Del agua de Mendoza al del Riachuelo: las cuestiones ambientales le importan muy poco a la política
A la hora de obtener recursos, los gobernantes solo dan marcha atrás si sus decisiones tienen costos políticos.
Finalmente, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decidió no reglamentar la polémica ley provincial 9209 (que modificaba a la actual 7722), que no hacía otra cosa que habilitar la megaminería, con el permiso de utilizar sustancias altamente contaminantes como el cianuro.
La decisión de dar marcha atrás se debió a la presión que hicieron las miles de personas que se manifestaron en las plazas de las principales ciudades de Mendoza, con epicentro en la capital provincial, donde la gobernación respondió con represión y violencia.
A pesar de los graves incidentes, el anuncio de Suárez sobre la no reglamentación de la ley -que fue votada en la legislatura- se sintió como un verdadero triunfo de la manifestación popular. Pero quedó bien en claro que las cuestiones ambientales importan poco y nada a los dirigentes de la clase política, que priorizan la obtención de fondos a partir de la actividad extractiva de la naturaleza, aún a costa de contaminar un recurso como el agua, vital para millones de personas, incluso de otras provincias.
Pero la victoria no es completa. Lo que hizo el gobernador fue tan solo no reglamentarla. El proyecto está, y puede ser promulgado en cualquier momento en el futuro, y hasta las mineras pueden ampararse en que la ley no fue vetada. Los manifestantes piden la derogación. Es que saben que Suárez apoya la megaminería, y que tan solo reculó en su decisión por el posible costo político de seguir adelante.
Pero la indiferencia que muestran los políticos para con el ambiente no es una característica distintiva de Mendoza: en todo el país suceden situaciones idénticas. Podemos repasar así, por ejemplo, en las diferentes denuncias por la utilización de glifosato, en especial en la Pampa húmeda.
Pero la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de medio ambiente y corrupción política es el Riachuelo. Esa masa de agua oscura, con playas de tierra negra, tristemente reconocida por ser una de las cuencas hídricas más contaminadas del mundo, afecta la salud con grandes enfermedades a miles de personas que viven a sus orillas y por encima de sus napas.
El plan de los mil días para sanearlo de María Julia Alsogaray quedó en la nada. Pasaron más de mil semanas y los avances son mínimos. Luego de las denuncias de corrupción contra la ex Secretaria de Ambiente en la época menemista, la tarea de limpiar el Riachuelo se paralizó. Hasta que en 2006 la Justicia instó en continuar con el saneamiento, pero la entidad responsable, la ACUMAR, no hizo mucho.
Muchos vecinos tienen el deseo de que el Riachuelo pueda albergar la práctica de muchos deportes acuáticos o incluso que pueda utilizarse para navegación y transporte. O al menos para el mero disfrute. Pero hoy eso es una utopía: es una corriente de agua sucia, con poco oxígeno para albergar vida animal y vegetal, producto de ser por años la cloaca de las viviendas y las fábricas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. A eso hay que sumarle el olor pestilente que frecuentemente se adueña del aire de la zona.
En general, sea Mendoza o un río a minutos de la Casa Rosada, la cuestión medioambiental no es un tema de agenda dentro de la opinión pública ni de la política, a pesar de que haya millones de afectados a lo ancho y a lo largo del país. Muestra de ello es que el ministerio de Ambiente se haya degradado a secretaría sin repercusión alguna en la sociedad y que incluso sea encabezado por ministros poco capacitados o con nula experiencia en la cuestión.
"Hay situaciones en las que el agua tiene un lugar muy importante. Por supuesto que la competencia nacional está sobre el agua. Por eso, nosotros vamos a bregar por el cuidado y la protección del agua", dijo Juan Cabandié, el flamante ministro de Ambiente de la gestión de Alberto Fernández, sobre Mendoza. Esperemos que también ponga su foco de trabajo en el Riachuelo.
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