Demasiadas pruebas acorralan a Boudou
*Por Joaquín Morales Solá. Sólo quemando las pruebas que ya hay se podría cerrar la causa que investiga a Boudou. La frase, lapidaria y concluyente
pertenece a un funcionario judicial que investiga al vicepresidente. Los papeles están. Un grupo de chambones dejó sus huellas a lo largo de toda la operación para apropiarse de la ex Ciccone.
El nuevo juez de la causa, Ariel Lijo, ya no podría hacer mucho si quisiera salvar al vicepresidente. Sólo le queda la administración de los tiempos. Su margen se agota en acelerar o frenar. El nudo central de la cuestión era probar la relación entre Boudou y el presidente de la imprenta de billetes, Alejandro Vandenbroele. Los dos han negado siempre que se conocieran. La relación está ahora probada en la Justicia.
No es sólo la voluntad de Lijo la que intercede en la causa. Varios jueces federales (Lijo está entre ellos) suelen frecuentar a miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Corte viene pidiendo a los jueces federales "imparcialidad". Es decir, que no se dejen llevar por las presiones políticas que el Gobierno aplica con buenas y con malas artes en la Justicia. El anterior juez de la causa, Daniel Rafecas, también fue un interlocutor de los máximos jueces del país. Quizá por eso hubo dos Rafecas: el primero, que le daba consejos a la defensa de un sospechoso, y el último, que ordenó gran parte de las medidas probatorias que acorralan al vicepresidente.
La mayoría de los jueces de todas las instancias está fatigada por lo que llama la "era del terror". El fastidio llego a la propia Corte porque sus sentencias no se cumplen ni siquiera en los casos de los jubilados. El "terror" se extiende con otras amenazas: el Gobierno prometió que les sacará a los jueces el 82 por ciento móvil de las jubilaciones y que los hará pagar el impuesto a las ganancias.
El kirchnerismo considera jubilaciones de privilegio lo que debería ser un sistema universal de jubilaciones. Los jueces no pagan impuestos a las ganancias porque están obligados a vivir sólo de lo que ganan como magistrados (cuando son honestos). Es lo que garantizaría su independencia. La Corte percibió ya ese clima de temor y enojo entre jueces de instancias inferiores. Hay otra deducción que no se dice: el máximo tribunal del país no puede hacerse cargo, solo, de ponerle límites a un gobierno que va por todo.
El Gobierno no le perdonó a Rafecas su giro en el aire. Rafecas fue fusilado por el kirchnerismo , dijeron importantes fuentes judiciales. Rafecas estaba ideológicamente más cerca del Gobierno que Lijo, que viene de una familia peronista ortodoxa del conurbano bonaerense. Lijo lo apartó al fiscal Carlos Rívolo, que fue quien juntó todas las constataciones que hay, pero no modificó el respeto que siente por el fiscal caído. El propio Rívolo deslizó, en público y en privado, palabras de comprensión hacia Lijo. No tenía otra alternativa que hacer lo que hizo , suele repetir. El juez estaba bajo presión política, por un lado, pero también existía una resolución de la Cámara Federal más cercana al oficialismo, que ya había cuestionado a Rívolo sin que nadie le pidiera su opinión.
¿Te puedo dar un consejo? , le preguntó a Lijo un viejo amigo con el que se cruzó. Sí , le respondió el juez. No te incineres por esta causa, a pesar de las presiones. No vale tanto , le señaló. No lo haré , le contestó, seguro, el juez. El amigo le estaba dando el mismo consejo que Lijo recibió de jueces de la Corte Suprema: ocultar arbitrariamente los presuntos delitos de funcionarios podría arrastrar su prestigio y su carrera como magistrado. Podría hundir también el prestigio de toda la Justicia.
El Gobierno temía una sola cosa de la continuidad de Rívolo y era que éste terminará pidiendo en un plazo breve la declaración indagatoria del vicepresidente. La citación a indagatoria lo colocaría a Boudou en las puertas del procesamiento. La Justicia puede llegar hasta ahí, que ya sería ir muy lejos, porque más allá está la prisión. Los fueros protegen al vicepresidente de la cárcel. Boudou no corre el riesgo de la prisión, sino de convertirse en el ojo del huracán de un monumental escándalo político.
¿Se equivocaba el Gobierno con aquel temor sobre Rívolo? Dicen que no. El fiscal ya había empezado a garabatear los primeros borradores del pedido para que lo citaran a indagatoria. Rívolo es reconocido como un experto técnico de la Justicia y como un hombre honesto. Es improbable, por lo tanto, que haya iniciado esos bosquejos sin contar con elementos suficientes. Los tenía. Son los mismos que ahora están en la causa que controla Lijo. ¿Se incineraría Lijo sepultando el peso de esas pruebas? Hay que remitirse a aquella respuesta a un amigo: No lo haré .
¿Qué pruebas hay? Boudou dice que no lo conocía a Vandenbroele, pero éste pagó expensas, servicio de televisión por cable y teléfono fijo del departamento de Boudou. El departamento estaba alquilado a nombre de una persona que no vive en el país. Boudou debió hacer un trámite personal ante Telefónica para colocar su teléfono fijo a nombre de Vandenbroele. Así es el reglamento. ¿Y, sin embargo, no lo conocía?
La empresa controlante de Ciccone, la enigmática The Old Fund, pagó decenas de pasajes aéreos a amigos y familiares de Boudou, decidido a darse todos los gustos en vida. El resto de los argentinos no sabe de quién es The Old Fund ni quién está manejando la fabricación de los pesos. ¿Cómo pedirles después a los argentinos que confíen en su moneda nacional? ¿Cómo reclamarles porque se refugian en el dólar?
¿Cómo es Boudou? , le preguntó un antiguo peronista a un senador con muchos años de senador y de justicialista, convertido ahora al kirchnerismo. Es todo lo que a vos y a mí no nos gusta de la política , le respondió el senador, seco y sugerente.
El nuevo fiscal, Jorge Di Lello, es otro peronista orgánico, capaz de mirar para otro lado cuando advierte una travesura en la administración de los fondos de una campaña electoral de su partido. Los que lo conocen aseguran que nadie le puede pedir mucho más que eso. Tiene fama de hombre austero. De todos modos, ya hizo su aporte a la desgracia de Boudou: lo acusó de un delito más grave que el que tramitaba Rívolo. Di Lello lo acusó de enriquecimiento ilícito, mientras Rívolo lo investigaba por tráfico de influencias.
El diablo se esconde en los detalles. Di Lello abrió una causa nueva contra Boudou, pero el juez Lijo terminó pidiendo más pruebas que las requeridas por el propio Di Lello, como la apertura del secreto bancario para las cuentas del vicepresidente y de los otros imputados. En las dos causas unificadas ahora será Lijo quien llevará adelante la investigación y no Di Lello. En la etapa anterior era el fiscal Rivolo, por delegación de Rafecas, quien estaba a cargo de la investigación. Lijo validó, además, todas las pruebas reunidas por Rívolo.
El Gobierno tiene todavía un reaseguro: la Cámara Federal, integrada por los jueces Ballesteros, Farah y Freiler, que es la instancia que revisará las decisiones de Lijo. Aquella Cámara fue siempre proclive a conformar al Gobierno. Es la misma Cámara que confirmó el procesamiento de Mauricio Macri por el caso de las escuchas telefónicas. La única conexión real de Macri con esa causa consiste en que estaba intervenido el teléfono de su cuñado, aunque su padre certificó ante la Justicia que él había pedido ese seguimiento.
El otro elemento fuerte de la causa es la intervención del teléfono de Sergio Burstein, dirigente de los familiares del atentado a la AMIA, pero eso forma parte de una vieja pelea de éste con el entonces jefe de la Policía Metropolitana, el comisario Jorge "Fino" Palacios. La designación de Palacios fue un error político de Macri, pero eso no es territorio de los jueces.
El caso que compromete a Macri, a quien el infaltable juez Oyarbide podría mandar a juicio oral, no carece de hipocresía. Cualquier escucha telefónica es condenable. Pero ¿dónde está la novedad? Hasta funcionarios y legisladores oficialistas están seguros de que sus teléfonos son intervenidos por los servicios de inteligencia del gobierno nacional. Las escuchas forman parte de la vida de dirigentes opositores y de periodistas. En la causa contra Macri no hay sindicalistas ni empresarios ni políticos opositores ni periodistas.
Nunca, como ahora, la Justicia estuvo tan impregnada por los servicios de inteligencia. Esa es una aseveración que se escucha en la cumbre y en el llano de los tribunales. Funcionarios judiciales que trabajan en el caso Boudou fueron víctimas de detestables operaciones de espionaje. Esa es otra prueba de "la era del terror" que se abatió sobre los jueces.
Todo forma parte de lo mismo. El esfuerzo del Gobierno para salvar al vicepresidente es conmovedor. El propio Boudou, su ligereza y sus huellas, impiden su salvación.
El nuevo juez de la causa, Ariel Lijo, ya no podría hacer mucho si quisiera salvar al vicepresidente. Sólo le queda la administración de los tiempos. Su margen se agota en acelerar o frenar. El nudo central de la cuestión era probar la relación entre Boudou y el presidente de la imprenta de billetes, Alejandro Vandenbroele. Los dos han negado siempre que se conocieran. La relación está ahora probada en la Justicia.
No es sólo la voluntad de Lijo la que intercede en la causa. Varios jueces federales (Lijo está entre ellos) suelen frecuentar a miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Corte viene pidiendo a los jueces federales "imparcialidad". Es decir, que no se dejen llevar por las presiones políticas que el Gobierno aplica con buenas y con malas artes en la Justicia. El anterior juez de la causa, Daniel Rafecas, también fue un interlocutor de los máximos jueces del país. Quizá por eso hubo dos Rafecas: el primero, que le daba consejos a la defensa de un sospechoso, y el último, que ordenó gran parte de las medidas probatorias que acorralan al vicepresidente.
La mayoría de los jueces de todas las instancias está fatigada por lo que llama la "era del terror". El fastidio llego a la propia Corte porque sus sentencias no se cumplen ni siquiera en los casos de los jubilados. El "terror" se extiende con otras amenazas: el Gobierno prometió que les sacará a los jueces el 82 por ciento móvil de las jubilaciones y que los hará pagar el impuesto a las ganancias.
El kirchnerismo considera jubilaciones de privilegio lo que debería ser un sistema universal de jubilaciones. Los jueces no pagan impuestos a las ganancias porque están obligados a vivir sólo de lo que ganan como magistrados (cuando son honestos). Es lo que garantizaría su independencia. La Corte percibió ya ese clima de temor y enojo entre jueces de instancias inferiores. Hay otra deducción que no se dice: el máximo tribunal del país no puede hacerse cargo, solo, de ponerle límites a un gobierno que va por todo.
El Gobierno no le perdonó a Rafecas su giro en el aire. Rafecas fue fusilado por el kirchnerismo , dijeron importantes fuentes judiciales. Rafecas estaba ideológicamente más cerca del Gobierno que Lijo, que viene de una familia peronista ortodoxa del conurbano bonaerense. Lijo lo apartó al fiscal Carlos Rívolo, que fue quien juntó todas las constataciones que hay, pero no modificó el respeto que siente por el fiscal caído. El propio Rívolo deslizó, en público y en privado, palabras de comprensión hacia Lijo. No tenía otra alternativa que hacer lo que hizo , suele repetir. El juez estaba bajo presión política, por un lado, pero también existía una resolución de la Cámara Federal más cercana al oficialismo, que ya había cuestionado a Rívolo sin que nadie le pidiera su opinión.
¿Te puedo dar un consejo? , le preguntó a Lijo un viejo amigo con el que se cruzó. Sí , le respondió el juez. No te incineres por esta causa, a pesar de las presiones. No vale tanto , le señaló. No lo haré , le contestó, seguro, el juez. El amigo le estaba dando el mismo consejo que Lijo recibió de jueces de la Corte Suprema: ocultar arbitrariamente los presuntos delitos de funcionarios podría arrastrar su prestigio y su carrera como magistrado. Podría hundir también el prestigio de toda la Justicia.
El Gobierno temía una sola cosa de la continuidad de Rívolo y era que éste terminará pidiendo en un plazo breve la declaración indagatoria del vicepresidente. La citación a indagatoria lo colocaría a Boudou en las puertas del procesamiento. La Justicia puede llegar hasta ahí, que ya sería ir muy lejos, porque más allá está la prisión. Los fueros protegen al vicepresidente de la cárcel. Boudou no corre el riesgo de la prisión, sino de convertirse en el ojo del huracán de un monumental escándalo político.
¿Se equivocaba el Gobierno con aquel temor sobre Rívolo? Dicen que no. El fiscal ya había empezado a garabatear los primeros borradores del pedido para que lo citaran a indagatoria. Rívolo es reconocido como un experto técnico de la Justicia y como un hombre honesto. Es improbable, por lo tanto, que haya iniciado esos bosquejos sin contar con elementos suficientes. Los tenía. Son los mismos que ahora están en la causa que controla Lijo. ¿Se incineraría Lijo sepultando el peso de esas pruebas? Hay que remitirse a aquella respuesta a un amigo: No lo haré .
¿Qué pruebas hay? Boudou dice que no lo conocía a Vandenbroele, pero éste pagó expensas, servicio de televisión por cable y teléfono fijo del departamento de Boudou. El departamento estaba alquilado a nombre de una persona que no vive en el país. Boudou debió hacer un trámite personal ante Telefónica para colocar su teléfono fijo a nombre de Vandenbroele. Así es el reglamento. ¿Y, sin embargo, no lo conocía?
La empresa controlante de Ciccone, la enigmática The Old Fund, pagó decenas de pasajes aéreos a amigos y familiares de Boudou, decidido a darse todos los gustos en vida. El resto de los argentinos no sabe de quién es The Old Fund ni quién está manejando la fabricación de los pesos. ¿Cómo pedirles después a los argentinos que confíen en su moneda nacional? ¿Cómo reclamarles porque se refugian en el dólar?
¿Cómo es Boudou? , le preguntó un antiguo peronista a un senador con muchos años de senador y de justicialista, convertido ahora al kirchnerismo. Es todo lo que a vos y a mí no nos gusta de la política , le respondió el senador, seco y sugerente.
El nuevo fiscal, Jorge Di Lello, es otro peronista orgánico, capaz de mirar para otro lado cuando advierte una travesura en la administración de los fondos de una campaña electoral de su partido. Los que lo conocen aseguran que nadie le puede pedir mucho más que eso. Tiene fama de hombre austero. De todos modos, ya hizo su aporte a la desgracia de Boudou: lo acusó de un delito más grave que el que tramitaba Rívolo. Di Lello lo acusó de enriquecimiento ilícito, mientras Rívolo lo investigaba por tráfico de influencias.
El diablo se esconde en los detalles. Di Lello abrió una causa nueva contra Boudou, pero el juez Lijo terminó pidiendo más pruebas que las requeridas por el propio Di Lello, como la apertura del secreto bancario para las cuentas del vicepresidente y de los otros imputados. En las dos causas unificadas ahora será Lijo quien llevará adelante la investigación y no Di Lello. En la etapa anterior era el fiscal Rivolo, por delegación de Rafecas, quien estaba a cargo de la investigación. Lijo validó, además, todas las pruebas reunidas por Rívolo.
El Gobierno tiene todavía un reaseguro: la Cámara Federal, integrada por los jueces Ballesteros, Farah y Freiler, que es la instancia que revisará las decisiones de Lijo. Aquella Cámara fue siempre proclive a conformar al Gobierno. Es la misma Cámara que confirmó el procesamiento de Mauricio Macri por el caso de las escuchas telefónicas. La única conexión real de Macri con esa causa consiste en que estaba intervenido el teléfono de su cuñado, aunque su padre certificó ante la Justicia que él había pedido ese seguimiento.
El otro elemento fuerte de la causa es la intervención del teléfono de Sergio Burstein, dirigente de los familiares del atentado a la AMIA, pero eso forma parte de una vieja pelea de éste con el entonces jefe de la Policía Metropolitana, el comisario Jorge "Fino" Palacios. La designación de Palacios fue un error político de Macri, pero eso no es territorio de los jueces.
El caso que compromete a Macri, a quien el infaltable juez Oyarbide podría mandar a juicio oral, no carece de hipocresía. Cualquier escucha telefónica es condenable. Pero ¿dónde está la novedad? Hasta funcionarios y legisladores oficialistas están seguros de que sus teléfonos son intervenidos por los servicios de inteligencia del gobierno nacional. Las escuchas forman parte de la vida de dirigentes opositores y de periodistas. En la causa contra Macri no hay sindicalistas ni empresarios ni políticos opositores ni periodistas.
Nunca, como ahora, la Justicia estuvo tan impregnada por los servicios de inteligencia. Esa es una aseveración que se escucha en la cumbre y en el llano de los tribunales. Funcionarios judiciales que trabajan en el caso Boudou fueron víctimas de detestables operaciones de espionaje. Esa es otra prueba de "la era del terror" que se abatió sobre los jueces.
Todo forma parte de lo mismo. El esfuerzo del Gobierno para salvar al vicepresidente es conmovedor. El propio Boudou, su ligereza y sus huellas, impiden su salvación.