Comienzan los juicios en Ecuador contra responsables de rebelión policial
Una semana después de la rebelión de policías en Ecuador, que la OEA y el presidente Rafael Correa denunciaron como un intento de golpe de Estado, los juicios contra los supuestos responsables comenzaron con la detención de 14 uniformados y un político de oposición.
Una juez ordenó este jueves prisión preventiva contra 14 policías, incluido el coronel Rolando Tapia, jefe de la escolta del Congreso, que fue tomada por los insurrectos el 30 de setiembre.
La misma medida afecta al militar retirado y político Fidel Araujo, cercano al ex mandatario Lucio Gutiérrez, a quien Correa culpa de la intentona golpista que dejó diez muertos y 274 heridos.
Durante audiencias de formulación de cargos por rebelión, la juez también sustituyó el arresto a 20 agentes por medidas alternativas y dejó libres sin imputación a dos, según la Fiscalía, que investiga a un grupo de militares que tomó la pista del aeropuerto de Quito durante los desórdenes.
Otra decena de uniformados está prófugo desde el martes, cuando la Fiscalía ordenó las capturas.
Los policías y Araujo -acusado de incitar a la revuelta- permanecerán detenidos durante los tres meses que demorará la indagación, explicó a la AFP el fiscal Marco Freire, que ordenó exhumar los cadáveres de dos militares y dos policías que murieron en los hechos y a quienes no se les practicó autopsia.
El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, aseguró por su parte que "el gobierno no tiene ningún afán de persecución, revanchismo ni venganza" contra sus opositores en el marco de las investigaciones.
Los agentes se sublevaron para exigir la derogatoria de una ley -en vigencia desde el lunes- que eliminó bonificaciones para la fuerza pública, llegando a retener durante varias horas en una clínica al presidente socialista, que fue rescatado en un violento operativo militar.
Para este viernes está previsto que termine el estado de excepción declarado hace una semana, por el cual los militares asumieron tareas de la Policía.
Correa, en el poder desde 2007 y reelegido hasta 2013, denunció que la insurrección quiso ser aprovechada por opositores para derrocarlo, pero Gutiérrez y otros detractores negaron la versión del mandatario sobre el secuestro y la tentativa de golpe y asesinato.
Sin embargo, grabaciones de la central de radio de la Policía revelaron que supuestos agentes instigaban a matar al gobernante y afirmaban que no le permitirían salir del hospital -donde se refugió tras ser agredido- mientras no derogara la ley.
La rebelión fue apoyada por congresistas como la indígena Lourdes Tibán y el político Carlos Vera -que promueve un referendo para revocar el mandato de Correa-, mientras que el también legislador Gilmar Gutiérrez, hermano de Lucio Gutiérrez, planteó una amnistía para los insurrectos en medio de la revuelta.
El ex gobernante, derrocado en 2005 y que el miércoles regresó a Quito desde Brasil donde fue observador en las presidenciales del domingo, volvió a negar la acusación en su contra y anunció una demanda contra Correa por "daño moral".
En un ambiente caldeado por el cruce de versiones, el Legislativo controlado por el oficialismo reanudó sus sesiones este jueves.
Entretanto, el canciller Ricardo Patiño reiteró la denuncia de Correa sobre la existencia de un presunto escuadrón paramilitar autodenominado Grupo Armado Policial (GAP), que habría participado en la insubordinación.
"Hay un grupo que se llama GAP y son grupos que aparentemente estarían formándose, grupos paramilitares", declaró el ministro a la televisión pública.
Patiño también llamó a cuidar la democracia de América Latina, tras el alerta del secretario general de la OEA de que intentonas golpistas como la que enfrentó Correa podrían repetirse en la región.