Conurbanos

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tienen gobiernos de distinto signo. Las disidencias y rivalidades entre ellos y/o con el gobierno nacional monopolizan todos los análisis políticos. Pero estos movimientos de superficie, donde los actores políticos interactúan con consultores, hombres de negocios, eclesiásticos y periodistas, resultan trastornados por eclosiones como la de esta semana en Córdoba, con sus reverberaciones en Santa Fe y Buenos Aires, que se extendieron como un eco a otras provincias cuyas policías reclaman mejoras salariales, como San Juan, Chubut, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro.

Las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires son parte activa de redes de ilegalidad y mantienen una relación de equilibrio inestable con la conducción política. Pero mientras los gobernadores de Córdoba y Santa Fe debieron dejar caer a sus cúpulas policiales, cuyos jefes están detenidos por complicidad con el narcotráfico, el de Buenos Aires prefirió retener a la suya, pese al lapidario informe de la comisión senatorial investigadora que pidió la destitución de medio centenar de oficiales, incluidos el jefe de entonces y el actual. Cuando la negociación con el poder político no les resulta favorable, las policías pueden acudir a un relajamiento del control social, con las consecuencias que están a la vista. Estos estremecimientos se originan en los conurbanos de las provincias fundamentales del modelo productivo implantado desde mediados de la década de 1990, con la tremenda polarización clasista y el desplazamiento de poblaciones, cuyos efectos sólo fueron atenuados por los avances reparadores de la última década. Esto mide la fragilidad del terreno sobre el que está asentada la democracia que esta semana cumple 30 años; también la magnitud y la diversidad de conflictos siempre prestos a manifestarse en cuanto una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos. Más aún si se acercan el verano y las fiestas de fin de año, y se repiten las inundaciones y los cortes de luz y de agua, consecuencia de los temporales con los que cada vez más habrá que convivir debido al cambio climático y la imprevisión urbana de sus consecuencias. El gobernador de Córdoba desdeñó los indicios previos y se fue del país mientras fermentaba el conflicto y, luego de su precipitado regreso, descargó toda responsabilidad en el gobierno nacional, politiquerizando una situación propia y grave. El de Santa Fe detectó a tiempo la convocatoria a un acuartelamiento por parte del sindicato policial Apropol, denunció a sus jefes por instigación a cometer delitos y recurrió en forma discreta al gobierno nacional. Así, la movilización se produjo pero no hubo abandono del servicio como en Córdoba. El de Buenos Aires coordinó acciones desde el primer momento con la Nación y juntos establecieron un comando ubicado cerca del cruce estratégico entre las avenidas Ri-ccheri y Camino de Cintura, como para señalar el corrimiento del eje y el centro de gravedad. Es fácil perderse en las diferencias, pero más importantes son las similitudes de fondo, entre tres provincias de un mismo país, con un único esquema productivo.

Con alta probabilidad dentro de dos años se medirán en las urnas el Peornismo Opositor, el acuerdo radical-socialista y el Frente para la Victoria, ninguno de los cuales tiene todavía un candidato que sobresalga en forma excluyente sobre el resto, lo cual hace previsible que esta vez funcione a pleno la ley electoral que creó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Pero en las provincias gobernadas tanto por el cordobesismo conservador de José de la Sota, el socialismo liberal de Antonio Bonfatti y Hermes Binner y el peronismo de bajas calorías de Daniel Scioli, los cultivos transgénicos resistentes a su correspondiente herbicida se extendieron hasta la puerta de las ciudades, desplazando población y otras producciones de la agricultura de subsistencia y provisión para el consumo y encareciendo el valor de la tierra urbana. La concentración y los altos precios internacionales produjeron un enorme excedente que se volcó a la inversión inmobiliaria. Pero a falta de regulación estatal, una parte de las unidades construidas en torres o barrios cerrados permanecen desocupadas, como reserva de valor, mientras una cantidad equivalente o mayor de familias carece de recursos para acceder a la vivienda y se asientan de modo precario en terrenos de baja calidad, anegables y/o con acceso deficiente a los servicios esenciales. La explosión del consumo de un sector y la imposibilidad de equiparación para el resto constituye el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía ilegal como forma de acceso a un universo tan dorado como prohibido. La regulación de ese mercado es una de las tareas principales de las policías, que reclutan varones jóvenes de esos sectores para delinquir. El diputado electo Felipe Solá merecería ser recordado en estos días. Como Secretario de Agricultura autorizó en 1996 a producir y comercializar la semilla y los productos y subproductos de la soja de Monsanto tolerante al herbicida glifosato. Como gobernador de Buenos Aires, impulsó en 2005 la ley por la que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas cayó en manos de policías, fiscales y jueces provinciales, en los que se delegó el control social y los negocios.

El esquema de gobernabilidad que Eduardo Duhalde implantó en Buenos Aires hace dos décadas tuvo más visibilidad que sus correlatos en Santa Fe y Córdoba, que no fueron diferentes. En cada caso, consistió en la delegación de la seguridad en la agencia policial, sin otra conducción política que el señalamiento tácito o explícito de la brecha social como territorio de su acción represiva, con algunos esporádicos intentos de reforma y la posterior restauración del esquema anterior. Lo fundamental no es el signo político del gobernador, porque el problema subyacente es estructural. Los dos presidentes Kirchner son los que mejor se aproximaron al abordaje de cada uno de esos problemas, pero en esta materia nada es suficiente. Las retenciones diferenciales para estimular otros cultivos que resistan el avance de la soja; la reindustrialización y el mejoramiento del empleo formal (que en los últimos años se estancó, en especial entre los jóvenes); la construcción de viviendas y los créditos blandos para ello; la oferta a precios accesibles de terrenos con los servicios básicos, la duplicación del universo alcanzado por el sistema jubilatorio, la transferencia directa de ingresos por medio de la asignación por cada hijo menor de 18 años, el regreso al sistema educativo de grandes contingentes que habían quedado al margen, el mayor control de las fuerzas de seguridad, el cuestionamiento a la lógica fallida de la "guerra a las drogas" son pasos apreciables. Pero no han tenido la extensión, la densidad y la persistencia necesarias para romper con la inercia favorable a los poderosos intereses que prosperan con el estado de cosas vigente, por lo cual la regresión es siempre posible. Las dificultades son enormes y se manifiestan de muy distintas formas. La resistencia a las retenciones casi acaba con el gobierno de CFK en 2008 y los intentos de reducir la gravitación del comercio exterior de soja están limitados por la importancia de los ingresos que permiten sostener los programas sociales, exhibiendo el peligro de impulsar una política de reparación con el mismo motor que dio fuerza al daño. Mientras otros países de la región han reprimarizado sus economías, en la Argentina creció la significación de las Manufacturas de Origen Industrial, pero el déficit de la balanza comercial de esas MOI consume la mayor parte del superávit total. La relación con las fuerzas de seguridad osciló entre la laxitud y el control por parte del poder político, según de qué ministrx dependieran. Esto impidió consolidar una política, si bien la diferencia con las fuerzas provinciales es sideral, aún en el peor momento. Desde la gestión de Aníbal Fernández hasta la de Sergio Berni, el gobierno nacional ha objetado el paradigma estadounidense de la denominada guerra contra las drogas, cuyo fracaso es ostensible. Sin embargo, hasta ahora no ha derogado la ley que penaliza la tenencia para el consumo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia la considera inconstitucional, no ha puesto en cuestión que se haya provincializado la represión del comercio minorista de estupefacientes, ni ha sabido crear una Agencia Nacional, como la que Gran Bretaña acaba de establecer, con cuatro comandos y sus respectivas áreas de responsabilidad: criminalidad organizada, delincuencia económica, fronteras y explotación infantil/protección online.

Según el periodista cordobés Dante Leguizamón, en el oeste de la ciudad y en la zona cercana al acuartelamiento fue evidente la organización y coordinación de los saqueos por la propia policía. Primero pasaban motos cuyos tripulantes sólo rompían las vidrieras, detrás otras motos que precedían a unas camionetas muy chetas en las que comenzaba a cargarse la mercadería saqueada, y recién después el contagio generalizado. Una vez cerrado el acuerdo con la aceptación de todas las condiciones de los alzados, De la Sota los envió a que hicieran lo que mejor saben y más les gusta. Como en una intensificación de la práctica cotidiana, usaron los peores modales para recuperar parte de los bienes robados en la zona que antes habían liberado. El antropólogo Pablo Semán tampoco cree en la espontaneidad del saqueo, pero prefiere detenerse sobre las condiciones estructurales que lo hacen posible. Especializado en temas de cultura popular, viaja a Córdoba varias veces por año. Es hijo del militante detenido-desaparecido Elías Semán, y vivió allí durante parte de su infancia, lo cual refuerza el interés de su visión. Semán compara con los bantustanes sudafricanos las ciudades dormitorio, o satélite, surgidas de la erradicación de villas que ocupaban terrenos apetecidos por la especulación inmobiliaria y del boom de la soja y la consolidación de la industria automotriz. Sus jóvenes pobladores son víctimas de retenes policiales sistemáticos "por portación de edad, cara, o zapatillas inconsistentes con el prejuicio del observador", dice Semán. También el ex diputado radical y ex fiscal de Estado Miguel Ortiz Pellegrini dijo que las escenas nocturnas, con disparos que se escuchaban en diversos puntos de la ciudad, le hicieron recordar "a las películas del Apartheid". La diferencia es que él representó en las negociaciones a los policías sublevados. Cada vez que Semán viaja a Córdoba le asombra "la debilidad relativa de la presencia numérica de aquellos sujetos que el racismo impiadoso de Córdoba podía llamar negrazones", que fueron segregados en esas ciudades dormitorio. "En tiempos normales en Córdoba hay mucha policía en la calle." Esa "gendarmería permanente, beligerante y numerosa" constituye un factor vital del orden social imperante, que aisló a los negros en las ciudades dormitorio. "Y es de esperar que si se ausenta, ese orden no funcione en automático." La contraparte es Nueva Córdoba, "barrio emblemático de los beneficios del boom de la soja, con verdulerías decoradas al modo de Nueva York, vinerías finas, panaderías francesas, fotocopiadoras de lujo, casas de ropa de marca y locales nocturnos para la diversión de miles de estudiantes que vienen desde las prósperas localidades vinculadas a la expansión del agronegocio". Esa población de estudiantes "no gasta menos de 20.000 pesos mensuales y viaja habitualmente a Estados Unidos, Europa y el Caribe". Allí, hasta en los "puestos viles", como dependientes de almacén, repositores o asistentes de limpieza se ve la presencia dominante de hijos de colonos gringos, más pobres, pero blancos. "La policía garantizaba ese orden, que se aceitaba con los recursos que el narcotráfico le derivaba a la policía y que ha perdido transitoriamente su lubricante", a raíz de las denuncias sobre el narcoescándalo que lesionaron el pacto de delegación y gobernabilidad con el gobierno provincial (esto último no es cosecha de Semán sino propia). Cuando el reaseguro policial desaparece, emerge el carácter masivo del horror. "La Córdoba dividida y desigualada a la fuerza ha mostrado por un segundo la arquitectura y el dolor generalmente enmudecidos de su constitución social", concluye el calificado observador.

Ciudad del boom, ciudad del bang es el título del documental de Martín Céspedes que puede verse en Internet (http://www.youtube.com/watch?v=si952Ed7Vu0). Se refiere a Rosario y su zona de influencia, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Arroyo Seco, con datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos de la Gobernación de Santa Fe y del Club de Investigaciones Urbanas. Desde la crisis de 2001 y los presuntos asados de gato, hasta 2007, la extraordinaria renta sojera pobló la costa de edificios de lujo. Los permisos para construir esos edificios denominados multivivienda, con y sin locales, se multiplicaron por 7,6 comparando 2001 con 2007 y por cinco con 2012. Entre 2005 y 2013 la Municipalidad de Rosario autorizó la construcción de 3,6 millones de metros cuadrados, de los cuales el 79 por ciento en la zona céntrica. Esto representa el 14 por ciento de la superficie total del distrito. Esa es la ciudad abarcelonada que se muestra a los turistas, cuyo aflujo se duplicó. Pero según el censo nacional de 2010, casi el 20 por ciento de las viviendas particulares están vacías. Si allí se ve el boom, el bang se escucha al norte y al sur de la ciudad, donde se amontonan como pueden los desalojados por el movimiento de pinzas entre el avance de las tierras rurales y el de los barrios privados. Villa Moreno, en la periferia sur, desemboca "en un casino cinco estrellas con palmeras imitación Miami", sostiene el documental, que la califica como zona liberada por los transas. "La vida narco proyecta imágenes de felicidad fulgurante para los miles de pibes de esta sociedad inflamada de consumo. También reparte plomo", afirma otra placa. El dato no es secreto: con 183 homicidios, Rosario es la ciudad record del país. El film concluye con el inquietante vaticinio de un militante social del Bodegón Cultural casa de Pocho Lepratti: "El grado de violencia que crece en los barrios, en algún momento va a volver, lamentablemente de la peor manera". Durante los 24 años de gobiernos justicialistas, la policía respondió a un esquema clásico que un funcionario judicial describe como "marcada de territorio o cancha, espacios y materias donde se podía delinquir y donde no, recaudación centralizada, distribución equitativa de lo producido por las economías delictuales y garantía de impunidad vía poder judicial controlado".

Luego de los dos primeros años en que intentó romper con este esquema, controlar a la policía y modernizar la Justicia, Binner se rindió y designó como ministro de seguridad al director del registro civil, el abogado Alvaro Gaviola, sin la menor experiencia en la materia. "Esa fue una clara señal para la Policía Santafecina acerca de que había piedra libre para cualquier cosa. Y así ocurrió. Comenzó una feudalización de las cajas recaudatorias en las diversas áreas policiales. Obviamente, la que más comenzó a recaudar y a desmadrarse fue la de Drogas." Este es el origen del descontrol, la multiplicación de la violencia y las muertes relacionadas con el control geográfico de la ciudad. Cuando la justicia y la policía federales comenzaron a desmantelarlo, Bonfatti denunció una injerencia del gobierno central. Hasta que le balearon la casa y entendió que el juego se estaba poniendo demasiado peligroso. "La ciudad estallada en los márgenes se cuela en la ciudad protegida, ciertos homicidios (que la prensa oficial llama ajustes de cuentas), aparecen rondando calles macro céntricas, y entonces el gobierno reacciona. La sangre no debe salpicar a la ciudad turística", dice el funcionario judicial.

Ayer se cumplieron tres años de la ocupación del Parque Indoamericano en la conurbanizada zona sur de la Ciudad Autónoma, donde se concentran la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza, el más alto porcentaje de hogares hacinados, los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas. Su motivo transparente fue el déficit habitacional, que afecta a cerca de medio millón de personas en la Capital y que permanece sin solución. La causa por la represión policial que causó la muerte de tres personas, no avanza. En cambio sí progresa la de la justicia porteña por usurpación contra los referentes sociales que en el peor momento de la crisis lograron abrir el diálogo con las autoridades políticas. La Nación y la Ciudad anunciaron entonces un plan conjunto de viviendas, pero tres años después ni siquiera definieron en qué terrenos se edificarían. Esta semana se cumplió además un año de la promulgación de la ley bonaerense de hábitat y vivienda, un moderno instrumento de regulación del uso de la tierra, que sin avasallar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, contempla también la problemática angustiante de la vivienda popular. Pero el gobierno provincial primero resistió su sanción, luego demoró su publicación en el Boletín Oficial y aún no la reglamentó, con lo cual es como si no existiera. Ese es el problema central que nadie enfrenta y que torna tan vergonzoso como incomprensible que el gobierno nacional haya suprimido la función social de la propiedad del proyecto de reforma, unificación y modernización de los códigos civil y comercial de la Nación.