Defender lo de uno

Es envidiable la capacidad operativa de los mendocinos en la defensa de sus intereses.
Mendoza sostiene desde siempre una posición contraria al régimen de Promoción Industrial que beneficia a Catamarca. Esta política es, en realidad, parte de su estrategia para obtener sistemas promocionales para ella. No se trata de la actitud del perro del hortelano, que pretende negar a los demás lo que no tiene para sí, sino de un objetivo que la provincia cuyana viene persiguiendo más allá del color partidario de quien la gobierne. No les interesa a los mendocinos que Catamarca o cualquier provincia goce de sistemas tendientes a morigerar desventajas comparativas de mercado, en tanto ellos también liguen lo que estiman que les corresponde.

En ese marco se inscriben las polémicas declaraciones en contra de la Promoción Industrial del candidato a Presidente de la UCR Ricardo Alfonsín.

Apenas el hombre pisó suelo mendocino, los dirigentes de su partido lo metieron en una reunión con 50 empresarios en el Hotel Sheraton, donde le arrancaron las manifestaciones que tantos dolores de cabeza produjeron en los radicales de Catamarca.

En rigor, Alfonsín expresó que el régimen de Promoción Industrial es injusto porque sólo beneficia a cuatro provincias argentinas: Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. A su criterio, deberían instrumentarse sistemas promocionales más inclusivos. Que es lo que Mendoza quiere.

Estas declaraciones repercutieron fuerte en Catamarca. El justicialismo las aprovechó para fustigar al candidato opositor y el radicalismo intentó justificarlas.

Improvisación e internas

Algunos de los argumentos ensayados por voceros de la UCR catamarqueña revelaron un alto grado de improvisación política. El presidente del bloque de diputados del FCS, Julio Salerno, dijo por ejemplo que Alfonsín opinó como opinó porque quería quedar bien con Mendoza, distrito que es electoralmente mucho más relevante que Catamarca. Y que además, el candidato seguramente desconocía la problemática a que se estaba refiriendo y sería necesario desburrarlo al respecto.

Luego, el senador nacional Oscar Castillo consideró también que Alfonsín "pecó por ignorancia", sin privarse de meter mechas a las internas radicales, diciendo que no sabe si lo apoyará en las presidenciales y sugiriendo, con alguna maldad, que el auditor de la Nación Horacio Pernasetti podría asesorar al candidato para que no incurra en despropósitos.

Pernasetti, a su turno, encuadró las declaraciones de Alfonsín, quien no estaría en contra de los beneficios fabriles, sino de un decreto del Gobierno al que el auditor calificó como "mamarracho". Anticipó Pernasetti que la UCR provincial exigirá a Alfonsín que siente una posición clara sobre el particular.

Es notorio cómo una cuestión en la que teóricamente todos los dirigentes catamarqueños están de acuerdo, como es la de la aplicación de políticas promocionales para la provincia, deriva en discusiones que exhiben diferencias personales y menores. ¿Qué necesidad tenía Castillo de tirarle la bronca a Pernasetti? En cualquier caso, no interesa quién asesore a Alfonsín, ni por qué Alfonsín dijo lo que dijo, sino que el Estado catamarqueño y todos los actores productivos asuman una posición y la defiendan en los ámbitos que correspondan.
En nítido contraste, los mendocinos embretan a Alfonsín y obtienen una definición que, al margen de la que implique específicamente para Catamarca, significa un compromiso con la postura que el Estado de Mendoza y los sectores productivos de esa provincia viene planteando en forma invariable desde hace años. Ayer llegó allí el candidato a vicepresidente de Cristina Fernández, el ministro de Economía Amado Boudou, y también fue interrogado acerca de las políticas promocionales y la posibilidad de extenderlas.

Diferencias abismales

La limitada visión de la dirigencia local -hay excepciones, por supuesto- queda expuesta con toda crudeza en la comparación con Mendoza. Lamentablemente, la miopía vernácula es inocultable.

Otro acontecimiento vino a demostrarla, ya sin necesidad de odiosas confrontaciones interprovinciales.

Un grupo de cosecheros de olivo reclama, con manifestaciones callejeras incluidas, el pago de dos quincenas que les adeudan. El representante de las firmas deudoras aseguró que se les pagará, pero explicó que la actividad olivícola es, en las condiciones actuales, económicamente insostenible.

La agonía del sector olivícola se extiende desde hace por lo menos cuatro años. Caída de los precios internacionales, condiciones climáticas desfavorables, incremento del costo de los insumos se combinan en contra de la actividad. La crisis no es, de tal modo, una novedad. Sobre ella se ha informado con largueza y en cada cosecha se instala en la agenda de debate.
La falta de pago a los cosecheros es producto de ella, aunque algunos abjuren de sus responsabilidades y recurran al demagógico argumento de la crueldad mefistofélica de los productores que se niegan a pagar.

Pero la crisis no obedece a características psicoló

gicas de los productores, sino a deficiencias estructurales de la política olivícola sobre las que ninguno de los sujetos del sector puede alegar inocencia.

El Estado no instrumentó mecanismos para preservar la actividad en la coyuntura adversa, los sindicatos sólo se preocupan por recaudar y exigen condiciones imposibles de cumplir, los productores no supieron acordar entre ellos ni diseñar estrategias para involucrar a la sociedad en la pelea, la burocracia no genera soluciones sino que las obstaculiza, la política en general no incorpora la cuestión en su agenda, más preocupada por disputar tajadas presupuestarias para designaciones y clientelismo.

El resultado era obvio: la olivicultura es ahora inviable. Los productores se van, muchos optaron por no cosechar, otros pagaron la cosecha a pérdida y otros cosecharon y ahora están viendo cómo hacen para pagarles a los cosecheros.

Mientras tanto, se descubrió que gran parte de la asistencia financiera de la Nación a los productores no se ha liquidado por desidia o mera incompetencia de los intendentes a través de los cuales debía canalizarse. Algunos todavía no han recibido la partida que les correspondía, otros la recibieron y no la liquidaron. Injustificable: el intendente de Pomán pagó ya todo. ¿Cómo es que él pudo y el resto no?

La única conclusión posible es que a nadie le interesa el destino de la olivicultura. Para el año es probable que no haya más problemas con los cosecheros, porque no se cosechará. La promisoria olivicultura catamarqueña habrá muerto, abandonada.
¿Algún candidato de los que ahora agobian tiene el tema entre sus propuestas legislativas? ¿Alguno se lo habrá planteado a sus candidatos presidenciales?

Porque en otras provincias, como Mendoza, se preocupan por defender lo suyo y presionar donde haga falta. Si es preciso, se juntan políticos, empresarios, sindicalistas y fuerzas vivas para la pechadera. Claro que es gente enemiga de Catamarca; gente que le quiere arrebatar la Promoción Industrial y acaso también esté detrás de la crisis olivícola. Pobre provincia ésta, con tantos conspiradores en su contra.

Es notorio cómo una cuestión en la que teóricamente todos los dirigentes catamarqueños están de acuerdo, como es la de la aplicación de políticas promocionales para la provincia, deriva en discusiones que exhiben diferencias personales y menores.