Con el recuerdo de los incidentes en Congreso, el Gobierno teme incidentes en la marcha de Hugo Moyano y refuerza la seguridad
La Ciudad estará a cargo del despliegue de efectivos, que contarán con equipos antidisturbios; buscan evitar choques violentos como ocurrió en diciembre.
Con los antecedentes de violencia política de diciembre todavía latentes, el presidente Mauricio Macri y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, resolvieron reforzar el operativo de seguridad para el acto del miércoles próximo en la avenida 9 de Julio, que encabezará el líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, en un nuevo capítulo de su creciente enfrentamiento con la Casa Rosada.
El plan se terminará de definir mañana, a las 11, en una reunión entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y representantes del sindicato de camioneros, de La Bancaria y de las organizaciones sociales y los partidos de izquierda.
El gobierno porteño ya tomó una resolución clave: la Policía de la Ciudad estará preparada ese día para intervenir y llevará todo el armamento antidisturbios que ordena el protocolo: postas de goma, gases lacrimógenos, escudos y carros hidrantes.
Por otro lado, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, acordó con los organizadores que habrá 2000 hombres de seguridad del sindicato de camioneros, que conduce Hugo Moyano, para que ellos se autorregulen y sean "ordenadores", y que no se desmadren sectores más radicalizados de la izquierda.
"Ellos son los más interesados en que no haya violencia, porque deslegitimará el acto", dijeron fuentes del gobierno porteño.
El triste recuerdo de los violentos enfrentamientos del 18 de diciembre en la Plaza del Congreso durante el debate de la reforma previsional llevó a Rodríguez Larreta a ordenar que la Policía de la Ciudad porte armamento antidisturbios como fija su protocolo. El reglamento indica que no debe llevar ningún tipo de armamento letal en concentraciones callejeras. En los incidentes de diciembre, la jueza en lo Contencioso Administrativo N° 6 de la Ciudad, Patricia López Vergara, había prohibido el uso de armas, incluso antidisturbios. La violencia se descontroló: hubo 162 heridos y 70 detenidos. La prohibición rigió solo para esa protesta.
Según conversaciones preliminares, Camioneros informó que se concentrarán unas 200.000 personas; se movilizarán en 4000 micros, y el palco estará sobre la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, mirando hacia la avenida San Juan.
El gobierno porteño no quiere permitir el estacionamiento de los colectivos en las avenida 9 de Julio ni Madero ni Huergo, según consigna La Nación. Ello congestionaría el tránsito que ingresa del norte por la autopista Illia y del sur a través de la autopista a La Plata. Una alternativa es destinar la avenida San Juan para ubicar los transportes. Sin embargo, en esa zona hay una sede de Camioneros donde se concentrarán militantes y ello impediría la descarga de micros desde la autopista 25 de Mayo. Todos esos detalles se conversarán mañana a las 11 en una reunión entre Marcelo D'Alessandro y los representantes del sindicato de camioneros, de Hugo Moyano; de La Bancaria, de Sergio Palazzo; de las organizaciones sociales Barrios de Pie, CTEP y CCC, y de los partidos de izquierda como el Partido Obrero (PO), e intendentes del conurbano de extracción kirchnerista.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrá a las fuerzas de seguridad federales acuarteladas en estado de alerta y reserva para el caso de una emergencia, como ocurrió el 18 de diciembre último.
Por aquellos graves desmanes, ninguno de los 70 detenidos quedó preso. El juez federal Sergio Torres procesó a activistas del PO, entre ellos, Cesar Arakaki y Dimas Ponce, luego liberados, y pidió la captura de Sebastián Romero, del Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT), prófugo pese a disparar contra los policías con un mortero casero.
El fiscal general Germán Moldes solicitó la semana última ante la Cámara Federal porteña que Arakaki y Ponce vuelvan a ser detenidos. Dijo que integran una "disciplinada y belicosa milicia semimilitarizada" y calificó el caso como "un alzamiento contra uno de los poderes del Estado". Por todos estos antecedentes, la Ciudad tomará recaudos. "Las fuerzas estarán en apresto en lugares cercanos, no visibles a la concentración, pero suficientemente cerca para actuar en caso de ser necesario", dijo una alta fuente porteña.
Todavía no está definida la cantidad de efectivos. En el gobierno de Rodríguez Larreta aseguran que Moyano está interesado en que no haya violencia para no enturbiar ni deslegitimar la marcha.
Sin embargo, la Casa Rosada dice que "Moyano quedará preso de la foto con todos los tirapiedras del Congreso". Y en términos políticos, evalúan, esa es una imagen que le suma al Gobierno por el contraste en popularidad.
Paradójicamente, el Gobierno también apuesta a que los 2000 hombres de seguridad de Camioneros contengan un desmadre de la izquierda, en la que Moyano no confía y hasta ayer enfrentaba, al igual que ocurrió con el kirchnerismo. La renovada pelea con Macri los volvió a juntar.