Denuncian un sugestivo cambio en Hotesur, la sociedad de la familia Kirchner
La ex Presidente advertirá ante el juez Ercolini que la sociedad de la familia Kirchner realizó una "asamblea ficticia" para modificar el directorio. Pedirá que la empresa sea intervenida.
Hotesur SA, la firma emblema de los negocios de los Kirchner, está hoy acéfala. A diferencia de años anteriores, y según consta en las últimas actas societarias, ningún miembro de la ex familia presidencial está "dispuesto" a asumir en el directorio de la empresa dueña del Hotel Alto Calafate, que está intervenida por la Justicia.
La asamblea de accionistas de Hotesur que se reunió el 20 de diciembre para aprobar los estados contables de la empresa tuvo un inconveniente extrajudicial: Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner) y Rocío García (esposa de Máximo Kirchner) renunciaron a la presidencia y a la vicepresidencia del directorio, respectivamente.
Al oficializar su "renuncia indeclinable", Mercado dejó plasmado en las actas societarias un severo cuestionamiento al cerco judicial y recordó que el juez Claudio Bonadio secuestró los libros de la empresa en 2014 en "un accionar intimidatorio". García también presentó su renuncia, pero buscó despegarse de los negocios de la empresa. "La directora manifiesta que no tuvo injerencia alguna en los actos societarios", consignaron las actas.
La asamblea, en tanto, se realizó en ausencia dos los accionistas de la empresa, Máximo y Florencia Kirchner, que enviaron como apoderado a Ricardo Nissen. Ese abogado consignó por escrito que sus representados no se encontraban "en condiciones de proponer a nuevos directores titulares y suplentes por no encontrar personas dispuestas a asumir dichos cargos, fundamentalmente por la persecución judicial y mediática de las que son víctimas personas vinculadas a la sociedad".
La asamblea fue atestiguada por dos inspectores de la IGJ, que informaron la peculiar situación al juez federal Julián Ercolini -que investiga los contratos de Lázaro Báez con el hotel Alto Calafate- para que evalúe el curso a seguir.
Hoy, Hotesur es una sombra de lo que supo ser durante el kirchnerismo. La empresa está intervenida por la Justicia, no puede cambiar su composición accionaria y tiene sobre sus hombros una veeduría de la AFIP.
La IGJ, en tanto, tiene a la empresa bajo fiscalización por la incorrecta presentación de balances y le emitió dos multas por $ 40.000.
Pedido de intervención
Ante la acefalía que reina en Hotesur, la ex diputada Margarita Stolbizer, amicus curiae en la causa penal, advirtió que pedirá que se designe "un interventor que cumpla las funciones de administrador". El juez federal Claudio Bonadio ya pidió nombrar a esa misma figura en la otra firma de los Kirchner, Los Sauces SA.
Stolbizer, con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez, denunciará, en tanto, nuevas irregularidades. Consignará que la asamblea se realizó en un lugar diferente a la sede social inscripta "tratándose del domicilio de Romina Mercado" y alertará que Hotesur destinó "a reserva facultativa" las ganancias del ejercicio. Para la diputada, esto "enmascara" un reparto de dividendos, algo que fue prohibido por Ercolini por considerar que los fondos manejados por la empresa serían de origen ilícito.
Por otro lado, denunciará que la empresa no cumplió con sus libros societarios. Hotesur le requirió a la IGJ nuevas rúbricas en diciembre de 2015, dado que los documentos originales fueron secuestrados en el marco de la causa que se tramita en Comodoro Py. El organismo de control le hizo una serie de observaciones, pero, según Stolbizer, "la sociedad nunca subsanó la vista de la IGJ y luego desistió de la rúbrica de los libros".
La asamblea de accionistas de Hotesur que se reunió el 20 de diciembre para aprobar los estados contables de la empresa tuvo un inconveniente extrajudicial: Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner) y Rocío García (esposa de Máximo Kirchner) renunciaron a la presidencia y a la vicepresidencia del directorio, respectivamente.
Al oficializar su "renuncia indeclinable", Mercado dejó plasmado en las actas societarias un severo cuestionamiento al cerco judicial y recordó que el juez Claudio Bonadio secuestró los libros de la empresa en 2014 en "un accionar intimidatorio". García también presentó su renuncia, pero buscó despegarse de los negocios de la empresa. "La directora manifiesta que no tuvo injerencia alguna en los actos societarios", consignaron las actas.
La asamblea, en tanto, se realizó en ausencia dos los accionistas de la empresa, Máximo y Florencia Kirchner, que enviaron como apoderado a Ricardo Nissen. Ese abogado consignó por escrito que sus representados no se encontraban "en condiciones de proponer a nuevos directores titulares y suplentes por no encontrar personas dispuestas a asumir dichos cargos, fundamentalmente por la persecución judicial y mediática de las que son víctimas personas vinculadas a la sociedad".
La asamblea fue atestiguada por dos inspectores de la IGJ, que informaron la peculiar situación al juez federal Julián Ercolini -que investiga los contratos de Lázaro Báez con el hotel Alto Calafate- para que evalúe el curso a seguir.
Hoy, Hotesur es una sombra de lo que supo ser durante el kirchnerismo. La empresa está intervenida por la Justicia, no puede cambiar su composición accionaria y tiene sobre sus hombros una veeduría de la AFIP.
La IGJ, en tanto, tiene a la empresa bajo fiscalización por la incorrecta presentación de balances y le emitió dos multas por $ 40.000.
Pedido de intervención
Ante la acefalía que reina en Hotesur, la ex diputada Margarita Stolbizer, amicus curiae en la causa penal, advirtió que pedirá que se designe "un interventor que cumpla las funciones de administrador". El juez federal Claudio Bonadio ya pidió nombrar a esa misma figura en la otra firma de los Kirchner, Los Sauces SA.
Stolbizer, con el patrocinio de la abogada Silvina Martínez, denunciará, en tanto, nuevas irregularidades. Consignará que la asamblea se realizó en un lugar diferente a la sede social inscripta "tratándose del domicilio de Romina Mercado" y alertará que Hotesur destinó "a reserva facultativa" las ganancias del ejercicio. Para la diputada, esto "enmascara" un reparto de dividendos, algo que fue prohibido por Ercolini por considerar que los fondos manejados por la empresa serían de origen ilícito.
Por otro lado, denunciará que la empresa no cumplió con sus libros societarios. Hotesur le requirió a la IGJ nuevas rúbricas en diciembre de 2015, dado que los documentos originales fueron secuestrados en el marco de la causa que se tramita en Comodoro Py. El organismo de control le hizo una serie de observaciones, pero, según Stolbizer, "la sociedad nunca subsanó la vista de la IGJ y luego desistió de la rúbrica de los libros".