¿Cómo se puede vivir así?
La sucesión de conflictos sociales en las grandes ciudades del país, acompañada de violencia, requiere una nueva legislación.
La ciudad de Córdoba empezó esta semana con un paro de ómnibus y se anuncian para los próximos días medidas de protesta en ocho dependencias municipales. Ello pese a que la Municipalidad había acordado un aumento de sueldos del 13 por ciento para el primer semestre del año, lo que hacía esperar a los cordobeses un período de paz social con el municipio.
Era una ilusión, y los habitantes de esta ciudad se han acostumbrado a vivir más de frustraciones que de ilusiones. Ahora deben soportar el corte de servicios esenciales, como el control de la vía pública, Registro Civil, Servicio Odontológico, Hospital del Sur, Hospital Infantil, dispensarios, Hospital de Promoción Familiar y hogares de día, entre otros.
Por un lado, reclaman el pago de ítems salariales atrasados; por otro, de sueldos atrasados desde octubre del año anterior. ¿Adónde está, pues, el "megacuerdo" suscripto hace unos días entre el municipio y el gremio y anunciado por ambas partes.
Que estas cosas resultan inaceptables desde hace mucho tiempo, es algo sabido. Pero además resultan inentendibles e inexplicables. Los cordobeses están ganados por un inmenso rencor. El domingo por la noche, los usuarios se enteraron de que el lunes no habría transporte y el lunes se enteraron de que el martes tampoco se iba a disponer de transporte urbano público. ¿Qué ciudad puede vivir así?
En este caso, no hubo desacuerdo salarial de la Municipalidad con el Suoem, sino de Fetap con UTA, es decir entre los grandes protagonistas de los grandes conflictos de siempre. Para una ciudad de un millón y medio de habitantes, es algo que se puede soportar.
Puede aducirse que en los grandes conglomerados urbanos del país sucede lo mismo, lo que es cierto. Pero ello no es un justificativo. En la Argentina han aumentado los conflictos sociales de un modo desmesurado, por lo que se imponen legislaciones más severas y eficaces.
No se puede estar esperando que el Ministerio de Trabajo de la Nación o las secretarías o delegaciones provinciales dicten la conciliación obligatoria en plazos que pueden durar días.
Tiene que haber un cambio en las leyes de resolución y arbitraje de los conflictos sociales, lo que no significa vulnerar los derechos de los trabajadores, sino mejorar la legislación vigente, agilizar los trámites y, sobre todo, evitar los sacrificios de la población y asegurar en tiempo y forma la prestación de servicios esenciales.
Los conflictos sociales no pueden estar devorando la convivencia civilizada, ni convertir a las grandes ciudades en lugares invivibles.
La peor ley no es la más severa o la más estricta, o la más justa. La peor ley es la más endeble, la que no existe, la que más demora en llegar y a veces llega demasiado tarde, cuando los problemas no tienen solución.
Era una ilusión, y los habitantes de esta ciudad se han acostumbrado a vivir más de frustraciones que de ilusiones. Ahora deben soportar el corte de servicios esenciales, como el control de la vía pública, Registro Civil, Servicio Odontológico, Hospital del Sur, Hospital Infantil, dispensarios, Hospital de Promoción Familiar y hogares de día, entre otros.
Por un lado, reclaman el pago de ítems salariales atrasados; por otro, de sueldos atrasados desde octubre del año anterior. ¿Adónde está, pues, el "megacuerdo" suscripto hace unos días entre el municipio y el gremio y anunciado por ambas partes.
Que estas cosas resultan inaceptables desde hace mucho tiempo, es algo sabido. Pero además resultan inentendibles e inexplicables. Los cordobeses están ganados por un inmenso rencor. El domingo por la noche, los usuarios se enteraron de que el lunes no habría transporte y el lunes se enteraron de que el martes tampoco se iba a disponer de transporte urbano público. ¿Qué ciudad puede vivir así?
En este caso, no hubo desacuerdo salarial de la Municipalidad con el Suoem, sino de Fetap con UTA, es decir entre los grandes protagonistas de los grandes conflictos de siempre. Para una ciudad de un millón y medio de habitantes, es algo que se puede soportar.
Puede aducirse que en los grandes conglomerados urbanos del país sucede lo mismo, lo que es cierto. Pero ello no es un justificativo. En la Argentina han aumentado los conflictos sociales de un modo desmesurado, por lo que se imponen legislaciones más severas y eficaces.
No se puede estar esperando que el Ministerio de Trabajo de la Nación o las secretarías o delegaciones provinciales dicten la conciliación obligatoria en plazos que pueden durar días.
Tiene que haber un cambio en las leyes de resolución y arbitraje de los conflictos sociales, lo que no significa vulnerar los derechos de los trabajadores, sino mejorar la legislación vigente, agilizar los trámites y, sobre todo, evitar los sacrificios de la población y asegurar en tiempo y forma la prestación de servicios esenciales.
Los conflictos sociales no pueden estar devorando la convivencia civilizada, ni convertir a las grandes ciudades en lugares invivibles.
La peor ley no es la más severa o la más estricta, o la más justa. La peor ley es la más endeble, la que no existe, la que más demora en llegar y a veces llega demasiado tarde, cuando los problemas no tienen solución.