Contra la trata, sin hipocresía

La decisión del Gobierno nacional de prohibir por decreto los avisos de oferta sexual fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández como "un gigantesco paso" contra la discriminación de las mujeres y contra "la doble moral y la hipocresía" de algunos sectores. Expresiones contundentes, sin duda, pero que eluden la verdadera hipocresía que impide avanzar con soluciones de fondo para la esclavitud sexual.

Nadie que se considere ser humano puede estar en desacuerdo con el combate frontal contra la trata de personas. Someter a hombres, mujeres o niños y lucrar con ellos obligándolos a prostituirse denigra la condición humana. Pero es curioso que se plantee como eje de ese combate a la prohibición de avisos sobre el ejercicio de la prostitución.

En primer lugar, porque –aunque muchos lo desconozcan– la prostitución es legal en la Argentina, siempre que sea ejercida por adultos, sin exhibiciones escandalosas y sin la intervención de proxenetas o explotadores.

Es cierto también: en pleno siglo 21, nadie debería consentir que la prostitución sea para muchas personas la única forma para salir de la pobreza. Pero el tema exige un abordaje integral, que plantee alternativas a mujeres y hombres –en esto no hay discriminación de sexos– que recurren a vender su cuerpo para subsistir.

Corresponde, pues, separar el tema de la prostitución del de la trata de personas, aunque el objetivo de las redes que se dedican a esta última por lo general sea la explotación sexual y el sometimiento a condiciones de virtual esclavitud.

¿Qué se ha hecho en la Argentina para combatir "a fondo" la esclavitud sexual? Mucho menos de lo que se espera que sea una lucha encarnizada y de largo plazo contra este flagelo.

En abril de 2008, la nueva ley de trata agravó las penas y sentó las bases para la investigación federal de estos delitos. Tres años después, los resultados son pobrísimos. En Córdoba, hubo sólo una persona condenada. Otros ocho juicios están pendientes, todos con imputaciones individuales, sin mención a grupos organizados.

Una lucha "a fondo" contra la esclavitud sexual supondría un rol más intenso del Estado en torno de los prostíbulos y whiskerías que pululan a la vera de las rutas, en todo el país. ¿Acaso nadie los ve? Sí, pero siguen más activos que nunca, con la venia de municipios; con la complicidad de muchos policías, jueces y dirigentes políticos, y financiando la "caja chica" de las fuerzas de seguridad.

Si se sospecha que detrás de algunos avisos se esconden redes de trata, ¿por qué no se los utiliza para detectar esos casos y detener a los responsables? No es función de los medios el control de quienes delinquen, sino del Estado, en todos sus niveles. Sería como prohibir avisos de venta de autos usados porque se detectan ofertas de vehículos robados.

La delegación Córdoba de la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar), que agrupa a las trabajadoras sexuales, advirtió que el decreto no sólo no acabará con las redes de trata sino que, además, cercena el derecho constitucional a publicitar servicios de una actividad no prohibida.

No es la publicidad lo que impide afrontar el problema, sino el oscurantismo. Y la inacción. Por ineptitud o por complicidad. Allí reside la hipocresía.

Si realmente la Presidenta decide encarar el combate contra la trata, tendrá todo el acompañamiento de este diario. Si lo que busca sólo es sacar el foco de atención sobre los verdaderos responsables para hacer caer el peso de ese combate sobre la prensa –en un nuevo capítulo de su estrategia para demonizarla–, tendrá en este medio un crítico tenaz.

En pocos días más, La Voz del Interior adecuará sus avisos clasificados a las pautas del decreto, aun cuando subsisten dudas sobre el alcance y la legalidad de la norma. Quisiéramos creer que, en simultáneo, Argentina ya no será un paraíso para la trata de personas.