Cumplir con la Constitución

Nuevamente, el titular de FIAT Argentina, Cristiano Rattazzi, salió a agitar el fantasma de la inflación, dando por hecho el traslado automático a los precios de las mejoras que se pacten (La Nación, 7-2-11).

Su ideario neoliberal no registra la opción de que los aumentos resulten absorbidos por otras variables como son la rentabilidad o la mayor productividad.

Pero, aún cuando la intención del empresariado sea otra, en un punto, esas expresiones no dejan de ser oportunas si las tomamos como disparadores de un debate que necesariamente debe darse en el marco de una sociedad que pretende mejorar las condiciones de vida de sus miembros y promover igualdad de oportunidades para su realización individual y colectiva.

Nos referimos al debate sobre la ganancia empresaria, el rol de los trabajadores en tanto fuerza generadora de esa ganancia y al derecho a una distribución justa de la misma.

Desde una perspectiva de Justicia Social, nos preguntamos qué corresponde hacer cuando la realidad demuestra que, en el caso de la industria automotriz (para referir al empresario citado), la producción 2010 batió todos los records con 776.540 unidades, generando enormes ganancias al sector, mientras que, como contrapartida, en 2009 -plena crisis financiera internacional- el Estado Nacional sostuvo parte del salario de los trabajadores mediante el programa Repro.

O cuando estudios sobre los costos laborales informan que el más alto, registrado en la metalúrgica básica, solo representa el 16 %; mientras que el más bajo, en la refinación de petróleo, apenas llega al 7,8 %. Entre esos andariveles corren los de todas las actividades económicas existentes (Cash, 20-2-11).

Por eso resulta central que este debate se lleve adelante en un contexto político como el actual, donde los sectores populares avanzan en la conquista y reconocimiento de sus derechos, en especial los trabajadores.

El proyecto de ley presentado por el diputado nacional Héctor Recalde, asesor general de la CGT, se enmarca en las políticas de distribución del ingreso implementadas desde el año 2003 por Néstor Kirchner y profundizadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ellas son de impulso sostenido a las negociaciones paritarias; incremento periódico del salario mínimo, vital y móvil a través del funcionamiento del Consejo Tripartito; recuperación por parte del Estado del sistema previsional, incorporación de 2,5 millones de nuevos jubilados, implementación de la movilidad semestral de los haberes; creación de la Asignación Universal por Hijo y de Madres Embarazadas; creación de más de 4 millones de puestos de trabajo; disminución de la desocupación y el trabajo en negro; fortalecimiento del mercado interno y el consumo popular; recuperación sostenida de la participación de los trabajadores en la apropiación de la renta nacional; entre otras.

En lo específico, al fijar un piso del 10% de las ganancias anuales que las empresas deben distribuir entre sus trabajadores (piso legal que legítimamente puede ser superado por convenio colectivo), lejos de pretender con sus disposiciones transformar un sistema económico de corte preponderantemente capitalista (tal el disparate que se ha dicho en declaraciones del entonces presidente de la UIA; Clarín, 1-6-10; reiteradas el 11-9-10), avanza en ejes que son fundamentales: 1)  la obligación de las empresas de suministrar información sobre las ganancias y el correspondiente control por parte de los trabajadores y sus organizaciones sindicales; 2) la creación de un órgano de regulación del sistema con márgenes de acuerdo que permiten cierta flexibilidad, como es el Consejo Nacional de Participación en las Ganancias, compuesto en partes iguales por empresarios, trabajadores y Estado Nacional; 3) la conformación del Fondo Solidario para su distribución entre los trabajadores no registrados que también opera como instrumento de incentivo de la registración laboral, otorgando garantías de estabilidad para los trabajadores precarizados que ingresan al régimen.

Existen antecedentes de estos sistemas de distribución de ganancias en todo el mundo, especialmente en los llamados países capitalistas desarrollados (EE.UU., Gran Bretaña y Alemania, entre otros) y hablan de un marcado incremento de la productividad de las empresas.

En nuestro país existieron y actualmente existen experiencias que funcionan en el mismo sentido de crecimiento de la productividad (Firestone, Siderar, Acindar, sector Petrolero; anteriormente YPF y otras empresas de producción estatal).

Desde AJUS apoyamos firmemente esta iniciativa.
Cuando el Congreso de la Nación la convierta en ley, saldará una deuda con los trabajadores de nuestro país, cumpliendo con la Constitución nacional, que establece que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:...participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección..." (14 bis).