Cuando la transparencia es la excepción

DESDE que, en 1999, fue sancionada la ley de ética pública, los funcionarios de los tres poderes del Estado tienen la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes. Y si bien esta información debe ser de acceso público, obtenerla puede implicar un trámite más que engorroso para un ciudadano común.

Todo funcionario debe efectuar una rendición apenas asume su cargo, además de actualizarla una vez por año y entregar una última declaración de sus bienes al cesar en sus funciones.

Hasta el jueves último, fecha en que teóricamente vencía el plazo para que los diputados nacionales presentasen ante el cuerpo legislativo la información detallada de sus bienes, 189 habían entregado su declaración jurada sobre un total de 257.

La Cámara de Diputados publica en su sitio web un listado de los legisladores que cumplieron con ese requerimiento, pero no difunde automáticamente el contenido de esas declaraciones juradas.

Sin embargo, los legisladores pueden poner a disposición de la población esas declaraciones mediante el simple procedimiento de subirlas a su minisitio personal en la página web de la Cámara baja ( www.diputados.gov.ar ). También pueden optar por exhibirla en sus blogs o sitios personales de la Red, o bien difundirla a través de muy populares redes sociales, tales como Facebook o Twitter .

Es este último el caso de los diputados nacionales Laura Alonso (Pro-Capital Federal) y Raúl Rivara (Peronismo Federal-Buenos Aires), en cuyos minisitios web de la Cámara baja pueden consultarse mediante un simple clic sus declaraciones de bienes del año último. La primera legisladora ha ido más allá aún, al difundir sus declaraciones de los últimos dos años en un sitio web personal y también en las redes Facebook y Twitter.

Se trata de ejemplos para imitar, que por el momento son simples excepciones.

Varios diputados, mayormente pertenecientes al bloque de la Coalición Cívica, han difundido en el sitio de la Cámara baja el contenido de sus declaraciones juradas alguna vez en los últimos años, pero no han actualizado la información. Por caso, hoy puede encontrarse a disposición del público, entre no más de una decena, la declaración de la diputada Susana Rosa García del año 2008 o la de Eduardo Macaluse de los años 2006 y 2008, pero no las correspondientes a los dos últimos años.

Debería ser una obligación moral de todo legislador colocar su información patrimonial al alcance de la ciudadanía, algo que resulta de especial importancia en aquellos casos de quienes esperan revalidar sus títulos en este año electoral y, más aún, en los de quienes aspiran a la presidencia de la Nación.

Es cierto que, como alegan algunos legisladores para no hacer fácilmente pública esa información, puede existir cierto temor para llevarlo a cabo, a raíz de la galopante inseguridad.

Pero aun cuando esa razón pueda ser entendible, la carencia de información o las dificultades para su acceso pueden conducir a la virtual ausencia de transparencia, y éste es uno de los principios rectores de una república, por lo que debería ser regla y no excepción.