Corrupción más impunidad
La falta de sanción en los principales escándalos públicos convierte a este flagelo en un nefasto fenómeno estructural.
Seis de cada diez argentinos consideran que la corrupción aumentó en el país durante los últimos tres años, y ocho de cada diez creen que el Gobierno es ineficaz para combatirlo. Estos datos, altamente preocupantes, pero absolutamente realistas, provienen de una encuesta del Barómetro Global sobre Corrupción 2010 que difundió Transparencia Internacional y adelantó La Nacion.
Entre las conclusiones que arrojó la encuesta, se mencionó que los argentinos han empeorado la percepción que tenían sobre los esfuerzos gubernamentales para combatir la corrupción, porque en 2005 sólo el 40 por ciento respondió que la corrupción había aumentado en el país, mientras que ahora el 62 por ciento suscribió ese incremento.
Pero la comprensión del fenómeno de la corrupción en la Argentina siempre será incompleta si no se tiene en cuenta otro factor, que es el que la sustenta: la impunidad que le otorga la Justicia. A la luz de la catarata incesante de escándalos en que se ha convertido el kirchnerismo, lo asombroso hubiera sido un resultado diferente del que arrojó la encuesta.
En la lista, siempre parcial e incompleta y de final abierto, hay que recordar los casos Skanska, Antonini Wilson, los medicamentos adulterados de las obras sociales, los aportes ilegales a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, la Oncca y el lavado de dinero que el Gobierno se niega a combatir. Fue el gobierno de Carlos Menem el que inició la serie incesante de casos de corrupción, desde los llamados Swiftgate y narcogate registrados en los años iniciales del primer período menemista hasta el negociado informático IBM-Banco Nación y los contrabandos de oro a los Estados Unidos y de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador.
El Swiftgate o pedido de coimas al frigorífico de ese nombre quedó en la nada porque no aparecieron las pruebas. La jueza federal María Servini de Cubría se encargó de que las personas más allegadas a Menem, como Amira Yoma, no corrieran serios riesgos en el narcogate. El caso IBM-Banco Nación estuvo a punto de prescribir.
En el del oro, se realizó un juicio oral, pero aún resta concretar otro. El juicio oral del contrabando de las armas -un caso denunciado en 1995, como el del oro- lleva ya más de dos años y la sentencia sólo se conocerá el año próximo. Dos de sus principales imputados ya murieron: el ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el ex canciller Guido Di Tella. Notamos que, por lo visto, la Justicia sólo se mueve muchos años después de que los funcionarios abandonan el poder. Lo prueba la extrema lentitud con que avanzan, si es que avanzan, los casos del kirchnerismo.
Poco se progresó en la investigación de los sobreprecios y presuntas coimas en los gasoductos (Skanska) y menos aún en el de la valija con 800.000 dólares del venezolano Antonini Wilson. Una Justicia atenta a los mandatos del poder político ha retrasado hasta extremos inverosímiles las investigaciones, poniendo a más de una al borde de la prescripción y permitiendo la impunidad de los autores de graves hechos de corrupción. Es la deliberada falta de sentencias ejemplificadoras en casos resonantes la que alimenta la corrupción. Quienes incurren en ella saben que vale la pena correr el riesgo, pues en caso de ser descubiertos se abrirá un compás de espera de diez o quince años.
Tanto ha aumentado la falta de confianza en la Justicia que algunos defensores de los 18 imputados en la causa del contrabando de armas consideran poco probable que se condene a Carlos Menem, el principal de los acusados, porque su voto en el Senado se ha vuelto esencial para el kirchnerismo. Las suyas son sólo especulaciones, pero muestran la poca confiabilidad en la independencia judicial.
Como todos los delitos, el de la corrupción es imposible de erradicar, pero las sociedades con instituciones sólidas han logrado mantenerla bajo un cierto control.
Por desgracia, en la Argentina no se termina de advertir que la constante y reiterada impunidad es la que ha convertido a este flagelo en un fenómeno estructural que afecta a todas nuestras instituciones. Y que el tiempo que transcurre sin las debidas sanciones es tiempo regalado para que la corrupción hinque más profundamente sus ya largas y nefastas raíces.
Entre las conclusiones que arrojó la encuesta, se mencionó que los argentinos han empeorado la percepción que tenían sobre los esfuerzos gubernamentales para combatir la corrupción, porque en 2005 sólo el 40 por ciento respondió que la corrupción había aumentado en el país, mientras que ahora el 62 por ciento suscribió ese incremento.
Pero la comprensión del fenómeno de la corrupción en la Argentina siempre será incompleta si no se tiene en cuenta otro factor, que es el que la sustenta: la impunidad que le otorga la Justicia. A la luz de la catarata incesante de escándalos en que se ha convertido el kirchnerismo, lo asombroso hubiera sido un resultado diferente del que arrojó la encuesta.
En la lista, siempre parcial e incompleta y de final abierto, hay que recordar los casos Skanska, Antonini Wilson, los medicamentos adulterados de las obras sociales, los aportes ilegales a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, la Oncca y el lavado de dinero que el Gobierno se niega a combatir. Fue el gobierno de Carlos Menem el que inició la serie incesante de casos de corrupción, desde los llamados Swiftgate y narcogate registrados en los años iniciales del primer período menemista hasta el negociado informático IBM-Banco Nación y los contrabandos de oro a los Estados Unidos y de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador.
El Swiftgate o pedido de coimas al frigorífico de ese nombre quedó en la nada porque no aparecieron las pruebas. La jueza federal María Servini de Cubría se encargó de que las personas más allegadas a Menem, como Amira Yoma, no corrieran serios riesgos en el narcogate. El caso IBM-Banco Nación estuvo a punto de prescribir.
En el del oro, se realizó un juicio oral, pero aún resta concretar otro. El juicio oral del contrabando de las armas -un caso denunciado en 1995, como el del oro- lleva ya más de dos años y la sentencia sólo se conocerá el año próximo. Dos de sus principales imputados ya murieron: el ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el ex canciller Guido Di Tella. Notamos que, por lo visto, la Justicia sólo se mueve muchos años después de que los funcionarios abandonan el poder. Lo prueba la extrema lentitud con que avanzan, si es que avanzan, los casos del kirchnerismo.
Poco se progresó en la investigación de los sobreprecios y presuntas coimas en los gasoductos (Skanska) y menos aún en el de la valija con 800.000 dólares del venezolano Antonini Wilson. Una Justicia atenta a los mandatos del poder político ha retrasado hasta extremos inverosímiles las investigaciones, poniendo a más de una al borde de la prescripción y permitiendo la impunidad de los autores de graves hechos de corrupción. Es la deliberada falta de sentencias ejemplificadoras en casos resonantes la que alimenta la corrupción. Quienes incurren en ella saben que vale la pena correr el riesgo, pues en caso de ser descubiertos se abrirá un compás de espera de diez o quince años.
Tanto ha aumentado la falta de confianza en la Justicia que algunos defensores de los 18 imputados en la causa del contrabando de armas consideran poco probable que se condene a Carlos Menem, el principal de los acusados, porque su voto en el Senado se ha vuelto esencial para el kirchnerismo. Las suyas son sólo especulaciones, pero muestran la poca confiabilidad en la independencia judicial.
Como todos los delitos, el de la corrupción es imposible de erradicar, pero las sociedades con instituciones sólidas han logrado mantenerla bajo un cierto control.
Por desgracia, en la Argentina no se termina de advertir que la constante y reiterada impunidad es la que ha convertido a este flagelo en un fenómeno estructural que afecta a todas nuestras instituciones. Y que el tiempo que transcurre sin las debidas sanciones es tiempo regalado para que la corrupción hinque más profundamente sus ya largas y nefastas raíces.