Causas políticas de la crisis financiera local
Las dificultades presupuestarias de la Provincia –sin perjuicio de la añeja ineficacia en la administración de gastos e ingresos– reconocen razones políticas.
Es que la utopía constitucional de un país integrado en Estados federados con derecho a la autonomía política y a una justa distribución de los recursos nacionales, es algo que nunca se impulsó desde los gobiernos centrales y que casi nunca defendieron nuestros gobiernos y legisladores locales.
La crisis del federalismo es precisamente el punto de inflexión de la política nacional: por concepciones centralistas y unitarias ajenas a la propuesta republicana, las clases dirigentes -a pesar de ocasionales dialécticas federalistas- concibieron un país bajo la preeminencia del puerto, la aduana, la concentración del poder en Buenos Aires y la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
Hubo ocasionales espasmos, pero lo cierto es que la historia política del país confirma esta implícita concepción en los hechos: Puerto, Aduana, Congreso -delegando facultades al Estado Nacional-, Pampa Húmeda, han centralizado la esencia misma de la conducción del país a lo largo de los tiempos.
Por cierto, esto contó casi siempre con la complicidad de las dirigencias del interior que, pese a sus dialécticas localistas, se prestaron a ello por conveniencias partidarias, sectoriales, personales, algunas veces doctrinarias pero, por lo general, debido a meras crisis financieras que las sometían a las parodias federalistas, plañiendo trozos de poder y recursos entregados casi siempre por formas sutiles del sometimiento centralista.
De manera que estas dificultades presupuestarias y las angustias del caso -que obligan a salir a buscar recursos urgentes una vez más comprometiendo el destino provincial- tienen una raíz profundamente política: vienen de mucho antes de la promoción industrial, de la asistencia que las provincias tuvieron que ceder cuando se privatizó el sistema previsional, mucho antes de que fueran obligadas a recibir servicios sin los recursos correspondientes; aún antes de los pactos fiscales por sucesivos rescates que fueron desgranando el régimen de Coparticipación Federal o el del financiamiento de la AFIP.
Vienen de atrás, de la eterna disputa por el manejo de la política petrolera y energética (con provincias que luego serían las dueñas nominales de los recursos pero con una política de liquidación que manejaba el poder central).
Vienen de antes de las leyes de emergencia que transfirieron al poder central impuestos coparticipables de las provincias, el impuesto al cheque, el total de los gravámenes exportadores o de las repetidas leyes excepcionales que el Congreso -por supuesto que con el voto de los legisladores del interior- fue cediendo a la Nación (que hoy atesora el 73% del total de recursos).
No es todo: también el aparato político nacional -todo- fue haciendo laxos los controles constitucionales de la rendición de cuentas de ese proceso de degradación y de debido control ciudadano y federal. Hace casi 20 años que se le renuevan al Ejecutivo nacional leyes de emergencia que nacieron por un año de crisis.
Este proceso de concentración política y de discrecionalidad de recursos es una concepción que contradice absolutamente la República Federal en la que se organizó el país. Y en esa profunda falencia, son muy pocos los gobernadores y legisladores de nuestras provincias que hayan tratado ciertamente de defender los intereses locales y sus derechos constitucionales.
Las dificultades presupuestarias de Mendoza -después de un intenso período de crecimiento del ingreso público- desnudan nuevamente el déficit gigantesco y las angustias que seguramente se agravarán a la hora de responder a la ciudadanía con servicios adecuados a las necesidades de un Estado que, en épocas de crecimiento, debió ser preparado para cuando las circunstancias apremiaran porque tiene sus propias falencias.
Hasta ahora la Nación no ha respondido a los pedidos del Gobernador, mientras que los municipios están cada día peor en sus finanzas, siguiendo al drama provincial. Un verdadero cuello de botella de muy difícil solución -salvo parches y fugas hacia adelante- mientras no se cambien las concepciones políticas de origen.
La crisis del federalismo es precisamente el punto de inflexión de la política nacional: por concepciones centralistas y unitarias ajenas a la propuesta republicana, las clases dirigentes -a pesar de ocasionales dialécticas federalistas- concibieron un país bajo la preeminencia del puerto, la aduana, la concentración del poder en Buenos Aires y la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
Hubo ocasionales espasmos, pero lo cierto es que la historia política del país confirma esta implícita concepción en los hechos: Puerto, Aduana, Congreso -delegando facultades al Estado Nacional-, Pampa Húmeda, han centralizado la esencia misma de la conducción del país a lo largo de los tiempos.
Por cierto, esto contó casi siempre con la complicidad de las dirigencias del interior que, pese a sus dialécticas localistas, se prestaron a ello por conveniencias partidarias, sectoriales, personales, algunas veces doctrinarias pero, por lo general, debido a meras crisis financieras que las sometían a las parodias federalistas, plañiendo trozos de poder y recursos entregados casi siempre por formas sutiles del sometimiento centralista.
De manera que estas dificultades presupuestarias y las angustias del caso -que obligan a salir a buscar recursos urgentes una vez más comprometiendo el destino provincial- tienen una raíz profundamente política: vienen de mucho antes de la promoción industrial, de la asistencia que las provincias tuvieron que ceder cuando se privatizó el sistema previsional, mucho antes de que fueran obligadas a recibir servicios sin los recursos correspondientes; aún antes de los pactos fiscales por sucesivos rescates que fueron desgranando el régimen de Coparticipación Federal o el del financiamiento de la AFIP.
Vienen de atrás, de la eterna disputa por el manejo de la política petrolera y energética (con provincias que luego serían las dueñas nominales de los recursos pero con una política de liquidación que manejaba el poder central).
Vienen de antes de las leyes de emergencia que transfirieron al poder central impuestos coparticipables de las provincias, el impuesto al cheque, el total de los gravámenes exportadores o de las repetidas leyes excepcionales que el Congreso -por supuesto que con el voto de los legisladores del interior- fue cediendo a la Nación (que hoy atesora el 73% del total de recursos).
No es todo: también el aparato político nacional -todo- fue haciendo laxos los controles constitucionales de la rendición de cuentas de ese proceso de degradación y de debido control ciudadano y federal. Hace casi 20 años que se le renuevan al Ejecutivo nacional leyes de emergencia que nacieron por un año de crisis.
Este proceso de concentración política y de discrecionalidad de recursos es una concepción que contradice absolutamente la República Federal en la que se organizó el país. Y en esa profunda falencia, son muy pocos los gobernadores y legisladores de nuestras provincias que hayan tratado ciertamente de defender los intereses locales y sus derechos constitucionales.
Las dificultades presupuestarias de Mendoza -después de un intenso período de crecimiento del ingreso público- desnudan nuevamente el déficit gigantesco y las angustias que seguramente se agravarán a la hora de responder a la ciudadanía con servicios adecuados a las necesidades de un Estado que, en épocas de crecimiento, debió ser preparado para cuando las circunstancias apremiaran porque tiene sus propias falencias.
Hasta ahora la Nación no ha respondido a los pedidos del Gobernador, mientras que los municipios están cada día peor en sus finanzas, siguiendo al drama provincial. Un verdadero cuello de botella de muy difícil solución -salvo parches y fugas hacia adelante- mientras no se cambien las concepciones políticas de origen.