Citaron a declarar a ministros del gobierno rionegrino
Varios funcionarios, algunos de los cuales pidieron licencia en sus cargos por ser candidatos electorales, fueron citados a declarar en septiembre en la causa que investiga el aparente pago de sobresueldos millonarios a distintas carteras.
Entre los funcionarios citados se encuentran el candidato a gobernador del radicalismo K y ministro de Educación, César Barbeito, y el secretario general de la Gobernación, Francisco González. Los funcionarios tendrán que comparecer en los primeros días de septiembre ante el juez penal Carlos Reussi, quien investiga las irregularidades en la administración de fondos del Estado que llegaban a través de cheques a manos de ministros y secretarios de estado.
La denominada causa por sobresueldos fue denunciada por legisladores del peronismo, la oposición en Río Negro, y al parecer se llevó adelante durante siete años y representaba un plus salarial que iba de 30.000 a 200.000 pesos mensuales. La justicia también investiga el supuesto incumplimiento de deberes de funcionarios públicos para autoridades de los organismos de control interno que tenían que haber advertido la maniobra.
Las citaciones comenzarán el 5 de septiembre, 20 días antes de las elecciones en la provincia. Para ese día, los primeros citados fueron el secretario general de la Gobernación y candidato a diputado por Alianza Concertación, Francisco González, y el ministro de Turismo, Omar Contreras.
El 6 de septiembre tendrá qeu comparecer el ex ministro de Educación y candidato a gobernador por la Concertación, César Barbeito, y el ministro de Producción y candidato a diputado nacional Juan Accatino.
Al día siguiente, lo hará el ex secretario de Familia y candidato a legislador Alfredo Pega y el ministro de Gobierno, Diego Larreguy. El 8 declarará la ex ministra da Salud y candidata a legisladora Cristina Uría y luego, lo harán el secretario privado de González, Sergio Pendas, el subsecretario de Coordinación, Aníbal Hernández, el ex contador general e integrante del Tribunal de Cuentas, Daniel Bossero, y su reemplazante, Gustavo Picchi.
Según las denuncias, el aparente cobro indebido de adicionales salariales desde 2006 totalizaría unos 25 millones de pesos. El Comité Central de la UCR expresó su "preocupación por la flagrante intromisión de la política en la Justicia, con las gravísimas consecuencias que estas acciones pueden significar para la institucionalidad de la provincia".