Condenan a Lula da Silva a 12 años de prisión en nuevo caso de corrupción
Lo decidió una jueza de primera instancia, que lo investiga por el supuesto cobro de sobornos en el marco de la causa Lava Jato.
La Justicia brasileña condenó este miércoles al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en otro caso por delitos de corrupción y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales. Se trata de otra investigación en el marco del gran operativo Lava Jato, en el que es sospechoso de haber recibido sobornos en el marco de una reforma en una quinta en el estado de San Pablo.
La sentencia de la jueza sustituta Gabriela Hardt, de primera instancia, es la segunda que condena a Lula en la operación Lava Jato en el estado de Paraná. Este fallo puede ser apelado, según informó el sitio G1 de la cadena Globo. Otras 12 personas fueron denunciadas en este proceso, entre ellos Marcelo y Emilio Odebrecht, de la constructora que lleva su apellido, y Leo Pinheiro, de la empresa OAS.
La magistrada estimó en su sentencia que "la culpabilidad (de Lula) es elevada", pues "recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar".
La noticia, con un retrato de Lula, fue tuiteada por el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien durante la campaña prometió que, de ser electo, el ex líder sindical iba a "pudrirse en prisión".
El ex presidente, líder del Partido de los Trabajadores, está preso en Curitiba desde abril de 2018, cumpliendo una pena de 12 años y un mes, decidida por un Tribunal Regional Federal de segunda instancia. Fue condenado por recibir un departamento en la localidad costera de Guarujá, en San Pablo, como soborno por parte de una constructora, a cambio de ser beneficiada en una obra pública. Por esa condena, Lula quedó inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales de octubre pasado.
En la nueva causa, la jueza Hardt consideró que Lula se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 271.000 dólares) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de San Pablo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al ex presidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la misma por parte de empresas que fueron favorecidas en su gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.
Las obras se hicieron con pagos en efectivo, sin que quedaran constancias, según la denuncia.
De acuerdo con los fiscales, el ex presidente "lideró el esquema criminal de modo consciente y voluntario", disimuló el origen de los valores invertidos en las reformas del lugar, que era era propiedad de los empresarios Fernando Bittar e Jonas Suassuna, informó el diario Folha de Sao Paulo.
La defensa de Lula ha negado siempre la responsabilidad del ex mandatario en estos delitos. El caso saltó a la luz en enero de 2016, cuando lo reveló Folha.
Lula enfrenta varias otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder.
Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años.