Cómo esconder 51 muertos

... del peor escándalo que se abatió sobre el kirchnerismo: la muerte de 51 argentinos inocentes en Once, forzados a subirse a un tren para cumplir con sus obligaciones. Podría convertirse en el caso que defina y recuerde una época. Le será difícil la salvación de su gobierno cuando un importante sector de la población está mirando la reacción de la Presidenta. La pregunta sin respuesta consiste en saber si todos los poderes del Estado se han contagiado del ensimismamiento de la jerarquía kirchnerista. La ruptura entre gobernantes y gobernados podría estallar, si fuera así, de la peor manera.

La Presidenta cuenta siempre con aliados permanentes o circunstanciales. La Justicia decidió mantenerse en la senda política que ella abrió. El Estado es inocente y hasta víctima, a pesar de que los hermanos Cirigliano (a quienes también protege la Justicia) recibieron en los últimos años transferencias del Estado por unos 500 millones de dólares, por las líneas de inhumanos trenes que controlan. Tienen, además, otros negocios con el Estado, tan lucrativos como el de los ferrocarriles.

¿Es grande el tamaño de la tragedia? Sí, pero no pasó nada. Ni siquiera renunció el enfermo secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Los Cirigliano siguen siendo titulares de la concesión de la línea de trenes que se estrelló en Once. La rocambolesca intervención (al contrato, no a la empresa) terminará en un amable pasatiempo entre viejos amigos, los funcionarios kirchneristas y los Cirigliano. El juez Claudio Bonadio no está dispuesto a arruinar ese viejo romance, sobre todo después del último discurso presidencial.

Bonadio pudo optar entre la gloria y la política. Prefirió la política. Es su arte personal como magistrado de la Nación. Aceptó al Estado como querellante sin que el Estado haya sido, en el desenfreno de Once, un particular damnificado ni esté libre de la presunta culpabilidad o complicidad. Es decir, no cumple con los requisitos que la ley impone para que alguien sea querellante. El fiscal de la conmoción de Once, Federico Delgado, había pedido que se investigara el "adentro" y el "afuera" de la tragedia. Esto es: qué es lo que sucedió esa mañana ingrata y cuáles fueron las causas que terminaron con ese tren descarriado. Bonadio está, en cambio, obsesionado desde el día de la tragedia con los asuntos técnicos del hecho en sí mismo. Decidió no mirar el contexto. Es mejor que no lo mire si quiere proteger al Gobierno.

Sólo el informe de hace un año de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), publicado el miércoles último en LA NACION, podría llevar a la justicia penal a muchos y envarados funcionarios. El informe de la CNRT, que es una dependencia del Gobierno, denunció que en el ferrocarril Sarmiento había "fallas preocupantes desde el punto de vista de la seguridad, por su gravedad y repetición". ¿No fue ese un claro presagio de lo que sucedió luego en Once? Ningún funcionario hizo nada después de semejante advertencia.

Aníbal Ibarra debió dejar el gobierno de la ciudad por mucho menos. El informe que lo inculpó de la tragedia de Cromagnon aconsejaba mayores controles en algunas discotecas, que no se cumplieron, pero no mencionaba a Cromagnon. El informe de la CNRT es preciso sobre el tren de los Cirigliano, no sobre cualquier tren. Si la ley es la misma para todos, habrá que pedirle perdón a Aníbal Ibarra o comprometer en la investigación de Once a funcionarios más empinados que Schiavi. Esto es lo que sagazmente entrevió Cristina y decidió cubrir a todos (y a ella misma). Se enfureció con Schiavi, al que vapuleó varias veces por teléfono, pero la caída de éste podría ser la primera de un derrumbe más amplio.

El Estado puede ser querellante para el juez Bonadio. El conductor del tren no estaba alcoholizado y tenía su celular desactivado. Estas comprobaciones de la Justicia apartan al conductor de la responsabilidad que el Gobierno y los Cirigliano le quisieron endilgar en los primeros momentos posteriores al choque. Los Cirigliano no merecen que el Gobierno les rescinda el contrato. ¿Qué pasó entonces? Estamos cerca de que la tragedia de Once sea caratulada por la Justicia como un extraño suicidio colectivo.

No es difícil llegar a la verdad con sólo responder algunas preguntas. ¿Qué provocó la tragedia? Que los frenos no funcionaron ese día. Delegados gremiales denunciaron públicamente que ese día funcionaban en el tren sólo cinco de los ocho compresores que activan los frenos y las puertas. Pasajeros que salvaron su vida contaron que el tren ya había tenido problemas de frenos en estaciones anteriores. La pericia preliminar dijo otra cosa (sobre trenes que no chocaron), pero no hay mejor pericia que el testimonio de los que vivieron el pánico y la mutilación.

¿Quiénes son los responsables? El concesionario que no cumplió con las inversiones de seguridad y el Estado que no lo controló ni lo persiguió. ¿Dónde fueron a parar los multimillonarios subsidios entregados por el Gobierno a los Cirigliano? ¿Cómo se los usó? El caso se cerraría con las respuestas a esas simples preguntas.

Sabemos que una parte de los negocios de los Cirigliano fue destinada a pagarle vacaciones en el exterior, con avión privado incluido, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que era quien les entregaba a los Cirigliano los subsidios para trenes y colectivos. El juez Oyarbide acaba de declarar la prescripción de esa causa de sobornos para los Cirigliano, pero no para Jaime. En el trámite de la corrupción es tan culpable el que cobra como el que paga. Es el sentido común de la ley. Pero, a veces, es el sentido menos común en la Justicia.

El sistema tampoco es difícil de desenredar. Los concesionarios están pendientes de los funcionarios, porque éstos son los que los riegan de subsidios. A los funcionarios sólo les importa el trasiego del dinero a los empresarios, por buenas o por malas razones. Los gremios consiguen también jugosas tercerizaciones y conquistas laborales con ese dinero. Los usuarios son la parte sufrida y marginal, que no forma parte de ninguna prioridad. Hay informes del Estado que denunciaron esas complicidades y hasta se estipularon multas que nunca se pagaron. Nunca fueron reclamadas. La sociedad entre funcionarios y empresarios funciona. El resto es pura apariencia. Nada más.

En la Auditoría General de la Nación hay delegados kirchneristas, que conocían de antemano el último y desolador panorama del Sarmiento que se conoció anteayer. Cristina Kirchner no se interesó por esos papeles; sólo les ordenó a sus delegados que no lo votaran, hasta que la opinión pública presionó sobre sus conciencias. La orden de no votar el miércoles vino de muy arriba , aceptó uno de los auditores kirchneristas. La Presidenta debía hablar el día siguiente en el Congreso. La verdad no podía deshacer un buen relato. El informe se conoció, al final, el día después del largo sermón presidencial.

La misma lógica atraviesa otros hechos. La Presidenta sólo quiere tener más razón que Mauricio Macri. No son 250 los policías federales adscriptos a los subterráneos. Son muchos más. No importa, porque viajar en ese transporte público acarrea el riesgo de ser desvalijado todos los días, en cualquier momento. Hasta en la Web hay un sitio ( peesba.com.ar , una abreviación de Pungas en el Subte) que suministra las fotos de conocidos ladrones de los subterráneos. Es un recurso de la sociedad para defenderse de los delincuentes y de la ineptitud policial. Ninguna instancia del Estado puede hacer nada.

Las cifras dadas por la Presidenta sobre las inversiones en los subtes (rimbombantes 5000 millones de pesos en casi diez años) reduce la inversión a unos 125 millones de dólares anuales. Nada. Con eso no se construyen subterráneos seguros. Sea quien sea su responsable en adelante, el trazo del presagio también incluye a los subtes.

Otra vez la endogamia: Cristina lo mira, enfurecida, a Macri. Es un problema político e ideológico. Un conflicto entre ellos. La sociedad está afuera, sola.