Cristina propuso a cuatro jueces federales para causas claves
Los magistrados trabajarían en juzgados que tienen a su cargo causas de corrupción de funcionarios nacionales.
La presidente Cristina Fernández envió ayer al Senado los nombres de los candidatos para ocupar las cuatro vacantes de jueces federales de los tribunales de Comodoro Py 2002 de esta capital.
Los magistrados de Comodoro Py tienen a su cargo los expedientes abiertos por narcotráfico, y cuatro de sus despachos están vacantes desde hace más de cinco años, por lo que son ocupados por subrogantes.
Para ocupar esos lugares vacíos el Gobierno propuso a Marcelo Martínez De Giorgi, quien actualmente subroga un juzgado federal; Sebastián Casanello, secretario de la Sala I de la Cámara Federal; y Luis Rodríguez, juez de instrucción en la causa que investiga los presuntos sobornos para beneficiar al ex líder ferroviario José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra. El cuarto integrante de la lista es Sebastián Ramos, secretario del juez federal Daniel Rafecas, quien este año fue criticado por algunos integrantes del gobierno por su desempeño en la causa Ciccone.
Casanello fue propuesto para ocupar el Juzgado Federal 7, subrogado por Norberto Oyarbide. Martínez de Giorgi fue propuesto para el Juzgado 2, que subroga actualmente; Rodríguez para el 9 y Ramos para el 2.
El Poder Ejecutivo eligió a esos cuatro candidatos de los seis que propuso el Consejo de la Magistratura tras realizar el concurso de selección 140 que llevó seis años realizarlo, y que estuvo teñido de polémicas.
Sin embargo, el Gobierno no respetó el orden de mérito de los concursantes (aunque la ley no lo obliga a hacerlo), sino que puede elegir a cualquiera de los propuestos.
Los pliegos de los candidatos fueron enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado, que deberá llamar a una audiencia pública con los postulantes para que luego el pleno de la Cámara alta apruebe su nombramiento.
El concurso duró varios años y fue atravesado por recusaciones de candidatos, impugnaciones y hasta se tuvo que volver a hacer por presuntas irregularidades en la corrección de las pruebas.
Los magistrados de Comodoro Py tienen a su cargo los expedientes abiertos por narcotráfico, y cuatro de sus despachos están vacantes desde hace más de cinco años, por lo que son ocupados por subrogantes.
Para ocupar esos lugares vacíos el Gobierno propuso a Marcelo Martínez De Giorgi, quien actualmente subroga un juzgado federal; Sebastián Casanello, secretario de la Sala I de la Cámara Federal; y Luis Rodríguez, juez de instrucción en la causa que investiga los presuntos sobornos para beneficiar al ex líder ferroviario José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra. El cuarto integrante de la lista es Sebastián Ramos, secretario del juez federal Daniel Rafecas, quien este año fue criticado por algunos integrantes del gobierno por su desempeño en la causa Ciccone.
Casanello fue propuesto para ocupar el Juzgado Federal 7, subrogado por Norberto Oyarbide. Martínez de Giorgi fue propuesto para el Juzgado 2, que subroga actualmente; Rodríguez para el 9 y Ramos para el 2.
El Poder Ejecutivo eligió a esos cuatro candidatos de los seis que propuso el Consejo de la Magistratura tras realizar el concurso de selección 140 que llevó seis años realizarlo, y que estuvo teñido de polémicas.
Sin embargo, el Gobierno no respetó el orden de mérito de los concursantes (aunque la ley no lo obliga a hacerlo), sino que puede elegir a cualquiera de los propuestos.
Los pliegos de los candidatos fueron enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado, que deberá llamar a una audiencia pública con los postulantes para que luego el pleno de la Cámara alta apruebe su nombramiento.
El concurso duró varios años y fue atravesado por recusaciones de candidatos, impugnaciones y hasta se tuvo que volver a hacer por presuntas irregularidades en la corrección de las pruebas.