Dato alentador que obliga a profundizar campañas de educación vial en el país

La noticia de que la cantidad de muertos en accidentes de tránsito disminuyó el año pasado en todas las rutas argentinas, mientras que también decreció la cantidad de accidentes con al menos un herido grave, según datos que ofreció el Instituto de Seguridad Vial (Isev), no puede menos que suscitar expectativas acerca de la posibilidad de que se haya iniciado en nuestro país una reacción positiva ante un fenómeno que se viene presentando hace décadas con características de flagelo.

Tal como se informó en este diario, el Isev destacó que la tasa de mortalidad se ubicó en el 2010 en 26,36 cada 100.000 habitantes, cuando en el 2007 alcanzaba los 28,52. En consecuencia "si en el 2009 estábamos como sociedad ubicados en una meseta muy alta considerando la enfermedad social de los siniestros viales en su totalidad, en el año 2010 hemos iniciado un camino descendente que no debemos desperdiciar", se sostuvo desde ese organismo.

Los expertos mencionaron al aumento de controles sobre comportamientos de los automovilistas (alcohol, velocidad, inadecuado uso de celular) como la razón que permitió estabilizar y disminuir las consecuencias fatales de los siniestros viales. Está claro que, también, las multas y otras sanciones aplicadas en los últimos tiempos vienen operando como disuasivas.

Sin perjuicio de ello y tal como se ha venido señalando en esta columna, está claro que sin programas intensivos de educación vial no mejorará en forma ostensible y acaso definitiva la seguridad en el tránsito. Se sabe que los indudables esfuerzos realizados en los últimos años para resolver el problema del tránsito en nuestro país -traducidos fundamentalmente en la sanción de numerosas leyes y ordenanzas en las distintas jurisdicciones, buscándose, inclusive, unificaciones normativas en temas como la expedición de licencias de conducir o en el registro de reincidencias- no se han visto, sin embargo, reflejados en una mayor seguridad vial.

Los últimos antecedentes indican que se ha persistido más en la fórmula de sancionar leyes y reglamentaciones drásticas -algunas de ellas ya puestas en práctica, aún cuando sin la uniformidad deseable en todas las jurisdicciones y en algunos casos con deficiencias en los controles de sus cumplimientos que hacen que en la práctica no sean respetadas- que en la de promover programas de más largo aliento, pero que ataquen las causas profundas del fenómeno de la inseguridad vial.

Es en ese último sentido que se habla de la instrumentación en serio, permanente y extendida, de la educación vial y de la formación de una conciencia ciudadana. Temas que, lamentablemente, sólo salen a la palestra cuando se producen accidentes gravísimos que involucran un escalofriante número de muertes y que en consecuencia alcanzan enorme repercusión. Pero rápidamente, en la medida en que cede la conmoción, de todo lo anunciado poco o nada es lo que se hace.

Ahora se asegura que existen mejorías en las estadísticas accidentológicas. Si es así, seguramente que habrá que persistir en la instrumentación de acciones que han demostrado ser eficaces. Pero sin olvidar que la mayor preocupación del Estado debiera focalizarse en la promoción de programas serios de concientización y de educación vial a toda la población, únicos capaces de garantizar a muy corto plazo un ponderable nivel de seguridad en el tránsito.