Controles y multas: qué dice la Ley de Abastecimiento que utilizará el Gobierno si empresarios no congelan precios

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti advirtió que aplicará “la ley de abastecimiento y de precios máximos” si no se cumple el congelamiento de precios planteado por el Gobierno a las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo y supermercados, con el objetivo de mantener precios estables de 1.247 bienes de la canasta básica por un plazo de 90 días.

El flamante secretario se anotó así en la lista de funcionarios que durante este siglo usaron, o amenazaron con usar, una norma que faculta al Poder Ejecutivo a determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, entre otras sanciones. En una ocasión, se llegó a insinuar que se usarían tanques de guerra para imponerla.

“Evidentemente si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”, sostuvo el funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo. En el marco de las conversaciones en curso, informó que los empresarios “van a mandar hoy una contraoferta” y que esto “el lunes va a estar definido de algún modo”.

La ley citada por Feletti fue sancionada en 1974, cuando la inflación se había escapado del control del gobierno.

En ese entonces, tras unos pocos años de relativa estabilidad a fines de la década del 60, bajo la gestión de Adalbert Krieger Vasena, período en el que la inflación anual se mantiene por debajo del 10%, la Argentina inicia una fuerte escalada de los precios, a un rango inicial del 40% en 1971, pero que empieza a espiralizarse al registrarse un salto del 64% el año siguiente.

Entre el 73 y el 74, el ministro José Ber Gelbard intentaba aplicar su “Pacto Social”. Aplicó un programa de precios y salarios en el Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y el Gobierno. El objetivo fue establecer una nueva distribución del ingreso en favor de los trabajadores, a través de un aumento en los niveles salariales y de las asignaciones familiares, que luego se trató de mantener a través de la intervención sobre el proceso de formación de precios.

El plan funcionó, con un descenso de la inflación y crecimiento económico. Pero al poco tiempo, la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio, lo que desembocó en menos de 2 años derivó en lo que fue el primer gran precedente de la hiperinflación, con lo que se dio en llamar el “Rodrigazo”, cuando el ministro Celestino Rodrigo liberó los precios y abrió las paritarias, y las empresas públicas no podían sostenerse con las tarifas congeladas.

El texto original fue modificado en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios o realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.

La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.

A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.

Antecedentes

En el pasado reciente, la Ley de Abastecimiento fue esgrimida repetidas veces aunque pocas veces aplicada.

En 2011, en una pelea que terminó en los tribunales, la Secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno, mediante una resolución, obligó a la petrolera Shell, en ese entonces comandada por el hoy exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, a retrotraer un aumento de los combustibles.

En 2012 apareció de nuevo, esta vez como amenaza. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner la mencionó como posibilidad ante un conflicto por el precio de la yerba mate que interrumpió las entregas de ese insumo a comercios.

“Esperemos que no nos hagan faltar la yerba, porque si no, va a haber problemas y vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento”, dijo la mandataria, pero no llegó a aplicar la Ley.

Un año más tarde, en cambio, en julio de 2013, el kirchnerismo dispuso aplicar la ley de Abastecimiento al trigo, mediante la resolución 67/2013, publicada en el Boletín Oficial otra vez con la firma de Guillermo Moreno.

“Los distintos sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo pan, condición estándar y harina para panificación derivada del mismo que detenten tenencia física de dicho producto deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno a partir del día de publicación de la presente resolución”, indicaba la medida.

Esa resolución fue finalmente derogada el 13 de enero de 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri.

Ya en 2019, también el gobierno de Mauricio Macri anunció que iba a aplicar la Ley de Abastecimiento, en aquella instancia, para impedir el aumento de precios de los combustibles. Finalmente, y sobre la hora, el entonces presidente decidió recurrir en cambio a un decreto de necesidad y urgencia para dictar un congelamiento por 90 días luego de su derrota en las PASO presidenciales de ese año seguida de una fuerte suba del dólar y una disparada de la inflación. Así, eludió recurrir a la vieja norma.

Más recientemente, el propio Alberto Fernández aseguró que no dudaría en aplicarla en noviembre de 2020 cuando durante las tensiones cambiarias que derivaron en una suba del dólar libre hasta los $195 se empezaron a registrar faltantes de materiales de construcción.

Las aplicaciones de ese texto llegan hasta principios de este siglo, cuando en medio de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Fernando De la Rua, seguida de una sucesión de cortos períodos presidenciales. En la semana que duró la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, José María Vernet, llegó a hablar de “poner tanques” en las puertas de los comercios para frenar subas de precios.

“Yo quiero recordar que no se ha tomado una medida y que si están actuando con estos precios vamos a tener que legislar. Y vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Soy Canciller, si fuera Ministro de Defensa haría lo que hizo el ejército israelí cuando hubo desabastecimiento. El ejército israelí en el momento de mayor desabastecimiento arrancó las persianas de los negocios”, dijo en una entrevista televisiva.