¿Consejero obrero en las cooperativas?

La Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza se habría propuesto imponer, de manera ilegal e inapropiada, un "consejero obrero" en el consejo de administración de cada cooperativa eléctrica, no obstante expresas limitaciones legales en ese sentido. Éstas tienen que ver con:

1) Los consejeros deben ser asociados.

2) Los consejeros no deben percibir sueldos, honorarios o comisiones cooperativas.

3) No deben tener intereses contrarios ni actividades en competencia.

4) Todo ello sin perjuicio del principio de estas empresas de servicios en cuanto a su inherente neutralidad política, sindical, religiosa, de nacionalidad, región o raza.

En abierta violación de la ley y con la eventual complicidad del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), el gremio lucifuercista podría conseguirlo en la Cooperativa Bonaerense de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores, con el "apoyo" del Ministerio de Trabajo de la Nación. Si prosperara semejante leading case ("caso testigo"), intentaría asegurarse una representación en cada cooperativa eléctrica que opera en el país.

¿Paradójico? En nuestro país, a partir de su primera cooperativa eléctrica localizada en Punta Alta, provincia de Buenos Aires (1926), los trabajadores son generalmente también asociados a la cooperativa eléctrica, pero siempre con las limitaciones antedichas, propias de las prohibiciones e incompatibilidades legales vigentes y subordinadas a las buenas prácticas, a la moral y a las recíprocas costumbres éticas, las cuales alcanzarían de manera pareja y simétrica al propio sindicato. Eso mismo justifica y explica que los directorios o consejos de administración de las empresas de energía públicas, privadas, mixtas y cooperativas no estén integrados por representantes sindicales.

Con toda lógica y de modo comprensible, ningún gremio permite en su conducción y gestión participación alguna de empresarios privados, cooperativos o públicos. Pero esto no es comparativo, analógico, asimilable ni equiparable a la necesidad y legitimidad de la participación de un representante del sector cooperativo eléctrico en el directorio de una empresa pública de energía, como, asimismo, en entes y agencias de regulación, control y sanción del servicio.

Finalmente, frente a tamaña angurria sindical vernácula, acicateada oficialmente sin medir sus consecuencias, y ante agobiantes discriminaciones y bonificaciones positivas acordadas por Luz y Fuerza con gobiernos no democráticos (por ejemplo, el pago de la BAE en Córdoba), urge una manifestación pública contundente de la Federación de Cooperativas Eléctricas, del Inaes, del Ministerio de Trabajo de la Nación y de las provincias en rechazo de aquella pretensión.

Esto no sólo a los fines de impedir y revertir intromisiones, interferencias, bloqueos y aprietes sindicales al sector eléctrico cooperativo, sino para velar por el estricto cumplimiento de las leyes, de los principios y del marco axiológico cooperativos. Todo ello, además, sin perjuicio de las responsabilidades personales, solidarias e ilimitadas de todos y cada uno de los consejeros, gerentes, síndicos, auditores cooperativos y de las autoridades de regulación pública cooperativa y funcionarios oficiales, que de forma incomprensible e inaudita hubieran consentido o consintieran de modo complaciente e ilegal que se avance con una absurda y caprichosa aspiración sindical. Frente a ésta, siempre formularemos los reparos más severos, con las más concretas denuncias de cada caso.