Controles eficaces para los planes sociales
* Por Eduardo Amadeo, diputado Nacional. Las políticas públicas para reducir la corrupción y mejorar el alcance de los planes sociales son posibles. A veces lo difícil es que el Gobierno quiera aplicarlas.
El programa "Oportunidades de México" es el más importante y completo programa social de Latinoamérica. Otorga subsidios a 5 millones de familias, condicionados a la concurrencia a la escuela de los hijos de los beneficiados, y 5 millones de becas estudiantiles, entre otras prestaciones, que implican 5.000 millones de dólares al año. A pesar de semejante inversión, no sólo las denuncias de corrupción se han reducido a un mínimo, sino que también se ha logrado mejorar enormemente el impacto que el componente alimentario del Programa tiene sobre la nutrición de los niños beneficiarios. ¿Cómo lo lograron? Sucede que éste y otros programas sociales mexicanos están bajo la supervisión del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), que controla, por medio de auditores independientes, el impacto o resultado de estos planes y coloca los resultados en Internet y aconseja al Congreso, según los resultados.
El efecto sobre la disminución de la corrupción y la mejora de la eficiencia en los planes ha sido impactante.
La exitosa experiencia de México no es una excepción. La evaluación del impacto de los programas sociales se ha convertido en una saludable moda en casi todo el mundo. Grandes Fundaciones, como la de Bill Gates, están invirtiendo en investigaciones que buscan mejorar los "cómos" de la política social y que logran demostrar que hay mejores y más baratas maneras de lograr resultados.
El nuevo paradigma es simple: medir qué efecto tuvo el gasto social sobre el bienestar de las personas y hacer públicos los resultados, confiando en que la presión social y política forzará a los gobiernos a mejorar.
Cuando se sabe que se va a medir el impacto del plan social, y que se van a exhibir los resultados del mismo, se produce un cambio copernicano. Ver el resultado obligará a hacer un buen diagnóstico del problema a resolver, diseñar bien el programa para solucionarlo, seguir su evolución, capacitar a los que trabajen en los programas, aprender de la experiencia, saber corregir y, además, controlar a dónde van los fondos.
Todo ello, en lugar de sacarse fotos con niños carenciados o ponerle a los programas sociales nombres conmovedores, como tienden a simplificar algunas administraciones.
Medir, aceptar equivocaciones, corregir y avanzar es el mejor favor que puede hacerse a las instituciones y sobre todo a los más pobres (que son las víctimas de las malas decisiones ).
Hace más de un año presenté un proyecto de ley para medir el impacto de los planes sociales y poner en marcha un organismo de evaluación de resultados similar al de México. El proyecto está firmado también por el PRO y el GEN. La diputada Gabriela Michetti también presentó un proyecto con objetivos similares. Hemos insistido en forma conjunta para que se debatan ambos y se logre una ley para medir el impacto de los planes sociales y el resultado de los fondos que se invierten en los mismos.
Ninguno de los dos proyectos logró ser discutido siquiera en una comisión porque el Gobierno no quiere y los demora con infinidad de excusas y dilaciones.
Las políticas públicas para reducir la corrupción y mejorar el alcance de los planes sociales son posibles. A veces lo difícil es que el Gobierno quiera aplicarlas.