Constitución, ¿estás ahí?

Nuestra Constitución es "madre" de toda legislación vigente. En consecuencia, todo el universo jurídico aplicable en el territorio nacional, provincial y municipal debe subordinarse obligatoriamente a uno o más de sus artículos supremos.

No obstante su índole y alcurnia para cada momento de las realidades –la social, la política, la económica y jurídica– duele verificar que el elector nacional, en general, no sabe, no se ocupa, no se informa ni se interesa mucho sobre nuestra Carta Magna.

Esa necedad es concomitante con la ausencia de una docencia elemental, fincada en los principios esenciales, deberes, derechos y garantías ordenados, decretados y establecidos con categoría de Preámbulo.

Siempre están cercanos (con algunos resabios intermitentes) tiempos nefastos en los cuales nuestros principios constitucionales e ideales democráticos fueron subvertidos por intervenciones armadas aliadas con dictaduras, corporaciones, autocracias y muchos civiles.

Malos ejemplos. De modo consecuente y coherente, transcurridos más de 25 años de práctica democrática resulta propicio, necesario y cívicamente correcto que empecemos a vincular y comprometer nuestras vidas –la individual y la comunitaria– con las reglas y los principios constitucionales, para lograr la consolidación y una aplicación constitucional plena –sin abusos ni omisiones– en categoría, calidad y perspectiva de "continente" para cada ciudadano y para todo poder legítimo.

Eso se acentúa cuando vemos crecer en forma imparable e inaceptable la inmoralidad, la corrupción, el narcotráfico, la ilegalidad, el nepotismo y la improbidad en el comportamiento de funcionarios y agentes de toda instancia y jurisdicción. No obstante, la eficacia constitucional tiene respuestas para todo eso, como para nuestros derechos y deberes que nacen juntos, sin capacidad de subsistir los unos sin los otros.

¡La Constitución está! Sólo que demasiadas veces se la ignora o se la "esconde" en el marasmo de la impunidad, razón más que suficiente para estimular e impulsar todas las acciones y decisiones razonables y adecuadas para desterrar esos tristes, repugnantes y reprochables episodios cotidianos y cuasi estructurales. Sin desanimarnos, es preciso reconocer que nuestra tradición política tiene marcados desencuentros con la vigencia y aplicación constitucional.

Por eso mismo debemos unir y reunir de manera mancomunada los esfuerzos necesarios para dar vida en plenitud a nuestra ley mayor, puesto que sólo a partir de ella podemos recomponer la esencia constitucional. Y esto lo podremos constatar recién a partir de modos efectivos y prácticos en la traducción, expansión, vigencia y goce de los derechos.

Los mecanismos para la realización y preservación de tales derechos –como la amplitud y los límites de la actuación del poder público–deben implicarse indisolublemente entre democracia y derecho, tanto en el espacio interno y regional de la nación cuanto en las relaciones con el exterior.

Para que el esfuerzo sea bien realizado, el pueblo debe conocer (y hacer valer) por lo menos la suma de sus garantías fundamentales: nutrición (Chaco, Formosa, Salta, Jujuy), salud, educación, trabajo decente en el campo y en la ciudad, vivienda, seguridad, ambiente sano, servicios públicos esenciales, tarifas e impuestos justos y razonables, valor de la moneda, ética, equidad, justicia y paz social, así como el modo de asegurarlas, dando prioridad al bien común.