Controvertida licitación
Apertura. 10 de marzo: 17 días después de convocarla, se inicia la megalicitación por $130 millones.
En representación de la empresa Constructora Ing. Eduardo Biagi, Eduardo Biagi presentó una nota a este diario aclarando algunos puntos sobre la licitación de las mil viviendas por 130 millones de pesos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que a su criterio son erróneos.
Como participante de la licitación, Biagi dice sentirse afectado en su honorabilidad por lo expresado en esta columna al respecto el sábado pasado, donde estima que "se deja entrever que las empresas participantes actuaron en connivencia con el organismo licitante". Y luego sostiene que es falso que entre los requisitos exigidos a las firmas para entrar en la contienda estuviera el de que fueran propietarias de los terrenos donde se edificarán los barrios y las certificaciones de factibilidad de las conexiones a las redes de luz, agua y vial. Lejos está de las intenciones de El Ancasti ofender a Biagi, pero la información publicada es cierta, como lo es todo lo que este diario publica.
El 20 de marzo pasado, El Ancasti informó que 27 empresas se habían presentado para competir en las 25 licitaciones en que se dividió la megaoperatoria. Después de mucho insistir, las autoridades del IPV permitieron al diario acceder a los detalles de la licitación. Y las mismas autoridades admitieron que si bien algunas empresas presentaron propuestas con terrenos propios, la mayoría lo hizo con "compromisos de venta". O sea: buscaron propietarios de tierras y realizó las ofertas bajo la promesa de que, si resultaban adjudicadas, materializarían la adquisición para transferir los títulos al IPV. Tal maniobra era necesaria porque, en efecto, el IPV exigía que las empresas tuvieran los terrenos para construir los barrios. De modo que no es falso lo que El Ancasti dijo sobre la propiedad de los terrenos: las empresas debían tenerlos así sea como opción de compra. No podían participar sin las tierras. Tampoco es falso que tuvieran que contar con las certificaciones de factibilidad de las conexiones a las redes de agua, luz y vial, aunque el plazo para presentarlos se haya flexibilizado.
No hay acá nada personal en contra de Biagi ni de nadie. Tampoco hay por qué ofenderse. La sociedad catamarqueña pondrá 130 millones de pesos como mínimo para la megaoperatoria, lo que equivale a un 2,6% del Presupuesto 2011. Tiene, de tal manera, todo el derecho del mundo a conocer en detalle el tema y a indagar acerca de eventuales puntos oscuros. El Ancasti no se debe a Biagi o al IPV, sino a la sociedad de Catamarca, y por consiguiente plantea las dudas al respecto. Y bien que costó confirmar los datos para informar. Las dudas, en rigor, surgieron por el exiguo tiempo que tuvieron las empresas para confeccionar las ofertas y conseguir los terrenos y certificados de factibilidad exigidos. La convocatoria se publicó el 22 de febrero, los pliegos comenzaron a venderse el 23 y la presentación de ofertas se hizo el 10 de marzo: apenas 17 días, tiempo exiguo para una operatoria de esta envergadura, más si había que tener las tierras y la certeza de que las conexiones de servicios y calles o rutas serían factibles. Tal fue el planteo de este diario entonces y tal es al día de la fecha, aunque pocos se hayan hecho eco de él, vaya a saberse por qué. Lo mejor sería que alguien lo hiciera, pero esto no ha ocurrido. Lo que está en discusión no es la persona de Biagi o de los titulares de las empresas constructoras, sino el sistema de obras públicas provincial en su totalidad. La conclusión de muchos trabajos se demora, mientras otros se paralizan porque las firmas contratistas no tienen resto financiero para soportar los costos si el Estado no les paga durante un par de meses, o bien se encaran proyectos que no son prioritarios ni responden a las necesidades sociales, sino a caprichos. Revertir este caos es imperioso. Y el primer paso en tal sentido es asumir las deficiencias.