Chicos sin padres y sin "padrinos"

Con asombro hemos tomado conocimiento de que por una resolución del 27 de septiembre, se dispuso que en el término de 24 horas se suspendiera por 90 días el servicio del Programa Padrinazgo de las instituciones que tuvieran convenio con la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo principal de las iniciativas de "padrinazgo" o de "familias de apoyo", que vienen desarrollando cada vez con más frecuencia aquellos hogares que, por diferentes motivos, albergan a chicos menores de edad es el de acompañarlos hasta que se resuelva su situación y hacer que sientan lo menos posible la carencia de algo tan fundamental como es la familia.

Así es como voluntarios de estas instituciones, vecinos del barrio o conocidos establecen vínculos especiales con estos menores tan necesitados de afecto y de una estructura emocional. ¿En qué consiste este padrinazgo? Los adultos acompañan a los chicos a las reuniones de padres del colegio y los asisten en su trayecto escolar, los llevan al médico, salen a pasear con ellos los fines de semana o comparten las Fiestas y feriados. En definitiva, se transforman en sus referentes, a la vez que los invitan a participar de su dinámica familiar.

Actualmente, hay en la ciudad unos 800 menores que, por diversas situaciones personales, están alojados en 50 hogares. Sólo dos de éstos son manejados directamente por el gobierno porteño; el resto son administrados por ONG que, previo convenio con la administración local, se encargan de la atención de los chicos, de su esparcimiento y de su manutención. A cambio reciben hasta 2700 pesos, según el caso, por cada chico a su cuidado. Aproximadamente, el 10 por ciento de los 800 chicos cuenta con una familia que funciona como padrino.

La medida se tomó aparentemente debido a que una familia de apoyo, desnaturalizando la función específica de ser meramente "padrinos", intentó la adopción de un niño a su cuidado. Ante esta irregularidad, se decidió sancionar a la institución con suspensión de ingresos y una advertencia, lo cual puede llegar a ser razonable, pero además se dispuso también suspender por 90 días todos estos programas. Aquí terminó la razonabilidad.

La medida es tan desmesurada como imaginar que por faltar a clases o copiarse en una prueba escrita se suspende la enseñanza primaria en la ciudad. Por eso, no puede pensarse que esta medida responde sólo a la situación planteada; todo hace suponer que existiría un trasfondo no explicitado en esta cuestión.

Como lo han señalado algunos de nuestros lectores, resulta inexplicable que por una falla individual aislada en un conjunto enorme de niños se suspenda todo un sistema que funciona y que además es lo único que hay en la materia que contemple con sensibilidad lo que un niño necesita en estas circunstancias: amor y calor de hogar en esos años tempranos, vitales para su futuro desarrollo.

La doctora Laura Musa, a cargo de la Asesoría Tutelar de Menores porteña, envió recientemente una carta a este diario, en la que explicaba que no fue ella quien tomó la medida, pero que adhiere a ella. Su fundamentación estaría en que los niños salen con personas extrañas a su medio familiar y que carecen de autorización administrativa, y no son acompañados por operadores de la institución donde se alojan. Por eso, sostiene la funcionaria, la medida es adecuada hasta que cada caso sea evaluado por el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Cdnnya), o su órgano descentralizado.

Sin embargo, no se puede "suspender" un programa de esta naturaleza por 90 días. Basta imaginarse la situación del niño que espera con ansiedad la salida de fin de semana con su padrino, por el paseo o la distracción que fuese. Y son muchos chicos en esta situación; por ejemplo, el grupo Familias de Esperanza tiene aproximadamente 50 niños por mes en sus hogares.

La carta de la funcionaria Musa expresa que la edad de los niños, mayormente menores de cinco años, invita a la reflexión, lo cual parece muy razonable ante cualquier decisión, salvo que se esté insinuando algo distinto. Pero lo que no resulta razonable es suspender el sistema para reflexionar, y mientras tanto dejar a los chicos sin sus padrinos, sólo porque a una familia se le ocurrió indebidamente intentar adoptar a su ahijado. Ante esta solución extrema, es lógico pensar que son los niños los que se transforman en víctimas de ella.

Por el contrario, parecería más razonable reforzar los controles, y entonces sí seguir "reflexionando" acerca del sistema sin necesidad de suspenderlo. Es bastante obvio que los organismos estatales no pueden ni deben controlar niño por niño, y sí deberían asegurarse de que las ONG elegidas son idóneas, y permitirles a ellas controlar el funcionamiento del sistema, pues son las que están en el barrio y conocen a los eventuales padrinos.

Pretender que sea la familia de origen la que retire a los niños, cuando la mayoría han sido abandonados por sus familiares o están en situación de riesgo dentro de esos núcleos parece una utopía, tan irreal como pretender que una persona de la institución acompañe a los niños en su salida con el "padrino" o la familia que apadrina. En la práctica eso equivale a suprimir el sistema de padrinazgo.

El sistema ha funcionado muy bien durante años, con errores y alguna desviación es posible, pero ha funcionado. Si hay desviaciones, hay que corregirlas, para eso están los controles. Pero no hay duda de que no hay ningún organismo estatal que pueda brindar lo que esta metodología les da a los niños: amor y calor familiar.

Es urgente, pues, que se dé una explicación razonable para fundamentar la medida tomada, que provoca sorpresa ante la incomprensión de lo evidente y es una falta de respeto a la generosidad de muchas personas y familias solidarias que cotidianamente visitan, retiran y reciben a estos niños, con gran esfuerzo, en un acto de amor ejemplar que no merece esta desconsiderada resolución.