Deconstruir a la clase política es comenzar a desprenderla de sus privilegios

Hablar de los privilegios en la política no es algo nuevo, de hecho, es tan viejo como la creación o el reconocimiento de la clase política como algo prácticamente distinto de la sociedad. Esa clase, es transversal a todos los poderes del estado, y estos privilegios, no hacen más que alejar a los funcionarios del día a día del ciudadano de a pie, una distancia entre unos y otros que en realidad, no debería existir. 

El pueblo no necesita gestos de los políticos, necesita hechos concretos Existen diversas aristas que afrontar a la hora de discutir los beneficios de los políticos, desde los importantes salarios, pasando por determinados recursos materiales según las funciones, hasta las jubilaciones de privilegio. El punto crítico de la discusión parece encontrarse en la comparación de las condiciones con otros trabajadores del sector público, porque al fin y al cabo, el cargo del político no es más que eso, un servidor público más. Cuánto es lo razonable y proporcional en términos de recursos, en qué momento se convierten en un beneficio especial, cuándo representan una brecha de desigualdad respecto de los demás trabajadores públicos. La sociedad en general reclama al mundo de la política un sin número de demandas que incluyen incumplimientos de gestión, fuertes diferencias económicas, falta de contacto directo, y una burocratización sin sentido en un mundo donde la tecnología ya permite repensar muchas de las herramientas que vinculan al estado y la política con la gente. 

Eliminar las jubilaciones de privilegio es solo el inicio para volver a acercar a la clase política con la gente. El 2020 comenzó en el Congreso de la Nación con el debate y posterior sanción de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública”. Durante su tratamiento, surgió el reclamo por la evidente contradicción entre lo declarado y lo propuesto, entre esas contradicciones, el sostenimiento de las llamadas jubilaciones de privilegio. Es decir, la ley propone “la solidaridad” del esfuerzo colectivo, pero se mantienen beneficios especiales para unos pocos, y que debe soportar económicamente la sociedad en su conjunto. 

Por ello, en consonancia con múltiples antecedentes que se proyectaron en este sentido, y con lo expresado por el propio presidente Alberto Fernández, surge desde el interbloque de Juntos Por el Cambio, el proyecto de “Equidad jubilatoria”. En concreto, el proyecto busca derogar las leyes 22.731 y 24.018 que habilitan hoy estas jubilaciones de privilegio para funcionarios de los tres poderes del Estado, tales como jueces, presidente y vice, legisladores, ministros, secretarios, intendentes, concejales, etc. El objetivo es claro, apuntalar el principio de igualdad y equidad en el sistema de jubilaciones y pensiones. 

El desafío de “la nueva política” consiste en establecer nuevos parámetros de “lo normal”.

Restablecer el vínculo entre el ciudadano y el político requiere no solo medidas que acorten la brecha desde lo económico, exige no perder la capacidad de integrarse constantemente en el territorio que se recorrió durante una campaña electoral. Los cargos electivos siempre tienen como antesala un fuerte intercambio con la población, y los cargos políticos que son designados por los primeros, suelen tener como paso previo una gestión en una determinada cartera, social, cultural, etc. Es decir, algunas prácticas sanas que aún mantienen una sinergia entre el representante y el representado, resultan claves a la hora de repensar medidas que mantengan o profundicen estas relaciones. Es en ese sentido que debemos trabajar, deconstruyendo los modelos clásicos y refundando algo tan cliché como “la nueva política”, que no debería ser más que la adaptación al cambio constante de la sociedad toda.