Cuáles son los detalles del nuevo esquema de tarifas que prepara el Gobierno

Para este fin de semana, el Gobierno espera poder terminar con el nuevo esquema de tarifas de la luz y el gas natural que comenzarían a aplicarse desde septiembre. Con el nuevo cuadro tarifario se busca que los usuarios con más poder adquisitivo del país -a partir con más de $364.759 de ingresos del grupo del hogar- dejen de recibir subsidios y pasarán a pagar la tarifa plena en forma gradual. El resto seguirá recibiendo aporte estatal, pero diferenciado y con un tope según el uso mensual o bimestral.

En declaraciones radiales, la secretaria de Energía Flavia Royón, señaló que están trabajando contrarreloj y confirmó que quienes dejen de recibir subsidios, tendrán tarifa plena en tres tramos mientras que la tarifa social no sufrirá actualización.

La segmentación de tarifas -donde el nivel subsidio está vinculado a la capacidad de pago del usuario- es central para que Economía pueda cumplir con el recorte del déficit fiscal, uno de los puntos acordados con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno intenta implementarlo, sin éxito, hace dos años. Pero las internas en el área de Energía, entre el ex ministro Martín Guzmán y un grupo de funcionarios con línea directa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, demoraron su puesta en marcha.

Con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y la salida de los funcionarios que más resistían la implementación de aumentos y quita de subsidios -entre ellos Federico Basualdo, ex subsecretario de Energía Eléctrica- la implementación de la segmentación ya es un hecho. Aunque con algunos cambios respecto a los intentos anteriores: los que sigan recibiendo subsidios tendrán un tope. Si lo superan, a partir de ese consumo comenzarán a pagar tarifa plena.

Lo que resta definir es cuáles serán esos topes para el gas y para la electricidad. Fuentes oficiales adelantaron que el retraso en la implementación del nuevo esquema se debe a que intentan definir topes diferenciados por zonas, de acuerdo a los consumos: en las zonas frías se consume más gas y en muchas provincias se consume más electricidad porque no hay servicio de gas natural por redes. Todos esos factores se tendrán en cuenta para definir el nuevo esquema.

De acuerdo con información del sector, en el AMBA, el consumo mensual promedio se encuentra en torno a los 300 a 320 kWh. Pero el factor estacional es clave: el pico de consumo de este año, por ejemplo, fue en febrero. Fuentes de las empresas recordaron que la quita de subsidios aplica al costo de la energía y no al valor agregado de la distribución (VAD), que es diferente según cada jurisdicción, lo que genera grandes brechas en el precio final entre usuarios de diferentes provincias.




En el caso del servicio de agua que brinda la empresa Aysa, ya hubo un incremento de 20% a partir de julio y habrá un 10% acumulativo en octubre (una suba total del 32% para el 2022, por debajo del caso del gas y la electricidad). En septiembre se comenzará a aplicar la segmentación también para ese servicio, aunque no se definió si se usarán los mismos datos del formulario que se completó para los subsidios de gas y electricidad.

El formulario para mantener los subsidios fue completado por los titulares de 9 millones de hogares. Del total, unos 400.000 no cumplieron con algunos de los requisitos para mantener el aporte estatal. Por otro lado, se estima que unos 4 millones de hogares no ingresaron sus datos, posiblemente porque excederían el nivel de ingresos para contar con la tarifa subsidiada o por no contar con información o el canal de acceso para declarar su estado de ingreso.

Royón señaló que mucha gente no tiene acceso a Internet para llenar el formulario y destacó que “hay un segmento de vulnerabilidad que aun no se anotó”, según dijo a Radio Mitre. “Quiero ser prudente y seria para contemplar el universo de casos medios y que aún no se anotó”

Hasta ahora, la estimación oficial es que de los 9 millones de usuarios que pidieron mantener los subsidios, cerca de 1,8 millones superan los consumos mensuales de 400 kwh y tendrán incrementos cuando pasen ese tope. Así se suman a los 4 millones que no pidieron subsidios y dan un total aproximado cercano a los 6 millones de hogares.



En el caso del gas, ya hubo una definición -la Resolución 610 de la Secretaría de Energía- sobre cuándo se aplicarán las nuevas tarifas a los usuarios que dejen de recibir los subsidios (los de mayor poder adquisitivo y a los que no hayan completado sus datos el formulario): el primer aumento se aplicará a los consumos de gas por redes a partir del 31 de agosto. El segundo ajuste gradual, en tanto, se aplicará a los consumos realizados a partir del 31 de octubre y el tercer ajuste será a partir del 31 de diciembre.

Los valores detallados en la resolución corresponden al precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Este es solo uno de los componentes del precio final de la factura que reciben los usuarios y representa cerca de un tercio del valor total; luego se suma el costo del transporte, la distribución y los impuestos y tasas de cada distrito. Según estimaciones privadas, a fin de año el aumento en la tarifa para los que queden sin subsidios podría rondar el 90 por ciento.

En las empresas distribuidoras estimaban que si se cumple lo previsto en el decreto, las nuevas tarifas se aplicarán a los consumos de septiembre en adelante. Las empresas realizan lecturas del medidor bimensuales, pero luego la facturación es por mes (el consumo total se divide por dos).

El precio del gas que se traslada a la tarifa deriva del porcentaje que cubre el Estado Nacional del precio que reciben las empresas productoras de gas natural y el costo del gas importado de Bolivia y del GNL. Hasta ahora, sin quita de subsidios, en promedio el Estado asume a su cargo el 75,6% del costo del abastecimiento del gas que reciben los hogares.




El actual sistema de subsidios a la energía tuvo su origen en las medidas “de emergencia” adoptadas por el Gobierno luego de la crisis de 2001. A comienzos de 2002, luego del caos económico de la salida de la convertibilidad, se dispuso “pesificar” las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad y eliminar los mecanismos de indexación previstos en los contratos vigentes. Por la extensión de la emergencia y congelamientos de precios, el Estado nacional debió hacerse cargo de los costos de los producción de energía y de la importaciones.

Esos subsidios, según un informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, pasaron de representar el 0,4% del PBI en 2005 al 4,1% del PBI en 2015. Su reducción a través de tarifas segmentadas fue un plan varias veces diseñado, con un tibio intento durante el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner -la llamada “sintonía fina”- que abarcó solo a los barrios de más poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca se concretó en forma amplia para todos los usuarios.

A fines de 2021, los funcionarios del área que tienen línea directa con la vicepresidenta habían anunciado una suba de tarifas de 20% para todo este año, una decisión que no tenía en ese momento el aval del ex ministro Martín Guzmán, del cual dependía Energía. Luego, vino el acuerdo con el Fondo Monetario, con subas acordadas en porcentajes más altos y atados a la evolución de los salarios: este año ya se aplicó un incremento de 21,6% (el 40% del CVS de 2021) para los usuarios con tarifa social. Y una suba equivalente a 42,7% (el 80% del CVS) para el resto de los usuarios.

En febrero de este año, Federico Basualdo y funcionarios del ENRE presentaron un trabajo de segmentación geográfica, de quita de subsidios a 13 barrios del AMBA. El trabajo fue descartado y la segmentación finalmente fue diseñada por Santiago López Osornio, ex secretario de Planeamiento Energético y funcionario de Guzmán, en base a los ingresos de los usuarios y con una herramienta nueva: un “formulario voluntario” para pedir mantener los subsidios.

Con la salida de Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía ese esquema se mantuvo y en las últimas semanas más de 9 millones de usuarios completaron sus datos. En su primer discurso como ministro, Sergio Massa anunció que entre los hogares que pidieron mantener el subsidio se va a promover el ahorro de consumo: en energía eléctrica, anticipó que se subsidiaría el consumo hasta 400 kWh, alcanzando el 80% de los usuarios y el 50% del consumo residencial.