Cristina Kirchner contra la Justicia: dos poderes en pie de guerra

Extraído de La Nación

Por Joaquín Morales Solá

Parece una guerra, y es una guerra. O por lo menos así lo entiende el gobierno de Cristina Kirchner. Es ella contra los jueces. Los jueces, a su vez, han perdido la paciencia. Por primera vez, el nombre de la Presidenta está en un expediente judicial por presuntos hechos de corrupción. Esa investigación podría concluir en una causa por lavado de dinero. El Gobierno amenaza con quitarles poder a los jueces y decapitó a la conducción administrativa del Consejo de la Magistratura. El cristinismo se está convirtiendo en un partido antisistema.

Se está volviendo una facción política que agrede a la democracia con los mecanismos de la democracia.

Muchas veces se dijo que los Kirchner se habían hecho ricos por las hipotecas que les permitió ejecutar la circular 1050 de la dictadura. Es la versión que al final les conviene, aunque desmienta sus compromisos con los derechos humanos durante aquellos años criminales. La verdad es peor. Nadie se hace rico por tener varios departamentos o casas en Santa Cruz. Los Kirchner conocieron la verdadera riqueza, según sus propias declaraciones juradas, desde el poder, cuando se hicieron cargo de la administración de los recursos públicos provinciales o nacionales. Ésta es una certeza que contiene una conclusión devastadora: ningún gobernante se hace rico en el gobierno inocentemente.

La conclusión no es nueva. Lo único nuevo es que los jueces comenzaron a investigar. El allanamiento del jueves pasado a la ficticia oficina capitalina de Hotesur, la empresa que administra los hoteles de la Presidenta en la Patagonia, fue una decisión que ningún juez hubiera ni siquiera imaginado hace sólo seis meses. Al juez federal Claudio Bonadio le bastó ahora una semana para resolver el allanamiento. La causa entró a su juzgado como consecuencia de una investigación del programa de Jorge Lanata, y en la tarde del jueves la Justicia abrió las puertas de una oficina vacía.

La causa de Hotesur no es demasiado grave: falta de balances o de notificaciones sobre la composición de su directorio. Refiere, sí, a la arbitrariedad con la que se manejan las instituciones del país. La Inspección General de Justicia, en manos kirchneristas, escondió aquellos faltantes. Una empresa enemiga del Gobierno ya hubiera sido, por mucho menos, víctima del escarnio público.

El problema de Cristina es que hay otra empresa investigada, Valle Mitre. Ésta pertenece a Lázaro Báez, quien pagó gran parte de las habitaciones de los hoteles presidenciales mediante contratos anuales. Se pagaron varios millones de pesos en poco más de un año y nadie sabe si las habitaciones de esos hoteles fueron usadas o no. Tampoco existe constancia de que haya habido, por parte de Báez, la exigencia de un precio menor por el volumen del contrato. La investigación del vínculo entre ambas empresas podría terminar en una causa por lavado de dinero. Éste es un delito mucho más grave.

Un día antes, el cristinismo había entrado a sangre y fuego en el Consejo de la Magistratura. Echó al administrador general, German Krieger, un hombre muy cercano al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Colocó también cerca de la guillotina a la secretaria general del organismo, Susana Berterreix, que en su momento fue nombrada en el Consejo por intermediación de otro juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda. Fue un golpe directo a la mandíbula de la Corte. El kirchnerismo eligió también como presidenta del Consejo a la jueza Gabriela Vázquez, que se presentó a las elecciones por la representación de los magistrados con un discurso moderado, ni opositor ni oficialista. Continúa con los rasgos de ese discurso público, pero no bien asumió en el Consejo adelantó que votaría siempre con el Gobierno. Respaldó sin fisuras la destitución del administrador. Es una amiga muy cercana de la procuradora Alejandra Gils Carbó, santa y patrona del think tank que promueve una justicia kirchnerista.

El kirchnerismo consolidó una mayoría simple, pero pura y dura, en el Consejo. Siete de sus miembros responden ciegamente al oficialismo. El único límite que tendrá esa mayoría es el de la destitución o nombramiento de jueces, que requiere de una mayoría especial de los dos tercios. Al Gobierno le faltan dos votos para alcanzar esa mayoría. Con los números actuales, le serán posibles muchas cosas: la administración de todos los recursos del Poder Judicial, con excepción del presupuesto de la Corte Suprema, y la posibilidad de sancionar a los jueces (suspensiones o multas). Esta última facultad no es menor: varias sanciones a un juez justifican la apertura de un juicio político.

Los jueces federales creen que van por ellos y por sus sueldos. El Gobierno le debe al Consejo de la Magistratura unos 1500 millones de pesos. Los magistrados cobraron con atraso el último sueldo; podrían atrasarles también el pago del aguinaldo. ¿El sueldo a cambio de impunidad? El cristinismo es capaz de eso y mucho más. Con todo, la principal línea de fuego no está ahí, sino en la reforma del Código Procesal Penal. Esa modificación vaciará de poder a los poderosos jueces federales. No aceptarán ese destino sin sublevarse. Varias reuniones se hicieron ya entre jueces federales, aunque son tres los que llevan la conducción del combate. Ninguno de ellos es Bonadio, aunque éste representa bien el actual espíritu guerrero de los jueces.

El nuevo Código Procesal deslizaría todo el poder de la investigación hacia los fiscales que comanda Gils Carbó en detrimento de los jueces. ¿Cómo serían esas investigaciones? Vale la pena consignar un ejemplo. Hace varios meses, un juez de Buenos Aires visitó La Rioja y se reunió con el juez federal de esa provincia. Con más curiosidad política que judicial, el magistrado capitalino le preguntó a su colega riojano por la situación del general César Milani en la causa iniciada por Ramón y Pedro Olivera por torturas agravadas. "Doctor, si el fiscal me pidiera la citación a declaración indagatoria yo tendría que aceptar el pedido", le contestó el juez riojano. El fiscal de entonces huyó de La Rioja, denunció amenazas y pidió licencia. Gils Carbó nombró otro fiscal, Horacio Salman, quien requirió en el acto la nulidad de las actuaciones contra Milani. El juez terminó aceptando el criterio del fiscal, aunque no absolvió a Milani. "No había acusación para avanzar ni se investigaron los hechos", dejó trascender el juez.

El otro caso que acosa al poderoso jefe del Ejército, la desaparición del soldado Alberto Ledo, se investiga en Tucumán, porque en esta provincia desapareció mientras era ayudante del entonces teniente Milani. Ahí la investigación avanza lentamente, pero avanza. Hace pocos días, familiares de Ledo denunciaron que sus abogados sufren amenazas permanentes de parte del jefe del Ejército. Milani compite con Axel Kicillof por el lugar de la segunda persona más poderosa del Gobierno, después, desde ya, de la Presidenta.

Los jueces federales de la Capital están seguros de que todos sus teléfonos y correos electrónicos están intervenidos por orden de Milani. Tienen argumentos para saberlo. Muchos de ellos enhebraron buenas relaciones con la estructura de la ex SIDE, gran parte de ella enfrentada con Milani. Es una lucha desigual. Milani recibe cada vez más dinero del presupuesto nacional para la compra de sofisticada tecnología de inteligencia. Su injerencia en el espionaje interno viola dos leyes: la de defensa nacional y la de seguridad interior, que les prohíben a los militares hacer inteligencia dentro del país. Quizá tienen razón los que aseguran que a Cristina sólo le importa su salud y el futuro judicial de ella y sus hijos. La última preocupación la empuja, a su vez, a construir poder con voracidad.

"Nos quieren destrozar, partirnos por la mitad", decía un juez el miércoles pasado, mirando por una ventana el paisaje vacío y gris que rodea los tribunales federales de Comodoro Py. Ese mismo miércoles, otro juez se sinceró brutalmente: "Vinieron por mí. Yo iré por ellos", adelantó, después de recordar una investigación kirchnerista en el Consejo de la Magistratura. Un día después, un torbellino de empleados judiciales allanaba la oficina de una empresa que está a nombre de Cristina Kirchner. Tal vez haya sido sólo el principio de algo que no podemos imaginar.