Causa Vialidad: el fiscal Diego Luciani pedirá una condena contra Cristina Kirchner que incluiría cárcel

Luego de nueve audiencias presentando evidencias, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que se investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas, y pedirá que la vicepresidente Cristina Kirchner sea condenada: además de solicitar una pena de prisión, planteará la inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida.

En la audiencia del pasado viernes, Luciani y el fiscal Sergio Mola señalaron que CFK fue la jefa de una asociación ilícita que pergeñó durante sus mandatos, y el de Néstor Kirchner, un armado ilegal para que Báez reciba obras que no finalizó y que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.

De acuerdo al artículo 174 del Código Penal, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública prevé una pena de dos a seis años de prisión y establece que el culpable, “si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. De esta forma, Luciani fundamentará la condena a la vicepresidente y que no pueda volver a ejercer cargos en el Estado.

La expectativa para esta jornada es cuántos años de prisión pedirá la Fiscalía. La pena de cárcel puede variar entre la escala de años que tiene cada delito, en el caso de Cristina Kirchner los de asociación ilícita (de cinco a diez años para los jefes) y fraude en perjuicio de alguna administración pública. La pena puede ser de 7 a 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito.

Entre los imputados en la causa están también el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.

De Vido, López y Periotti fueron acusados de ser los supuestos organizadores de una asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez a través de maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado.

Además están imputados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Luego de la exposición de los fiscales, será el turno de los alegatos de las defensas. El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de definir sus ponencias para el debate final.

Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas -que reclamarán la absolución de los acusados- comenzarían con la exposición del abogado que representa a Lázaero Báez, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar, según el orden alfabético de los imputados.

Según informó Agencia Télam, el esquema podría alterarse ya que hubo abogados que plantearon la necesidad de modificar el orden. No obstante, los cambios eventuales se anunciarían cuando concluya el alegato del Ministerio Público Fiscal.

Tras el pedido del fiscal, será el TOF 2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el que decida condenar o no a la vicepresidenta y el resto de los acusados. A los dos primeros y al fiscal Luciani la defensa de CFK los recusó, lo que fue rechazado. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.

No obstante, para que se concrete la condena, debe quedar firme y ser ratificada primero por la Cámara de Casación y después por la Corte Suprema. Y teniendo en cuenta los tiempos del proceso y de la propia justicia, eso no ocurriría en el período electoral de 2023, con lo cual Cristina Kirchner podría presentarse nuevamente como candidata.

Si una eventual condena a Cristina Kirchner queda firme su situación cambiará. El Código Electoral Nacional establece en su artículo tres que quedarán excluidos del padrón “los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos”. Y la ley de partidos políticos fija en su artículo 33 que “no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios” quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.

Ahora si la condena queda firme mientras ejerce un cargo público ganado en elecciones se deberá abrir un juicio político de destitución, dependiendo cuál sea.

Mientras tanto, el kirchnerismo lanzó una ofensiva contra la Justicia en defensa de la vicepresidenta. En distintos puntos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires aparecieron pintadas amenazantes firmadas por La Cámpora y espacios afines a la vicepresidenta.

Además, dirigentes, funcionarios e intelectuales kirchneristas publicaron una solicitada señalando que el objetivo del juicio es “proscribir” la ex presidenta.

“No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner”, reza el reclamo en el que señalan que “la instancia oral del juicio sobre la causa mediáticamente denominada como ‘Vialidad Nacional’ ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades”.

En tanto, más de 500 intendentes de todo el país publicaron un comunicado en el que advirtieron sobre el uso del sistema judicial “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”. Y que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.

Por su parte, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos hizo lo propio con un texto en el que insistieron que se trata de de una “persecución política y judicial contra ella”.

“El recurso no es nuevo. Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra, que luego encuentran su caja de amplificación en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones y a los sectores del Poder Judicial absolutamente alineados con los intereses de los poderosos”, consideró el oficialismo.

Anticipándose al alegato final del fiscal Luciani, para la bancada del Frente de Todos, “en las próximas horas” se registrarán “nuevos episodios de una larga historia de persecución”.