Circular no debe ser una tragedia
El número de víctimas por siniestros viales aumenta en forma descontrolada, por lo que el Estado y los conductores deberán corregir sus irresponsabilidades con severos castigos.
El número de muertos por siniestros viales en las rutas de la provincia se incrementa mes a mes, año tras año, y los datos se asemejan ya a una fría estadística a la cual muy pocos prestan la atención que merece, pese a ser un dato aterrador.
Nada parece sorprender. Por caso, abril fue el mes más trágico en cuanto al número de muertos y colisiones viales en Córdoba durante este año y en los últimos cuatro. Sólo en abril de 2008 se superaron las 50 muertes que se produjeron en igual período de 2012.
Dentro del bombardeo informativo que sufren los lectores, quizá les haya pasado inadvertido ese dato, que conviene refrescar: ¡50 muertos en las rutas de Córdoba sólo durante el mes de abril! Esa cifra apenas es comparable con la tercera peor tragedia ferroviaria ocurrida en el país, el 22 de febrero último, cuando el choque de un tren contra la barrera de contención quitó la vida a 51 pasajeros en el barrio de Once, en Buenos Aires.
¿Por qué la Argentina, en general, y Córdoba, en particular, tienen tan alto número de víctimas en accidentes viales? Primero, la infraestructura es obsoleta, peligrosa y, a la vez, inadecuada para los modernos automóviles, ómnibus y camiones que circulan por nuestro país. Casi el 70 por ciento de los fallecidos en esta provincia (34 en total) perdieron la vida en siniestros que ocurrieron en rutas y autopistas. Las más trágicas fueron las colapsadas rutas nacionales 8 y 9 sur, así como la destruida provincial 6.
Además de las deficiencias que presentan esos tramos viales, ¿fallaron los controles por parte de la Policía Caminera para detectar vehículos defectuosos o conductores desaprensivos? ¿O será necesario un fuerte castigo impositivo a los autos de alta cilindrada, para desalentar su compra y su uso, hasta que la Argentina tenga un mapa de autopistas nuevas y seguras? La idea de preservar el bien más preciado del ser humano, la vida misma, debe obligar a una acción urgente de autoridades y legisladores.
La responsabilidad del Estado de controlar el primer ámbito de socialización es indelegable e inexcusable. También será necesaria una legislación que endurezca las multas y los castigos para con los conductores, que demuestran su irresponsabilidad al cometer infracciones viales de cualquier tamaño y calibre. Hay más de 300 mil infracciones no canceladas, por un monto cercano a 500 millones de pesos, que revelan conductas desaprensivas. ¿Esos conductores deberían perder el carné hasta tanto se rediman con la sociedad?
Argentina tiene innumerables desafíos y asignaturas pendientes en el campo social, pero la sorprendente estadística mensual de víctimas en accidentes viales –que este medio detalla desde 2007– no debe ser una alerta que se pasa al leer el diario cada mañana.
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Nada parece sorprender. Por caso, abril fue el mes más trágico en cuanto al número de muertos y colisiones viales en Córdoba durante este año y en los últimos cuatro. Sólo en abril de 2008 se superaron las 50 muertes que se produjeron en igual período de 2012.
Dentro del bombardeo informativo que sufren los lectores, quizá les haya pasado inadvertido ese dato, que conviene refrescar: ¡50 muertos en las rutas de Córdoba sólo durante el mes de abril! Esa cifra apenas es comparable con la tercera peor tragedia ferroviaria ocurrida en el país, el 22 de febrero último, cuando el choque de un tren contra la barrera de contención quitó la vida a 51 pasajeros en el barrio de Once, en Buenos Aires.
¿Por qué la Argentina, en general, y Córdoba, en particular, tienen tan alto número de víctimas en accidentes viales? Primero, la infraestructura es obsoleta, peligrosa y, a la vez, inadecuada para los modernos automóviles, ómnibus y camiones que circulan por nuestro país. Casi el 70 por ciento de los fallecidos en esta provincia (34 en total) perdieron la vida en siniestros que ocurrieron en rutas y autopistas. Las más trágicas fueron las colapsadas rutas nacionales 8 y 9 sur, así como la destruida provincial 6.
Además de las deficiencias que presentan esos tramos viales, ¿fallaron los controles por parte de la Policía Caminera para detectar vehículos defectuosos o conductores desaprensivos? ¿O será necesario un fuerte castigo impositivo a los autos de alta cilindrada, para desalentar su compra y su uso, hasta que la Argentina tenga un mapa de autopistas nuevas y seguras? La idea de preservar el bien más preciado del ser humano, la vida misma, debe obligar a una acción urgente de autoridades y legisladores.
La responsabilidad del Estado de controlar el primer ámbito de socialización es indelegable e inexcusable. También será necesaria una legislación que endurezca las multas y los castigos para con los conductores, que demuestran su irresponsabilidad al cometer infracciones viales de cualquier tamaño y calibre. Hay más de 300 mil infracciones no canceladas, por un monto cercano a 500 millones de pesos, que revelan conductas desaprensivas. ¿Esos conductores deberían perder el carné hasta tanto se rediman con la sociedad?
Argentina tiene innumerables desafíos y asignaturas pendientes en el campo social, pero la sorprendente estadística mensual de víctimas en accidentes viales –que este medio detalla desde 2007– no debe ser una alerta que se pasa al leer el diario cada mañana.
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