Cuidado con inflar la inflación... puede hacerse realidad
* Por Guillermo L. Ordoñez. Ya se atacaron y analizaron hasta el hartazgo las metodologías y datos del Indec. Bienvenido sea que ahora se haga con los de las consultoras.
En fecha reciente, el Gobierno nacional, a través de Guillermo Moreno, solicitó a las consultoras que miden y predicen la inflación informes sobre la metodología que usan con ese fin. Para mi sorpresa, ese pedido indignó a muchos sectores, que lo tildaron de “presión”, “prepotencia” y “apriete gubernamental”. Jamás oí que se considere un “apriete”, por ejemplo, que el Gobierno solicite informes de polución a industrias que contaminan el medio ambiente, que exija estándares mínimos para aprobar obras de construcción, que realice controles de higiene en restaurantes o, incluso, que controle la velocidad en las rutas.
¿Por qué nadie trata de “prepotente” al Gobierno en esos casos? La razón es que se reconoce que esas actividades pueden afectar de manera negativa no sólo a quienes compran y consumen de manera directa, sino también al resto de la sociedad, a través de riesgos de contaminación, derrumbes, plagas o accidentes. Expectativas.
Si las consultoras vendiesen sus mediciones y predicciones inflacionarias de manera exclusiva y privada, el accionar del Gobierno ciertamente podría considerarse una intromisión. Sin embargo, se ha hecho muy común en los últimos años que esas predicciones se difundan masivamente al resto de la población a través de los medios de comunicación, afectando sus expectativas sin precisar qué se mide ni cómo.
¿Por qué el Gobierno debe tratar de evitar expectativas inflacionarias erróneas de la misma forma como trata de evitar la contaminación, los derrumbes, las plagas o los accidentes? Simplemente porque las predicciones inflacionarias tienden a ser “profecías autocumplidas”. Esparcir masivamente predicciones erróneas sobre una realidad indeseable puede generarla, incluso cuando la realidad hubiese sido muy distinta de no haber existido tales predicciones. Un simple ejercicio. Propongo el siguiente ejercicio mental. Imaginemos un país muy simple, en el que el Gobierno no tiene ninguna mala intención, pretende mantener la inflación controlada, digamos al tres por ciento, y así lo anuncia a la sociedad.
Cuando los empresarios y trabajadores negocien los contratos laborales en paritarias, tendrán muy en cuenta la inflación que se espera. Si los trabajadores esperan que los precios aumenten tres por ciento, mantendrán su poder adquisitivo aceptando un aumento salarial igual. Supongamos ahora que se filtra en la prensa la estimación de una consultora privada que, usando una metodología sesgada, no representativa o simplemente errónea, sostiene que los precios aumentarán 10 por ciento. Si esta predicción lograra imponerse en las expectativas de la población, el aumento de salarios producto de las paritarias podría alcanzar al 10 por ciento. Si nuestro Gobierno imaginario mantiene sus objetivos inflacionarios, las empresas deben pagar a sus empleados 10 por ciento más en salarios, mientras que reciben por sus ventas sólo tres por ciento más.
¿No es esto bueno para los trabajadores? La respuesta es sí, pero sólo para los que mantienen sus empleos. Algunas firmas estarían en problemas porque sus costos aumentan más que sus ingresos y podrían verse obligadas a cerrar sus puertas y despedir empleados, lo que generaría un aumento del desempleo y del trabajo informal. Ahora tenemos un Gobierno, que supusimos de buenas intenciones y con buena información, enfrentando un problema de desempleo generado por expectativas inflacionarias incorrectas. ¿Qué puede hacer nuestro Gobierno para reducir el incipiente desempleo? Una opción es imprimir dinero y generar un aumento de precios que reduzca los despidos y cierre de firmas.
En nuestro simple ejemplo, se requeriría posiblemente un aumento de precios no del tres por ciento, como hubiese deseado el Gobierno, sino del 10 por ciento, como estimó nuestra consultora imaginaria. Alguien que viera este país imaginario desde afuera, sin conocer nuestros supuestos, observaría un Gobierno que anunció una inflación de tres por ciento, pero generó una de 10 por ciento, tal como la consultora estimó. Deduciría, por lo tanto, que aquél es incompetente o corrupto y que la consultora es idónea. Sin embargo, nosotros, quienes construimos este país imaginario, sabemos que la realidad es exactamente la opuesta. En este caso, una predicción de inflación excesivamente alta es una “profecía autocumplida”, una predicción que lleva a sí misma a convertirse en realidad, cuando la realidad hubiese sido otra de no existir la profecía. Expectativas y acciones pueden reforzarse unas a otras.
Expectativas erróneas pueden promover acciones erróneas, que reivindiquen dichas expectativas. Este simple ejemplo muestra la dificultad de interpretar datos inflacionarios para evaluar el accionar del Gobierno o la performance de las consultoras. Es deber del Gobierno controlar cómo se generan las expectativas. Si no creemos en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con menos razón veo por qué creer a ojos cerrados en las de consultoras privadas.
De allí la importancia de que se abra una discusión seria sobre la calidad de los datos y las metodologías que generan expectativas inflacionarias. Ya se atacaron y analizaron hasta el hartazgo las metodologías y los datos del Indec. Bienvenido sea que ahora se haga lo mismo con los de las consultoras. *Doctor de Economía; profesor de la Universidad Yale, Estados Unidos.
¿Por qué nadie trata de “prepotente” al Gobierno en esos casos? La razón es que se reconoce que esas actividades pueden afectar de manera negativa no sólo a quienes compran y consumen de manera directa, sino también al resto de la sociedad, a través de riesgos de contaminación, derrumbes, plagas o accidentes. Expectativas.
Si las consultoras vendiesen sus mediciones y predicciones inflacionarias de manera exclusiva y privada, el accionar del Gobierno ciertamente podría considerarse una intromisión. Sin embargo, se ha hecho muy común en los últimos años que esas predicciones se difundan masivamente al resto de la población a través de los medios de comunicación, afectando sus expectativas sin precisar qué se mide ni cómo.
¿Por qué el Gobierno debe tratar de evitar expectativas inflacionarias erróneas de la misma forma como trata de evitar la contaminación, los derrumbes, las plagas o los accidentes? Simplemente porque las predicciones inflacionarias tienden a ser “profecías autocumplidas”. Esparcir masivamente predicciones erróneas sobre una realidad indeseable puede generarla, incluso cuando la realidad hubiese sido muy distinta de no haber existido tales predicciones. Un simple ejercicio. Propongo el siguiente ejercicio mental. Imaginemos un país muy simple, en el que el Gobierno no tiene ninguna mala intención, pretende mantener la inflación controlada, digamos al tres por ciento, y así lo anuncia a la sociedad.
Cuando los empresarios y trabajadores negocien los contratos laborales en paritarias, tendrán muy en cuenta la inflación que se espera. Si los trabajadores esperan que los precios aumenten tres por ciento, mantendrán su poder adquisitivo aceptando un aumento salarial igual. Supongamos ahora que se filtra en la prensa la estimación de una consultora privada que, usando una metodología sesgada, no representativa o simplemente errónea, sostiene que los precios aumentarán 10 por ciento. Si esta predicción lograra imponerse en las expectativas de la población, el aumento de salarios producto de las paritarias podría alcanzar al 10 por ciento. Si nuestro Gobierno imaginario mantiene sus objetivos inflacionarios, las empresas deben pagar a sus empleados 10 por ciento más en salarios, mientras que reciben por sus ventas sólo tres por ciento más.
¿No es esto bueno para los trabajadores? La respuesta es sí, pero sólo para los que mantienen sus empleos. Algunas firmas estarían en problemas porque sus costos aumentan más que sus ingresos y podrían verse obligadas a cerrar sus puertas y despedir empleados, lo que generaría un aumento del desempleo y del trabajo informal. Ahora tenemos un Gobierno, que supusimos de buenas intenciones y con buena información, enfrentando un problema de desempleo generado por expectativas inflacionarias incorrectas. ¿Qué puede hacer nuestro Gobierno para reducir el incipiente desempleo? Una opción es imprimir dinero y generar un aumento de precios que reduzca los despidos y cierre de firmas.
En nuestro simple ejemplo, se requeriría posiblemente un aumento de precios no del tres por ciento, como hubiese deseado el Gobierno, sino del 10 por ciento, como estimó nuestra consultora imaginaria. Alguien que viera este país imaginario desde afuera, sin conocer nuestros supuestos, observaría un Gobierno que anunció una inflación de tres por ciento, pero generó una de 10 por ciento, tal como la consultora estimó. Deduciría, por lo tanto, que aquél es incompetente o corrupto y que la consultora es idónea. Sin embargo, nosotros, quienes construimos este país imaginario, sabemos que la realidad es exactamente la opuesta. En este caso, una predicción de inflación excesivamente alta es una “profecía autocumplida”, una predicción que lleva a sí misma a convertirse en realidad, cuando la realidad hubiese sido otra de no existir la profecía. Expectativas y acciones pueden reforzarse unas a otras.
Expectativas erróneas pueden promover acciones erróneas, que reivindiquen dichas expectativas. Este simple ejemplo muestra la dificultad de interpretar datos inflacionarios para evaluar el accionar del Gobierno o la performance de las consultoras. Es deber del Gobierno controlar cómo se generan las expectativas. Si no creemos en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con menos razón veo por qué creer a ojos cerrados en las de consultoras privadas.
De allí la importancia de que se abra una discusión seria sobre la calidad de los datos y las metodologías que generan expectativas inflacionarias. Ya se atacaron y analizaron hasta el hartazgo las metodologías y los datos del Indec. Bienvenido sea que ahora se haga lo mismo con los de las consultoras. *Doctor de Economía; profesor de la Universidad Yale, Estados Unidos.