Colegiaturas con tapas en blanco
* Por Víctor Ego Ducrot. La libertad de prensa y la libre expresión son garantías constitucionales que rigen para todos los que habitamos el territorio de la Patria y no patrimonio exclusivo de los medios, de los periodistas y de los comunicadores, como pretenden los oligopolios, con su consecuente conducta violatoria de la Constitución.
Los colegios o consejos profesionales, y cualquier otra fórmula corporativa para el ejercicio del periodismo y de la comunicación social tienen un final anunciado: una tapa en blanco como la del diario Clarín el lunes pasado, porque a Magnetto se le ocurrió que la libertad de prensa de los argentinos depende de que su órgano oficial del partido de la desinformación llegue o no a los kioscos. Tiempo Argentino abundó en información respecto de las malas andanzas de quienes se niegan a que la justicia investigue si los hijos de la principal accionista de la empresa mediática número uno del país fueron o no niños de desaparecidos, sustraídos durante la pasada dictadura. Este texto se concentrará en otro tópico.
Afirmé en una nota que le hice llegar a la página digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (FPyCS) que "cualquier forma de colegiatura para la comunicación es i-naceptable; que la defensa y valorización de los comunicadores sociales no pueden materializarse a costa de las tradiciones democráticas y de las mejores conquistas de los trabajadores. La nueva ley de medios audiovisuales, su texto y su espíritu, señala el camino".
En el sitio oficial de la FPyCS puede leerse un Anteproyecto de Ley de Defensa de la Comunicación, puesto a consideración por el Centro de graduados de esa facultad y cuyo texto implica una propuesta de colegiatura para el ejercicio profesional del sector, con el título Consejo Profesional de Comunicación Social de la Provincia de Buenos Aires.
Su artículo primero dice: "El ejercicio de la profesión de la Comunicación Social queda sujeto a las disposiciones de la presente ley y a las normas reglamentarias y complementarias que en su consecuencia dicten." El segundo subraya que "A los fines de esta ley se considera ejercicio profesional toda actividad pública o privada, que importe atribuciones para desempeñar las siguientes tareas: a) El ofrecimiento, la contratación y la prestación de servicios que comprometan o requieran los conocimientos propios de un profesional de la Comunicación Social. b) El desempeño de cargos, funciones o comisiones, en entidades públicas o privadas, o nombramientos judiciales o administrativos, que impliquen o requieran los conocimientos propios de un profesional de la Comunicación Social. c) La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier documento, proyecto, estudio o informe pericial sobre asuntos de Comunicación. d) La divulgación técnica o científica sobre asuntos de Comunicación Social." Y el tercero estipula: "Para el desempeño de las actividades enunciadas en el artículo anterior, deberá contar con título universitario con competencias o incumbencias en Comunicación Social o en su defecto, con título universitario de denominaciones equivalentes expresamente establecido por la Universidad respectiva o autoridad competente, o título revalidado ante las autoridades universitarias nacionales."
Están postulando la creación de una colegiatura profesional, al mejor estilo de las propuestas que, en nuestro país, siempre fueron de la mano de las políticas corporativas de los medios concentrados y de los sectores políticos sistemáticamente opositores a las instituciones pluralistas, a los derechos de los trabajadores y, en muchos casos, al principio de soberanía popular. Proyectos de colegiaturas para nuestro campo profesional estuvieron en las carpetas de los golpistas del ’55; del ’66 y del ’76; figuran también en las estrategias de ADEPA y de la SIP, asociaciones patronales del sector medios de comunicación, sustentadoras simbólicas y fácticas del terrorismo de Estado emanado de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y posteriormente de los programas impulsados por el Consenso de Washington.
Durante la pasada década de 1990, fueron los medios oligopólicos los encargados de reflotar esas aspiraciones antidemocráticas. Primero a través de acuerdos con algunas escuelas terciarias y privadas de periodismo y comunicación, mediante la figura del pasante (un joven egresado mal pago y presionado desde su ilusión con pasar a la "prensa grande"), y luego a partir de los cursos de especialización y maestrías organizadas por las propias empresas concentradas.
Ambas instancias confluyeron en un objetivo común. Condicionar ideológicamente a sus cuadros profesionales, para disponer de ellos a la hora de sus estrategias corporativas, de desinformación y desconocimiento de las leyes de la República, tal cual lo demuestra la actitud sistemática del Grupo Clarín respecto de la nueva ley de medios audiovisuales. Esa historia tiene un final anunciado: encubrir sus propios arbitrios e ilegalidades con páginas en blanco, o defender en forma descarada el trabajo esclavo, como viene haciéndolo el diario La Nación.
Son legítimas las aspiraciones de los egresados de nuestras carreras de Comunicación y Periodismo respecto de la necesidad urgente de valorizar su estatuto académico y profesional. Sin embargo, esos objetivos deben procurarse en el marco de las tradición democrática, nacional y popular, tanto en los ámbitos universitario como en el del movimiento obrero organizado, siendo este último el que más y mejor luchó contra las aspiraciones oligárquicas y excluyentes de las colegiaturas y de los consejos profesionales restrictivos. Las aspiraciones legítimas de las nuevas generaciones de comunicadores y periodistas no pueden ir a contramano de la lucha por la cual decenas de compañeros y compañeras del campo sufrieron persecución, torturas y muerte en las mazmorras de la última dictadura militar.
Además, es inaceptable que no estén atentas a la forma y valores desde los cuales nos interpela la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), sancionada por el Congreso Nacional del 10 de octubre de 2009 y plenamente vigente tras su promulgación por el Ejecutivo, pese a los embates de la corporación mediática concentrada.
Uno solo de los tantos conceptos de fondo que incluye esa gran ley de la democracia –el que contempla un tercio del espacio radioeléctrico a disposición de las organizaciones libres del pueblo– basta para poner en evidencia que toda aspiración de colegiatura, con la denominación que la misma quiera utilizar, es violatoria del texto y del espíritu de una norma jurídica ejemplo en el mundo, por su carácter democrático, pluralista e inclusivo.
La libertad de prensa y la libre expresión son garantías constitucionales que rigen para todos los que habitamos el territorio de la Patria y no patrimonio exclusivo de los medios, de los periodistas y de los comunicadores, como pretenden los oligopolios, con su consecuente conducta violatoria de la Constitución. Los graduados de la FPyCS deberían retirar ese anteproyecto y abrir un debate inclusivo, sin concesiones a los dispositivos culturales del neoliberalismo.
Afirmé en una nota que le hice llegar a la página digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP (FPyCS) que "cualquier forma de colegiatura para la comunicación es i-naceptable; que la defensa y valorización de los comunicadores sociales no pueden materializarse a costa de las tradiciones democráticas y de las mejores conquistas de los trabajadores. La nueva ley de medios audiovisuales, su texto y su espíritu, señala el camino".
En el sitio oficial de la FPyCS puede leerse un Anteproyecto de Ley de Defensa de la Comunicación, puesto a consideración por el Centro de graduados de esa facultad y cuyo texto implica una propuesta de colegiatura para el ejercicio profesional del sector, con el título Consejo Profesional de Comunicación Social de la Provincia de Buenos Aires.
Su artículo primero dice: "El ejercicio de la profesión de la Comunicación Social queda sujeto a las disposiciones de la presente ley y a las normas reglamentarias y complementarias que en su consecuencia dicten." El segundo subraya que "A los fines de esta ley se considera ejercicio profesional toda actividad pública o privada, que importe atribuciones para desempeñar las siguientes tareas: a) El ofrecimiento, la contratación y la prestación de servicios que comprometan o requieran los conocimientos propios de un profesional de la Comunicación Social. b) El desempeño de cargos, funciones o comisiones, en entidades públicas o privadas, o nombramientos judiciales o administrativos, que impliquen o requieran los conocimientos propios de un profesional de la Comunicación Social. c) La presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier documento, proyecto, estudio o informe pericial sobre asuntos de Comunicación. d) La divulgación técnica o científica sobre asuntos de Comunicación Social." Y el tercero estipula: "Para el desempeño de las actividades enunciadas en el artículo anterior, deberá contar con título universitario con competencias o incumbencias en Comunicación Social o en su defecto, con título universitario de denominaciones equivalentes expresamente establecido por la Universidad respectiva o autoridad competente, o título revalidado ante las autoridades universitarias nacionales."
Están postulando la creación de una colegiatura profesional, al mejor estilo de las propuestas que, en nuestro país, siempre fueron de la mano de las políticas corporativas de los medios concentrados y de los sectores políticos sistemáticamente opositores a las instituciones pluralistas, a los derechos de los trabajadores y, en muchos casos, al principio de soberanía popular. Proyectos de colegiaturas para nuestro campo profesional estuvieron en las carpetas de los golpistas del ’55; del ’66 y del ’76; figuran también en las estrategias de ADEPA y de la SIP, asociaciones patronales del sector medios de comunicación, sustentadoras simbólicas y fácticas del terrorismo de Estado emanado de la Doctrina de la Seguridad Nacional, y posteriormente de los programas impulsados por el Consenso de Washington.
Durante la pasada década de 1990, fueron los medios oligopólicos los encargados de reflotar esas aspiraciones antidemocráticas. Primero a través de acuerdos con algunas escuelas terciarias y privadas de periodismo y comunicación, mediante la figura del pasante (un joven egresado mal pago y presionado desde su ilusión con pasar a la "prensa grande"), y luego a partir de los cursos de especialización y maestrías organizadas por las propias empresas concentradas.
Ambas instancias confluyeron en un objetivo común. Condicionar ideológicamente a sus cuadros profesionales, para disponer de ellos a la hora de sus estrategias corporativas, de desinformación y desconocimiento de las leyes de la República, tal cual lo demuestra la actitud sistemática del Grupo Clarín respecto de la nueva ley de medios audiovisuales. Esa historia tiene un final anunciado: encubrir sus propios arbitrios e ilegalidades con páginas en blanco, o defender en forma descarada el trabajo esclavo, como viene haciéndolo el diario La Nación.
Son legítimas las aspiraciones de los egresados de nuestras carreras de Comunicación y Periodismo respecto de la necesidad urgente de valorizar su estatuto académico y profesional. Sin embargo, esos objetivos deben procurarse en el marco de las tradición democrática, nacional y popular, tanto en los ámbitos universitario como en el del movimiento obrero organizado, siendo este último el que más y mejor luchó contra las aspiraciones oligárquicas y excluyentes de las colegiaturas y de los consejos profesionales restrictivos. Las aspiraciones legítimas de las nuevas generaciones de comunicadores y periodistas no pueden ir a contramano de la lucha por la cual decenas de compañeros y compañeras del campo sufrieron persecución, torturas y muerte en las mazmorras de la última dictadura militar.
Además, es inaceptable que no estén atentas a la forma y valores desde los cuales nos interpela la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), sancionada por el Congreso Nacional del 10 de octubre de 2009 y plenamente vigente tras su promulgación por el Ejecutivo, pese a los embates de la corporación mediática concentrada.
Uno solo de los tantos conceptos de fondo que incluye esa gran ley de la democracia –el que contempla un tercio del espacio radioeléctrico a disposición de las organizaciones libres del pueblo– basta para poner en evidencia que toda aspiración de colegiatura, con la denominación que la misma quiera utilizar, es violatoria del texto y del espíritu de una norma jurídica ejemplo en el mundo, por su carácter democrático, pluralista e inclusivo.
La libertad de prensa y la libre expresión son garantías constitucionales que rigen para todos los que habitamos el territorio de la Patria y no patrimonio exclusivo de los medios, de los periodistas y de los comunicadores, como pretenden los oligopolios, con su consecuente conducta violatoria de la Constitución. Los graduados de la FPyCS deberían retirar ese anteproyecto y abrir un debate inclusivo, sin concesiones a los dispositivos culturales del neoliberalismo.