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Condenaron a perpetua a tres jueces que fueron cómplices de la dictadura militar
Habían sido condenados en 2017 y colaboraron con la represión en Mendoza.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó los recursos de casación interpuestos por la defensa y, condenó con perpetua a cuatro jueces por complicidad en distintos delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en Mendoza.
Se trata de los ex jueces Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren quienes fueron condenados en julio de 2017.
También había sido condenado a la misma pena el ex juez Luis Miret, quien murió dos meses después de la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza que estuvo integrado por los camaristas Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade. En aquel juicio hubo tres absoluciones, siete penas de entre 15 y 20 años de prisión y 12 perpetuas. También hubo cinco condenas que incluyeron la figura de los delitos sexuales.
Las condenas a los ex jueces federales y a otras personas se establecieron en la denominada Megacausa Mendoza IV -compuesta por 15 causas acumuladas- en la que se juzgó a una multiplicidad de imputados pertenecientes a las fuerzas armadas, la policía, el servicio penitenciario y, además, a los ex magistrados federales por su actuación como integrantes del Poder Judicial de la Nación.
La Sala IV confirmó la condena de los imputados -según el caso- por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición agravada de tormentos, homicidio calificado, robo, abuso deshonesto, violación, allanamiento ilegal de morada, omisión de promover la persecución penal y asociación ilícita.
En particular, se convalidó la sentencia que condenó a prisión perpetua a tres ex magistrados federales como partícipes primarios de diversos delitos de lesa humanidad cometidos antes y después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en razón de haber prestado una colaboración esencial y necesaria mediante su inactividad y haber asegurado así, desde su posición de magistrados garantes de la legalidad en esa época, la impunidad de los operadores del aparato represivo.
Además, la Casación –también por unanimidad- hizo lugar a los recursos de la fiscalía y de la parte querellante en por lo cual anuló absoluciones de distintos imputados e hizo lugar a planteos en los que se reclamaban calificaciones legales más graves y penas más altas.
Se trata de los ex jueces Otilio Romano, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren quienes fueron condenados en julio de 2017.
También había sido condenado a la misma pena el ex juez Luis Miret, quien murió dos meses después de la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza que estuvo integrado por los camaristas Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade. En aquel juicio hubo tres absoluciones, siete penas de entre 15 y 20 años de prisión y 12 perpetuas. También hubo cinco condenas que incluyeron la figura de los delitos sexuales.
Las condenas a los ex jueces federales y a otras personas se establecieron en la denominada Megacausa Mendoza IV -compuesta por 15 causas acumuladas- en la que se juzgó a una multiplicidad de imputados pertenecientes a las fuerzas armadas, la policía, el servicio penitenciario y, además, a los ex magistrados federales por su actuación como integrantes del Poder Judicial de la Nación.
La Sala IV confirmó la condena de los imputados -según el caso- por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición agravada de tormentos, homicidio calificado, robo, abuso deshonesto, violación, allanamiento ilegal de morada, omisión de promover la persecución penal y asociación ilícita.
En particular, se convalidó la sentencia que condenó a prisión perpetua a tres ex magistrados federales como partícipes primarios de diversos delitos de lesa humanidad cometidos antes y después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 en razón de haber prestado una colaboración esencial y necesaria mediante su inactividad y haber asegurado así, desde su posición de magistrados garantes de la legalidad en esa época, la impunidad de los operadores del aparato represivo.
Además, la Casación –también por unanimidad- hizo lugar a los recursos de la fiscalía y de la parte querellante en por lo cual anuló absoluciones de distintos imputados e hizo lugar a planteos en los que se reclamaban calificaciones legales más graves y penas más altas.
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