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Cromañón: los músicos de Callejeros y los demás condenados seguirán presos

Los integrantes del grupo seguirán presos después de que la Cámara de Casación haya rechazado los pedidos de nulidad impuestos por los abogados de la banda.

Los integrantes del grupo Callejeros seguirán presos por la tragedia de Cromañón, según eterminó la Cámara Federal de Casación Penal al rechazar diversos planteos de nulidad interpuestos por los abogados de los miembros de la banda.

Así lo dispuso la sala III del tribunal penal de mayor jerarquía del país que integran los jueces Eduardo Riggi, Mariano Borinsky y Liliana Catucci, en un fallo firmado el viernes pasado pero conocido recién hoy.

Casación no hizo lugar a planteos de nulidad interpuestos por los músicos contra el fallo del 20 de diciembre pasado que dispuso que cumplieran la pena a la que habían sido condenados en el 2009 por el Tribunal Oral en lo Criminal 24, y solo les abrió la vía de la queja ante la Corte Suprema.

Tras ese fallo de Casación, los 14 condenados por la tragedia de Cromañón quedaron detenidos.

Se trata de el gerenciador de Cromañón, Omar Chabán; su `mano derecha`, Raúl Villarreal; el subcomisario Rubén Díaz y los músicos de Callejeros: el saxofonista Juan Carbone, el bajista Christian Torrejón, los guitarristas Maximiliano Djerfy y Elio Delgado y el escenógrafo Daniel Cardell.

En tanto, el baterista Eduardo Vásquez se encontraba detenido con anterioridad, ya que está condenado por el crimen de su esposa Wanda Taddei.

El ex líder de Callejeros, Patricio Santos Fontanet, y el ex director general de Fiscalización y Control porteño, Gustavo Torres, quedaron detenidos en las clínicas psiquiátricas en las que están internados en Córdoba y la Capital Federal, respectivamente.

El mánager de Callejeros, Diego Marcelo Argañaraz, fue el único en ser apresado durante un allanamiento policial en Córdoba y el resto se presentó voluntariamente ante la Justicia.

También quedaron presas la ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño, Fabiana Fiszbin, y la ex Directora General Adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, Ana María Fernández, a quien le rechazaron un pedido para cumplir la pena en su domicilio.