¿Cómo derrotar la corrupción?
Por Ricardo Trotti. Cuando los ciudadanos se expresan y se organizan en torno de objetivos comunes, los gobiernos escuchan y se producen cambios.
La batalla contra la corrupción jamás será ganada si los ciudadanos se mantienen indiferentes ante la cultura del silencio que estimulan e impulsan algunos gobiernos y no pocas entidades privadas.
Esta pelea por exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública no es suficiente si sólo la dan las organizaciones no gubernamentales, como pidió la Alianza Regional por la Libre Expresión durante las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes en Chile, los indígenas en Bolivia, los protagonistas de la Primavera Árabe y los del movimiento Ocupemos Wall Street en Estados Unidos están demostrando que cuando los ciudadanos se expresan y organizan en torno de objetivos comunes, los gobiernos escuchan y se producen cambios.
La mayor exigencia debe ser para los gobiernos, pues pocos son transparentes y muchos no cuentan con leyes de acceso a la información que los obliguen a rendir cuentas o permitir que
se los audite.
Pero aun con esas leyes de acceso, tampoco existen garantías de gobierno abierto y transparencia. En Guatemala, Jamaica y República Dominicana, hasta los partidos políticos las incumplen, mientras que en Canadá, una auditoría hecha por periódicos, reveló que sólo un 61 por ciento de agencias gubernamentales entregó información dentro de los 30 días estipulados por la legislación.
En materia de corrupción, los gobiernos tienen doble responsabilidad. Primero deben probar su honestidad para después exigirla. Un estudio del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, demostró cómo los funcionarios corruptos aprovechan vacíos legales y subterfugios jurídicos para malversar fondos estatales y aceptar sobornos.
En cuanto a la reducción de delitos que se cometen a través de empresas fantasmas, fundaciones y fideicomisos, el estudio exigió información pública más accesible y legislación para mejorar auditorías.
El Congreso de Brasil parece haber escuchado. Aprobó la Ley de Acceso y Transparencia después de ocho años de trabas, en especial de los senadores y ex presidentes José Sarney y Fernando Collor de Melo, que no se destacaron por ser gobiernos de manos limpias.
La nueva ley, que obligará al Gobierno federal, a estados y municipios, a revelar datos en Internet y promover la participación ciudadana en audiencias públicas, será una herramienta que, bien aprovechada, permitirá a la presidenta Dilma Rousseff profundizar su ataque contra la corrupción.
Lo destacable es que Rousseff no tendría la determinación para luchar contra la corrupción de no ser por las muestras públicas de indignación contra los escándalos impunes. En Brasil, la corrupción es cultural. La Federación de Industrias calculó que. en la última década, el desfalco a las arcas del Estado alcanzó la cifra de 406 mil millones de dólares.
Ojalá que la actitud de Brasil contagie a otros gobiernos, como al de Cristina Fernández de Kirchner, para que no crea que la reelección es un cheque en blanco para no investigar la corrupción propia y ajena. Ojalá también sacuda al presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien, de ser reelecto el 16 de noviembre, querrá mantener el hermetismo de su función, criticada hasta por los periodistas de medios oficiales. La experiencia indica que si bien estas leyes no son la panacea, son el primer paso para cambiar la cultura del silencio por una mentalidad más abierta.
Pero exigir ese cambio de mentalidad no es tarea de las organizaciones, sino responsabilidad directa de los ciudadanos.