Cerca del fracaso socioeducativo
Por incumplimiento de la condición de obligar a los niños a asistir a clase, la asignación universal por hijo se está convirtiendo en un fracaso como política social.
La asignación universal por hijo (AUH) ha contribuido muy poco al retorno de niños y adolescentes a escuelas y colegios, entre otras cosas porque no se cumple con la condición que impone la ley de que los chicos vayan a clases para que sus padres puedan cobrar ese beneficio social, otorgado por el Gobierno nacional con aval del Congreso.
El dato es preocupante, pues si bien aumentaron las inscripciones en los establecimientos escolares, una encuesta realizada entre 1.500 directores, preceptores y docentes de 550 escuelas públicas y privadas del país revela que no aumentó en la misma proporción la asistencia a clases. O sea que la deserción escolar, tanto a nivel primario como secundario, es prácticamente la misma que hace dos años, cuando se sancionó la ley, lo que constituye un resultado decepcionante.
El informe fue elaborado por el Observatorio de Educación Básica Argentina, integrado por Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Banco Santander, con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, lo que habla de la seriedad de los datos consignados.
La AUH tiene el rango de una política de Estado, ya que fue acordada por todos los sectores representados en el Congreso Nacional, el conjunto de la comunidad educativa, la Iglesia Católica y las organizaciones empresariales y sindicales. Es una forma concreta de canalizar la ayuda social a los sectores más pobres y marginales, mejorando sus ingresos en relación con la cantidad de hijos de cada familia incluida en la categoría de la pobreza.
Pero la ley sancionada en 2009 imponía una condición: que las familias beneficiadas obligaran a sus hijos a asistir a clases y a cumplir con todas las obligaciones escolares. En ese sentido, puede decirse que ha fracasado como política socioeducativa destinada a impulsar una mayor inserción escolar y bajar los niveles de deserción, ya que los fondos de ese beneficio son utilizados con otros fines. Y todo porque la condición de asistencia obligatoria a la escuela para mantener el subsidio no se cumple, pues los directores e inspectores no conocen casos de suspensión de la AUH por incumplimiento de esa condición establecida por la ley.
No cabe otra alternativa, pues, que exigir que el Estado –a través un riguroso control– haga cumplir con esas exigencias establecidas por la ley de la AUH. De lo contrario, la política social se convierte en una simple dádiva, incluso en pura demagogia. Lamentablemente, están ocurriendo cosas parecidas con casi todas las políticas sociales, lo que incide en el abandono de la cultura del trabajo y el estudio.
Cada vez son más los adolescentes y jóvenes que ni trabajan ni estudian, y lo realmente grave es que lo hacen ante la indiferencia y a veces hasta con la anuencia de sus padres.
El dato es preocupante, pues si bien aumentaron las inscripciones en los establecimientos escolares, una encuesta realizada entre 1.500 directores, preceptores y docentes de 550 escuelas públicas y privadas del país revela que no aumentó en la misma proporción la asistencia a clases. O sea que la deserción escolar, tanto a nivel primario como secundario, es prácticamente la misma que hace dos años, cuando se sancionó la ley, lo que constituye un resultado decepcionante.
El informe fue elaborado por el Observatorio de Educación Básica Argentina, integrado por Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Banco Santander, con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, lo que habla de la seriedad de los datos consignados.
La AUH tiene el rango de una política de Estado, ya que fue acordada por todos los sectores representados en el Congreso Nacional, el conjunto de la comunidad educativa, la Iglesia Católica y las organizaciones empresariales y sindicales. Es una forma concreta de canalizar la ayuda social a los sectores más pobres y marginales, mejorando sus ingresos en relación con la cantidad de hijos de cada familia incluida en la categoría de la pobreza.
Pero la ley sancionada en 2009 imponía una condición: que las familias beneficiadas obligaran a sus hijos a asistir a clases y a cumplir con todas las obligaciones escolares. En ese sentido, puede decirse que ha fracasado como política socioeducativa destinada a impulsar una mayor inserción escolar y bajar los niveles de deserción, ya que los fondos de ese beneficio son utilizados con otros fines. Y todo porque la condición de asistencia obligatoria a la escuela para mantener el subsidio no se cumple, pues los directores e inspectores no conocen casos de suspensión de la AUH por incumplimiento de esa condición establecida por la ley.
No cabe otra alternativa, pues, que exigir que el Estado –a través un riguroso control– haga cumplir con esas exigencias establecidas por la ley de la AUH. De lo contrario, la política social se convierte en una simple dádiva, incluso en pura demagogia. Lamentablemente, están ocurriendo cosas parecidas con casi todas las políticas sociales, lo que incide en el abandono de la cultura del trabajo y el estudio.
Cada vez son más los adolescentes y jóvenes que ni trabajan ni estudian, y lo realmente grave es que lo hacen ante la indiferencia y a veces hasta con la anuencia de sus padres.