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Creativa ingeniería constitucional

* Por Aleardo Laría. La reforma de 1994 de la Constitución Argentina, fruto del denominado "Pacto de Olivos", introdujo un novedoso sistema de balotaje regulado en los artículos 97 y 98 del texto normativo.

No existen casi antecedentes en el mundo de esta preciosa obra de ingeniería constitucional, dirigida a beneficiar a un solo partido: el peronista. La redacción de una normativa confeccionada a medida del traje político del entonces presidente Menem demuestra, con el paso del tiempo, el efecto perverso de disposiciones concebidas para atender necesidades de coyuntura.

El artículo 97 es el que establece que si la fórmula presidencial votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos emitidos, será proclamada directamente sin necesidad de una segunda vuelta. En la inmensa mayoría de las constituciones del resto del mundo, el balotaje tiene lugar si ninguno de los candidatos obtiene el 50% más uno de los votos emitidos. Sólo algunas constituciones latinoamericanas se han atrevido a copiar el diseño argentino.

Por su parte, el artículo 98 de la CN señala que cuando la fórmula que resultara más votada en la primera vuelta hubiera obtenido al menos el 40% y existiera una diferencia mayor del 10% del total de votos emitidos sobre la segunda fórmula, también será proclamada sin necesidad de segunda vuelta. Esta disposición es totalmente novedosa y no registra antecedentes en el derecho constitucional comparado, salvo un proyecto similar que no llegó a cuajar en Estados Unidos.

Esta segunda cláusula fue redactada atendiendo a lo que había sido el piso histórico electoral del peronismo en las consultas anteriores. De modo que le bastaba con obtener el 40% y que ninguno de los partidos rivales obtuviera el 30% para hacerse con el "premio mayor". La única condición implícita para que esta cláusula cumpliera con su cometido era que el peronismo no fuera dividido. Cuando acudió dividido, como en las elecciones del 2003, la cláusula careció de efectos prácticos.

Las consecuencias políticas de estas disposiciones están ahora a la vista. Si rigiera la cláusula habitual que habilita el balotaje (50% más uno), los partidos que hoy conforman el arco de la oposición podrían acudir a la primera vuelta conservando su propio perfil y su lista de diputados. Recién en la segunda vuelta tendrían lugar las coaliciones o alianzas, donde cada uno haría valer los resultados obtenidos en la primera elección.

Con las cláusulas constitucionales vigentes, los partidos políticos del arco de la oposición –que no cuentan con el inmenso poder de fuego del partido en el gobierno que usa los recursos del Estado para sus fines partidistas– se ven obligados a hacer sofisticadas filigranas para conseguir un caudal electoral (más del 30% volcado en una fórmula) que les permita forzar una segunda vuelta. Obsérvense estas curiosidades de la fórmula constitucional: si el primero obtiene el 44% y el segundo 33%, queda consagrado el primero. También si el primero consigue el 45,01% y el segundo el 44,99%.

El efecto práctico de esta caritativa obra de diseño constitucional a favor del peronismo es que conspira contra la conveniencia –que en la Argentina es una notoria necesidad– de reforzar el rol de los partidos políticos. La crisis del 2001 dejó al país con un sistema de partidos políticos fragmentados. Como una democracia no puede funcionar de modo aceptable sin partidos políticos, la calidad de nuestra democracia, tan estrechamente vinculada con la salud del sistema de partidos políticos, no es buena.

Las precipitadas y volátiles alianzas electorales que se vienen conformando no son la vía idónea para fortalecer a los partidos políticos. Son precipitados demasiado débiles e inconsistentes que no garantizan su continuidad en el tiempo. Las únicas coaliciones que favorecen la formación de alianzas consistentes son las que se dan en el trabajo parlamentario, donde la colaboración estrecha alrededor de un programa mínimo compartido puede inclusive favorecer la fusión de las fuerzas comprometidas.

Un modo de ilustrar lo que señalamos es comparar nuestra situación con la de España. Allí las elecciones tendrán lugar, probablemente, dentro de un año, cuando acabe el período de cuatro años de la Legislatura. Ya se conocen perfectamente quiénes son los partidos que competirán, el nombre de los candidatos en liza e inclusive, con ajustada aproximación, cuáles serán los resultados. Todas las comparaciones son odiosas, pero en ocasiones sirven para mostrar la enorme distancia que nos separa de una democracia de partidos sólidos, sin jugadores tramposos ni diseños constitucionales oportunistas.