Denunciaron a los jueces que anularon el caso de “Chocolate” Rigau, el puntero que vaciaba cuentas de empleados de la Legislatura

La presentación fue realizada por tres dirigentes de Juntos por el Cambio. Los magistrados Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo habían anulado la causa contra Julio “Chocolate” Rigau.

Era una derivación previsible: después del estruendo que provocó la decisión judicial de liberar al puntero del PJ que recaudaba con tarjetas de la Legislatura, Julio "Chocolate" Rigau, y de sepultar la investigación, llegarían las esquirlas contra los que firmaron ese dictamen explosivo.

Tres dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) anunciaron que denunciarán a los dos jueces que anularon la causa que investigaba las maniobras de Rigau, detenido cuando sacaba plata de 48 plásticos pertenecientes a supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

La presentación apunta contra los camaristas de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo. Ellos conformaron la mayoría del tribunal que liberó al dirigente peronista y consideró nulo el acta de procedimiento policial. Fue el elemento clave para congelar el avance de la investigación.

La presentación la realizarán el diputado nacional Ricardo López Murphy, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y la candidata a senadora nacional por el PRO, María Eugenia Talerico, quienes pidieron que inicien los procesos para investigar la actuación de los magistrados.

El escrito está dirigido a la Procuración General de la Corte provincial. Es el órgano que conduce a todos los fiscales y defensores oficiales bonaerenses. Y también tiene atribuciones para formular denuncias contra funcionarios y magistrados. Es decir, sostener los llamados "jury de enjuiciamiento", o juicio político.

Es el único camino para sancionar, destituir o remover a un juez, fiscal o camarista. El Procurador es Julio Conte Grand, designado en la gestión anterior (María Eugenia Vidal) y de relación tensa con el oficialismo.

Si llega hasta su oficina, la denuncia deberá decidir si la remite a un fiscal en turno o si decide iniciar un proceso para evaluar el desempeño de los jueces. Pero no le corresponde a ese organismo la eventual amonestación sobre los camaristas.

Existe otra posibilidad que los tres integrantes de la oposición no exploraron: es denunciar ante la subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte provincial. Ese ente interviene en asuntos referidos a delitos y faltas disciplinarias eventualmente cometidos por magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial.

Tiene facultades para hacer investigaciones administrativas. El escrito que se conoció este lunes no aborda esa variante.

"Venimos a solicitar se inicie una Instrucción Penal Preparatoria para investigar la posible comisión de delitos de acción pública de extrema gravedad que pueden estar sucediendo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y que compromete el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Lucha contra la Corrupción que nuestro país ha suscripto", sostiene la presentación.

En Tribunales explicaron a Clarín que ese tópico ya está en un proceso. Es el que abrió la causa "Chocolate" con la tarea de la fiscal Betina Lacki. Que ahora está congelado y a la espera de una apelación que presentaría el fiscal General, Héctor Vogliolo.

Pero -aclararon- "no se puede investigar dos veces, en dos instancias judiciales, un mismo caso".

Sí podría prosperar el otro pedido. Los dirigentes de Juntos por el Cambio quieren que se inicie un proceso de jury de enjuiciamiento contra los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo "por mal desempeño de sus funciones, o, en el extremo, si podrían haber incurrido en delitos en el cumplimiento de sus funciones, que habiliten promover la acción de remoción".

Podría tratarse -dicen los juristas- de un eventual caso de "prevaricato" (resolver en contra de lo que fijan las leyes) o de "abuso de poder". Pero también hay expertos que sostienen que se trata de una cuestión "jurisdiccional, no punitiva". O sea: es un tema de interpretación que está revisando la propia Justicia. Y no constituye un delito.

Ambos magistrados de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvieron declarar nulo el procedimiento policial que culminó con la detención de "Chocolate" y el polémico puntero recuperó la libertad. En contra de esa decisión votó el juez Fernando Mateo.

El escrito que se difundió hoy también incluye otras consideraciones más políticas que jurídicas: quieren que se revele la identidad de los que estarían detrás de la figura del puntero bonaerense.

"Creemos que resulta evidente que semejante cantidad de tarjetas para extraer dinero público en poder de una sola persona, demuestran que no actúa solo y que forma parte de un armado mayor de corrupción, de presta nombres, de padrinos políticos que se han organizaron para defraudar al Estado", expresan.

La denuncia realizada por los tres dirigentes de la oposición también apunta a que se investigue "la posible comisión de hechos ilícitos y fraudulentos en el manejo del dinero público".

"La intervención judicial es urgente, y no significa una intromisión de un poder sobre otro, porque más allá de este caso escandaloso que pone al descubierto posiblemente una matriz de corrupción que hay que desmantelar, hace años que varios escándalos vienen afectado la reputación de la Legislatura Bonaerense", indica el documento.

Finalmente, la denuncia expresa la necesidad de que haya una respuesta a la sociedad, con el objetivo de "ir hasta las últimas consecuencias para desmantelar los entramados de corrupción que degradan a nuestro sistema democrático y perjudican a nuestros ciudadanos".

En diálogo con Todo Noticias, López Murphy explicó los motivos que generaron la presentación ante la Justicia.

"Hicieron (los jueces) un acto que nosotros consideramos que se aparta de las normas jurídicas, que es liberar a 'Chocolate Rigau', devolverle las tarjetas y permitir que quede impune un hecho de tamaña corrupción", manifestó.

Al tiempo que denunció la existencia de "varios personajes" similares a este puntero, que despiertan la alarma por la corrupción en el Parlamento bonaerense.

"Le pedimos a la contaduría de la Provincia que ejerza el control interno de la Legislatura bonaerense para auditar contratos, gastos, otorgamiento de subsidios, para terminar con la corrupción abierta", agregó López Murphy..

Hasta la aparición de este documento con formato de denuncia, casi no hubo pronunciamientos sobre el escándalo en la Legislatura.

El gobernador Axel Kicillof aún no manifestó su opinión. Las autoridades de la cámara mantienen silencio. El fin de semana sólo se conocieron expresiones de rechazo del candidato a vicepresidente Florencio Randazzo y de Margarita Stolbizer. También hubo un pedido de ex legisladores y funcionarios radicales, entre los que figuraban Federico Storani. Exigieron un pronunciamiento oficial de la UCR bonaerense.