Democracia para ser elegidos y para gobernar
*Por José Miguel Insulza. Este 11 de septiembre la Carta Democrática Interamericana celebra su décimo aniversario. Muchas cosas han pasado desde el día en que, reunidos en la Asamblea General Extraordinaria de Lima, Perú, los cancilleres de los 34 países miembros de la OEA dieron su aprobación unánime a este documento fundamental de nuestra política hemisférica .
Pero un hecho central destaca del conjunto: desde entonces, la gobernabilidad democrática, su defensa y promoción, no ha perdido una sola batalla de las muchas que ha debido enfrentar, aunque algunas han sido difíciles y prolongadas. El episodio más reciente, ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009, ha sido superado en la última Asamblea General de la OEA en San Salvador, con el pleno restablecimiento de la institucionalidad y la consiguiente reincorporación de Honduras al principal foro regional.
La democracia en América latina y el Caribe es hoy más sólida y consistente que hace diez años . Hay más democracia en nuestros países que en ningún otro momento de su historia. Los ciudadanos de las Américas valoran la democracia por sobre cualquier otra modalidad de gobierno, haciendo de ella un rasgo de identidad permanente, y también nuestros gobernantes comprenden que su acceso al poder debe regirse por las normas y preceptos que la democracia establece. En todos nuestros países miembros se celebran hoy procesos electorales libres, secretos e informados con una regularidad impensable hace tan sólo dos décadas atrás.
La Carta logró plasmar en su texto una definición amplia de democracia. Presenta una serie de elementos esenciales de la democracia representativa basada en la participación activa de la ciudadanía y trasciende la idea de democracia electoral, incorporando no sólo el origen democrático del poder, sino también su ejercicio.
Democracia no sólo significa ser elegido democráticamente, sino también gobernar democráticamente.
La Carta establece, además, una visión integral de la democracia promoviendo tanto la construcción de ciudadanía como la vigencia plena del Estado de derecho. El respeto a los derechos humanos, la defensa de las libertades ciudadanas y de la libertad de expresión, la separación de poderes entre los órganos del Estado, el pluralismo y el fortalecimiento de los partidos políticos, la igualdad de género, la no discriminación y el respeto a las minorías, la transparencia y el buen gobierno, son parte esencial de su identidad. Alcanzar plenamente todos estos valores será siempre una tarea incompleta, porque la Carta está concebida justamente como un programa democrático al que nuestras repúblicas aspiran como ideal.
Lo interesante es que al mismo tiempo establece mecanismos de acción conjunta para ir en defensa de la democracia cuando ese programa es defraudado de manera ostensible.
La Carta, entonces, y esta es una de sus virtudes mayores, es no sólo un derrotero político consensualmente aceptado sino también un compromiso de acción conjunta en defensa y promoción de la democracia. En los últimos años la efectividad de la Carta ha sido probada de manera exitosa en al menos seis oportunidades donde crisis internas que reclamaron la atención de la Carta fueron resueltas sin transgredir el principio de no intervención que sustenta el accionar de la OEA.