Definiciones en la causa de los medicamentos

En tanto, en el expediente principal la Sala II de la Cámara Federal convocó para mañana a una audiencia por el recurso de apelación presentado por las defensas del dirigente gremial bancario Zanola, de su esposa Paula Aballay y de Susana Fionna, contra la decisión del juez federal Norberto Oyarbide, quien les negó la excarcelación el 23 de diciembre último.

En sendas resoluciones dictadas el 19 de enero último, la misma Sala concedió el "recurso de casación" interpuesto por las defensas de Ricardo Bruno, Fabio Ferreira y Vanina Postigo, quienes aparecen vinculados a la droguería Arcasel.

En esos fallos, de escasas dos carillas cada uno, los camaristas Horacio Cattani, Martín Iruzun y Eduardo Farah afirmaron que "no está el discusión el carácter de sentencia equiparable a definitiva" que tienen las decisiones judiciales que afectan la libertad.

Las resoluciones que "restringen la libertad del imputado con anterioridad al fallo final" pueden "ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior", afirmaron los magistrados citando sentencias de la Corte Suprema de Justicia que, en esos casos, habilita la vía recursiva.

Los tres fueron procesados por el juez Oyarbide, quien les imputó la presunta venta de medicamentos adulterados y lo ratificó la Cámara al afirmar que se habría detectado "la existencia de una asociación ilícita integrada por diferentes personas que se dedicarían a la venta irregular de medicamentos -vencidos, adulterados, sin troqueles, sin cadena de frío, robados y/o hurtados o desviados de su curso de entrega gratuita-".

Al ratificar sus prisiones preventivas, los mismos jueces que ahora les concedieron los recursos de casación planteados afirmaron que "a tenor del resultado que arrojaron los múltiples allanamientos practicados y las numerosas transcripciones de las escuchas telefónicas producidas en autos, existen pendientes gran cantidad de diligencias orientadas".

Como esas diligencias podrían "esclarecer tanto el inicio de la cadena ilícita de comercialización de los medicamentos como así también a individualizar a otras personas que se hallarían vinculadas a los sucesos investigados", los camaristas entendieron que si se les concedía la libertad podrían "entorpecer las investigaciones".