Colectivos con escolta policial por la inseguridad
A raíz de distintos hechos delictivos que se sucedieron en los últimos días, los colectivos que ingresan al barrio Paraguay, en Guaymallén, deben ir con custodia policial. Una situación que se repite también en otros barrios conflictivos y que necesita de una urgente solución.
En distintas oportunidades nos hemos hecho eco, a través de estas columnas, de los problemas que deben enfrentar los servicios públicos para ingresar a barrios denominados "conflictivos".
Las denuncias se han sucedido casi sin solución de continuidad y surgen desde los efectivos policiales, que suelen ser llamados para actuar cuando se produce algún delito, y los móviles que son objeto de agresiones de diversa índole. Una situación similar sufren los profesionales del Sistema Coordinado de Emergencias al recibir constantes agresiones por parte de las mismas personas que los convocaron.
Los problemas se presentan en las zonas conflictivas de los distintos departamentos de la provincia, pero hay algunos casos en los que pareciera que la solución difícilmente pueda alcanzarse como consecuencia de la agresividad y los altos índices de delincuencia que se presentan en determinados sectores.
También debe señalarse que no todos los habitantes de esos complejos habitacionales son culpables. Muy por el contrario, la gran mayoría termina siendo víctima del accionar de unos pocos antisociales que prefieren vivir al margen de la ley en lugar de sumarse a integrar una sociedad más ordenada.
En ese cuadro de situación podría incluirse lo que sucede con el barrio Paraguay, en Guaymallén, un complejo construido por el Instituto Provincial de la Vivienda y en el que la gran mayoría de los vecinos está constituida por gente de trabajo. Sin embargo, han sido numerosas las oportunidades en que este matutino debió cubrir situaciones conflictivas denunciadas por los servicios de salud y del transporte público de pasajeros. Desde el propio seno del barrio han surgido iniciativas interesantes, como las organizaciones de base que están trabajando en la contención de jóvenes, con escuelas de oficios.
Pese a esos esfuerzos, los problemas de inseguridad se siguen planteando, y ello quedó reflejado claramente con las amenazas que sufrieron los choferes de la línea 2 de colectivos, de la empresa Maipú, que se hizo cargo del recorrido que anteriormente prestaba personal y vehículos de la Empresa Provincial de Transportes Mendoza.
Según se denunció, luego de algunos días de aparente tranquilidad, en dos oportunidades los choferes fueron amenazados cuando exigían el pago del boleto a dos sujetos jóvenes que pretendían viajar gratis. En otra oportunidad, un conductor fue retenido, con pasaje a bordo, por individuos, uno de ellos armado, a quien le reclamaron la recaudación.
Frente a esos graves hechos, la empresa decidió suspender el servicio entre las 15 y las 20.30 y a partir de esa hora los colectivos ingresaron al barrio porque la policía asignó un hombre de custodio a bordo de cada colectivo, mientras policías movilizados en vehículos circulan con el barrio durante toda la jornada.
Se trata de medidas atinadas si las consideramos desde la necesidad de resguardar la seguridad física de los choferes de los colectivos. Pero resultan inaceptables si ponemos la óptica en lo que sucede en ese tipo de barrios con el accionar de los delincuentes. Porque si las fuerzas del orden, deben destinar efectivos para custodiar a colectivos y ambulancias en esos barrios conflictivos, debilitan la tarea que deben cumplir para la seguridad del resto de la sociedad.
Es por eso que deberían profundizarse las tareas destinadas a la contención de los jóvenes, mientras las propias familias deben trabajar para aislar a esos pequeños grupos de antisociales que los perjudican con su accionar.