la empleada, los referentes de republicanos Unidos expresaron la necesidad de que se investigue en la Justicia el accionar de la funcionaria en el organismo. “Debe  profundizarse cuál hubiese sido la gestión ofrecida por Donda a Oxa y su hermana - ¿hacer valer su cercanía al poder de turno y su condición de funcionaria para agilizar algún trámite?, de ser así, ¿lo hizo con anterioridad? –.”.

Y agregaron: “Por otra parte, consideramos que de corroborarse las declaraciones de la funcionaria en relación a que “todos los que entran a trabajar es por la cercanía” considerando el contrato estatal ofrecido una “mejora laboral”, además de violentar el art. 16 de la Constitución Nacional y la normativa especial que rige el empleo público y la idoneidad de sus trabajadores, podrían encuadrar típicamente en las previsiones de los arts 174 inc 5º (en su modalidad de administración infiel) o 261 CP, según los elementos típicos que puedan corroborarse durante el trámite de las presentes”.

Por último, los abogados señalaron que “el hecho de que la funcionaria reconozca que contrata personas de su cercanía en el organismo que preside, sin ponderar su idoneidad o las necesidades funcionales del organismo que administra, encuadraría en las previsiones del art. 248 CP que reprime al ‘… funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere’”.

Por ello, Magioncalda y Fazio pidieron que se cite a Oxa a prestar declaración testimonial y la extracción del celular una copia de todas las conversaciones entre ambas. Además, solicitaron que se libre oficio al INADI a los fines de que informen todos los contratos vigentes en el organismo y el secuestro de los aparatos móviles telefónicos en poder de Donda “ante la posibilidad de que se eliminen los registros”.

En la denuncia que tramitó el abogado de Arminda Banda Oxa, de 62 años, se consignó que la funcionaria no le pagaba los aportes patronales, que su situación era “irregular" y que le había ofrecido, a cambio, un plan social o una contratación en el INADI. Estas acusaciones fueron negadas por Donda en diálogo con Perfil. 

La funcionaria especificó que la empleada doméstica fue contratada en 2016 hasta diciembre del 2020. Con respecto a la oferta de una ayuda estatal, la titular del INADI explicó: “Ella tenía un hermano muy mal, internado, y me decía que no quería seguir trabajando. Entonces para que no se quede sin ningún tipo de sustento, le ofrecí inscribirla en algún plan y que preste servicio cerca de su casa, no en mi casa”.