Confesión de parte
Por Mario Wainfeld* Una sentencia sorpresiva. Plazos que se acortan: sorpresas y silencios.
Lo que se va haciendo a pesar de la cautelar, lo que no se puede cambiar por ahora. Un grandote denuncia discriminación. Lo que va de 2008 a hoy.
La sentencia de la Corte Suprema en la causa "Clarín" fue sorpresiva, de gran impacto político. Reparó, parcialmente, errores previos del propio Tribunal, en especial la excesiva transigencia con que venía acogiendo el afán dilatorio del multimedios. Este martes, el Tribunal se hizo cargo y produjo una resolución que altera el escenario. La cautelar tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre próximo. Desde entonces, el Estado le puede exigir a Clarín la adecuación de las licencias a las preceptivas antitrust de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).
Los fundamentos son muy severos con la actora. Repasemos algunos:
- La demanda principal no avanzó en buena medida por la reprobable conducta procesal de Clarín.
- Las cautelares deben regir por tiempo restringido, de lo contrario se desnaturaliza su función. Jamás deben suplir el rol de los reclamos de fondo.
- Por añadidura, los cortesanos cuestionan a los letrados del oligopolio, les señalan que nada probaron y casi nada dijeron sobre que la ley vulneraría la libertad de expresión.
Subsisten, opina este cronista, críticas retrospectivas para la Corte. Nunca debió convalidar la cautelar. En octubre de 2010 debió revocarla o, como poco, fijarle un plazo (misión reenviada al juez de Primera Instancia Edmundo Carbone, quien la eludió). El martes lo equitativo era poner fin a la cautelar, le concedió una sobrevida hasta diciembre. De cualquier modo, les puso coto a las chicanas de Clarín, acortó sensiblemente los plazos, produjo un cimbronazo político.
- - -
La primacía de la política: Clarín siempre jugó sus mejores bazas a la política. Apostó a que el paso del tiempo limara el poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o que ésta perdiera las elecciones de 2011.
La demanda por inconstitucionalidad fungió como simulacro, como mero soporte de la medida cautelar. Su función era garantizar que el partido se disputara en otra cancha (sobre las peripecias del expediente, ver recuadro aparte).
No es sólo una lectura de este cronista. Son confesiones de parte, brotadas tiempo atrás de representantes del gran perdedor del martes ante "la Justicia".
Dos libros recomendables aportan información confiable surgida de los célebres cables del Departamento de Estado: ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell, y Wiki Media Leaks, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. O’Donnell, periodista que trabaja en Página/12, reseña reuniones entre la Embajada y varios popes del Grupo Clarín, en septiembre de 2008. Allí todos alardearon de que el poder del Gobierno estaba en baja, tanto que la Embajada tituló al respectivo párrafo de su cable "Ley de medios. El susto ya pasó". No fue muy certero en el pronóstico.
Becerra y Lacunza recogen una reunión de la embajadora Vilma Martínez con el interlocutor periodístico dilecto: Morales Solá. Ocurrió cuando la ley contaba con media sanción de Diputados. JMS (así apoda la Embajada al editorialista) se mostró optimista (e indicativo) sobre el futuro. "Morales Solá (...) dijo que él y otros críticos esperan que salga del Senado tan horrible como sea posible, así serán más las trabas en los Tribunales. En el futuro, ya sea el nuevo Congreso (que asumiría en diciembre, de acuerdo a los resultados de junio) o más probablemente el Gobierno que reemplace a los Kirchner en 2011 desechará la ley e intentará hacer otra." El objetivo y los instrumentos quedaban expuestos, diáfanos. El horizonte deseado e inexorable: la elección de 2011. "Puede fallar", decía el filósofo empirista Tu Sam. Falló.
Sin saberlo ni intuirlo, la oposición parlamentaria, la mayoría del extinto Grupo A, fue funcional a la vanguardia corporativa: se retiró del recinto para no votar la LdSCA y vaciarla. Y prenunció lluvia de litigios.
El detalle inesperado (aunque esperable, si se leía bien la realidad) fue que el Gobierno revalidó en las urnas, lo que dejó pedaleando en el aire a quienes especulaban con su caída como presupuesto del fin de la ley de medios.
La medida cautelar, urdida como un medio para retardar la ley mientras se producía un desenlace político, se transformó en la tabla de salvación. La Corte desbarató, en buena medida, el artilugio.
La sentencia de la Corte Suprema en la causa "Clarín" fue sorpresiva, de gran impacto político. Reparó, parcialmente, errores previos del propio Tribunal, en especial la excesiva transigencia con que venía acogiendo el afán dilatorio del multimedios. Este martes, el Tribunal se hizo cargo y produjo una resolución que altera el escenario. La cautelar tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre próximo. Desde entonces, el Estado le puede exigir a Clarín la adecuación de las licencias a las preceptivas antitrust de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).
Los fundamentos son muy severos con la actora. Repasemos algunos:
- La demanda principal no avanzó en buena medida por la reprobable conducta procesal de Clarín.
- Las cautelares deben regir por tiempo restringido, de lo contrario se desnaturaliza su función. Jamás deben suplir el rol de los reclamos de fondo.
- Por añadidura, los cortesanos cuestionan a los letrados del oligopolio, les señalan que nada probaron y casi nada dijeron sobre que la ley vulneraría la libertad de expresión.
Subsisten, opina este cronista, críticas retrospectivas para la Corte. Nunca debió convalidar la cautelar. En octubre de 2010 debió revocarla o, como poco, fijarle un plazo (misión reenviada al juez de Primera Instancia Edmundo Carbone, quien la eludió). El martes lo equitativo era poner fin a la cautelar, le concedió una sobrevida hasta diciembre. De cualquier modo, les puso coto a las chicanas de Clarín, acortó sensiblemente los plazos, produjo un cimbronazo político.
- - -
La primacía de la política: Clarín siempre jugó sus mejores bazas a la política. Apostó a que el paso del tiempo limara el poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o que ésta perdiera las elecciones de 2011.
La demanda por inconstitucionalidad fungió como simulacro, como mero soporte de la medida cautelar. Su función era garantizar que el partido se disputara en otra cancha (sobre las peripecias del expediente, ver recuadro aparte).
No es sólo una lectura de este cronista. Son confesiones de parte, brotadas tiempo atrás de representantes del gran perdedor del martes ante "la Justicia".
Dos libros recomendables aportan información confiable surgida de los célebres cables del Departamento de Estado: ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell, y Wiki Media Leaks, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. O’Donnell, periodista que trabaja en Página/12, reseña reuniones entre la Embajada y varios popes del Grupo Clarín, en septiembre de 2008. Allí todos alardearon de que el poder del Gobierno estaba en baja, tanto que la Embajada tituló al respectivo párrafo de su cable "Ley de medios. El susto ya pasó". No fue muy certero en el pronóstico.
Becerra y Lacunza recogen una reunión de la embajadora Vilma Martínez con el interlocutor periodístico dilecto: Morales Solá. Ocurrió cuando la ley contaba con media sanción de Diputados. JMS (así apoda la Embajada al editorialista) se mostró optimista (e indicativo) sobre el futuro. "Morales Solá (...) dijo que él y otros críticos esperan que salga del Senado tan horrible como sea posible, así serán más las trabas en los Tribunales. En el futuro, ya sea el nuevo Congreso (que asumiría en diciembre, de acuerdo a los resultados de junio) o más probablemente el Gobierno que reemplace a los Kirchner en 2011 desechará la ley e intentará hacer otra." El objetivo y los instrumentos quedaban expuestos, diáfanos. El horizonte deseado e inexorable: la elección de 2011. "Puede fallar", decía el filósofo empirista Tu Sam. Falló.
Sin saberlo ni intuirlo, la oposición parlamentaria, la mayoría del extinto Grupo A, fue funcional a la vanguardia corporativa: se retiró del recinto para no votar la LdSCA y vaciarla. Y prenunció lluvia de litigios.
El detalle inesperado (aunque esperable, si se leía bien la realidad) fue que el Gobierno revalidó en las urnas, lo que dejó pedaleando en el aire a quienes especulaban con su caída como presupuesto del fin de la ley de medios.
La medida cautelar, urdida como un medio para retardar la ley mientras se producía un desenlace político, se transformó en la tabla de salvación. La Corte desbarató, en buena medida, el artilugio.