Clausuraron cuatro talleres textiles por trata de personas
Ocurrió en Flores, donde la Policía Metropolitana detectó ciudadanos de diferentes nacionalidades viviendo en el país de forma irregular, falta de habilitación, seguridad e higiene y conexiones eléctricas clandestinas.
En un operativo conjunto la división de Contravenciones y Faltas de la Policía Metropolitana, la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección Nacional de Migraciones allanaron siete talleres clandestinos y clausuraron cuatro de estos lugares en el barrio porteño de Flores.
Fuentes de la fuerza informaron que allí detectaron trata de personas, falta de habilitación, seguridad e higiene, conexiones eléctricas clandestinas y ciudadanos de diferentes nacionalidades viviendo en el país de forma irregular.
Todos los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio porteño de Flores, donde quedaron imputados cinco propietarios, de nacionalidad boliviana y coreana.
El operativo de mayor relevancia fue realizado en la calle Homero al 2000, donde funcionaban tres talleres textiles en un mismo edificio de tres plantas.
Los investigadores precisaron que allí las personas no sólo trabajaban sino que los propietarios, de nacionalidad boliviana, les cobraban alquiler para que puedan dormir en habitaciones "improvisadas".
Los 35 empleados que trabajan allí eran extranjeros, de los cuáles 12 estaban indocumentados y algunos eran menores de edad.
Debido a que se constató la existencia de gran cantidad de cortes de tela, hilados para confección y 3.500 prendas de las cuáles los titulares de los talleres no poseían la correspondiente documentación, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario número 1, a cargo de. Javier López Biscayart.
El magistrado se interiorizó de las circunstancias e irregularidades detectadas y dispuso la inmediata intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De esta manera, el ente recaudador intervino con personal del Área de Planificación Penal que continuó con los procedimientos y las medidas judiciales.
Fuentes de la fuerza informaron que allí detectaron trata de personas, falta de habilitación, seguridad e higiene, conexiones eléctricas clandestinas y ciudadanos de diferentes nacionalidades viviendo en el país de forma irregular.
Todos los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio porteño de Flores, donde quedaron imputados cinco propietarios, de nacionalidad boliviana y coreana.
El operativo de mayor relevancia fue realizado en la calle Homero al 2000, donde funcionaban tres talleres textiles en un mismo edificio de tres plantas.
Los investigadores precisaron que allí las personas no sólo trabajaban sino que los propietarios, de nacionalidad boliviana, les cobraban alquiler para que puedan dormir en habitaciones "improvisadas".
Los 35 empleados que trabajan allí eran extranjeros, de los cuáles 12 estaban indocumentados y algunos eran menores de edad.
Debido a que se constató la existencia de gran cantidad de cortes de tela, hilados para confección y 3.500 prendas de las cuáles los titulares de los talleres no poseían la correspondiente documentación, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Tributario número 1, a cargo de. Javier López Biscayart.
El magistrado se interiorizó de las circunstancias e irregularidades detectadas y dispuso la inmediata intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
De esta manera, el ente recaudador intervino con personal del Área de Planificación Penal que continuó con los procedimientos y las medidas judiciales.