Cristóbal López señaló al hermano de su socio por la constructora que figura en los cuadernos

Cristóbal López, uno de los empresarios más cercanos a los Kirchner, negó ayer haber pertenecido al "Club de la Obra Pública" en su indagatoria por los cuadernos de las coimas . El zar del juego -detenido por una multimillonaria deuda con la AFIP- rechazó cualquier tipo de relación con los funcionarios kirchneristas señalados como los recaudadores de sobornos y dijo que no tomó ninguna decisión en la empresa constructora, que estaba en manos del hermano de su socio, Fabián de Sousa.

Cristóbal López ingresó en el último turno de un viernes agitado en el juzgado de Claudio Bonadio , que incluyó la declaración de seis empresarios y el exministro Julio De Vido . El dueño del Grupo Indalo llegó desde el penal de Ezeiza. Presentó un escrito y se animó a responder las preguntas sobre su supuesta vinculación con la trama que tejió el kirchnerismo para carterizar la obra pública a cambio de sobornos de empresarios amigos.

Es la primera acusación formal contra el empresario en los cuadernos de las coimas, la causa que involucró a la gran mayoría de las compañías locales que tuvieron contratos con el Estado. Dentro de su holding de firmas, Cristóbal López fue dueño de la constructora CPC, que ganó distintos contratos de obra pública durante el kirchnerismo. Por ese motivo, también fueron citados a indagatoria su hijo, Nazareno López, que también ocupó cargos ejecutivos en la firma.

Cristóbal López aseguró ante la Justicia que como accionista de su holding no tomaba ningún tipo de decisión dentro de la constructora CPC, que las decisiones operativas las manejaba Osvaldo de Sousa, el hermano de Fabián de Sousa, su socio -también detenido- en el Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales. Y agregó que solo conoció personalmente las oficinas de CPC en 2017, mucho después del período que la Justicia investiga por el supuesto pago de sobornos.

El empresario de medios aseguró, además, que no mantuvo llamadas ni contactos personales con los exfuncionarios Roberto Baratta, José López y otros funcionarios de la oficina de Vialidad, la dependencia que movía buena parte de los fondos asignados para la construcción de rutas. Agregó que tampoco conoció ni mantuvo llamados con Ernesto Clarens, el financista de los Kirchner y el hombre que trazaba la ruta del dinero negro.

El zar del juego, además, dijo que no solo no era beneficiado con las obras, sino que además su constructora sufría fuertes atrasos en los pagos que debía liberar el Estado y sugirió a las autoridades realizar una pericia para detectar esos atrasos, según informaron fuentes judiciales.

Cristóbal López fue uno de los empresarios preferidos de Néstor Kirchner desde sus primeros años en Santa Cruz. Su fortuna creció, sobre todo, con la explotación de bingos y casinos en distintos puntos del país, pero después su imperio incluyó otros rubros, en especial, los medios de comunicación. En esa última expansión, que se sustentó en una evasión de por lo menos $8000 millones, el Grupo Indalo adquirió empresas de rubros variados.

Nazareno López, el hijo del empresario, sostuvo ayer que aunque fue nombrado por su padre en la constructora CPC, apenas cumplía funciones formales. Remarcó que su nombramiento ocurrió mucho después del período 2004-2010 que investiga la Justicia y sostuvo que solo concurría una vez por semana hasta las oficinas de la compañía para firmar documentación.

Después de una primera etapa de instrucción, el juez Bonadio ordenó 101 indagatorias -la mayoría para empresarios- a quienes los acuso de haber integrado una asociación ilícita para quedarse con contratos de obras públicas viales a cambio de sobornos para funcionarios kirchneristas.

Ayer, más temprano, había declarado Clarens, un arrepentido clave del caso. El financista volvió a ampliar su declaración por los contratos de obra pública para clarificar qué empresarios se reunieron con él para gestionar el pago de sobornos y cuáles de esos hombres de negocios efectivamente concretaron los desembolsos. El financista reconoció que había visto a varios de los empresarios en distintas reuniones, pero que algunos de ellos no pagaron las coimas. Se trata de empresarios vinculados a constructoras de Mendoza, San Juan y Santa Fe.