Causa Oil Combustibles: la Justicia absolvió a Cristóbal López y Fabián De Sousa

Este juevs, el Tribunal Oral Federal N°3 absolvió a Cristóbal López y Fabián De Sousa y condenó al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión en el juicio oral por Oil Combustibles. Tras dos años y medio el tribunal finalmente dio a conocer el fallo.

En la lectura del fallo, el secretario del juzgado proclamó: "Absolver, por mayoría, a Carlos Fabián de Sousa, en orden al hecho del que fuera formalmente acusado". y "Absolver, por mayoría, a Cristóbal López, en orden al hecho por el que fuera formalmente acusado".

En tanto, sobre sobre el extitular de la AFIP el tribunal decidió: "Condenar a Ricardo Echegaray a las penas de 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido en perjuicio de la función pública".

El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a "cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública", al hallarlo "autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública".

A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso "levantar las medidas cautelares" dictadas contra ambos, "como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación".

El fallo fue leído esta tarde, minutos después de las 19, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron esta mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.

Esta mañana la audiencia comenzó con las “últimas palabras” de los tres acusados el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, y los accionistas principales de Oil, Cristóbal López y Fabián De Sousa. "Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto", dijo López al hablar en la ultima audiencia.

Por su parte, Fabián De Sousa lanzó: "Siempre tuve clara mi inocencia" y completó: "La finalidad no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar", dijo el accionista.

En tanto, Ricardo Echegaray definió que "los hechos que se me imputaron no constituyen delito". "Pidieron mi condena de prisión sin ninguna prueba", completó.

Para poder elevarla a juicio con velocidad, debate que comenzó el 13 de junio de 2019, la causa original se partió en dos: la segunda ni siquiera fue elevada a juicio. Echegaray, López y De Sousa hicieron uso de la palabra en un último mensaje. No fue la primera vez porque el juicio tuvo una particularidad: los tres aceptaron declarar e incluso ampliaron sus dichos en algunos tramos del juicio, y aceptaron preguntas de todo tipo cada vez que subieron al estrado.

El TOF 3, integrado por Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos había llamado a cuarto intermedio hasta las 17, la lectura se conoció pasadas las 19.

El juicio había comenzado el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.

Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.

El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.

El juicio comenzó con López y De Sousa presos, detenidos de forma preventiva durante 22 meses a raíz de la supuesta venta del holding en obstrucción a la Justicia. Los denunció el juez Julián Ercolini. Ese tiempo demandó establecer que nada de ello había ocurrido y que no existió delito, tal como dijo la jueza María Eugenia Capuchetti. Fueron liberados y continuaron asistiendo a todas las audiencias que Ámbito cubrió en su totalidad.

Su principal acusador, la AFIP, terminó desistiendo al momento de presentar sus alegatos. Sostuvo que como la empresa alcanzó el fin de la quiebra con el proceso de “avenimiento” que es una suerte de acuerdo para pagar las acreencias, debían desistir de la acción penal y también de la acción civil que incluía conceptos como “daño a la imagen”, aventura a la que se subieron de la mano del abogado Ricardo Gil Lavedra, contratado especialmente para impulsar este caso durante el macrismo.

Alberto Abad y Leandro Cuccioli estuvieron entre los primeros testigos. Con temor de autoincriminarse debido a que fueron imputados por la fiscalía en la denuncia (que surgió del propio juez comercial que escuchó a De Sousa) que investiga la jueza María Servini se negaron a responder sobre el caso. Servini investiga si no existió una asociación ilícita en el Gobierno de Macri –que lo incluía- para poner como objetivo a Indalo, ahogarlo financieramente, tumbarlo y quedarse con sus activos más valiosos. Parte de ello terminó ocurriendo.

Abad, molesto, evasivo y con mucha incomodidad terminó por afirmar que él no era un “tributarista”, como para responder cuestiones técnicas del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). En lo formal, la causa había empezado con una nota del diario La Nación en la que se afirmaba que López se había “apropiado” de un porcentaje del dinero que los consumidores abonaban por la nafta en las estaciones de servicio, que lo había evadido y hasta que había expandido sus empresas gracias a no pagarle nunca al fisco.

Expertos en impuestos como Hernán Cruells testificaron en contrario desde lo técnico: el impuesto grava la primera transacción del combustible. En este caso, cuando salía de la refinería de Oil rumbo a las estaciones que eran propiedad de terceras personas jurídicas. Tampoco eran “agentes de retención” ni de “percepción”. La figura era “sujeto obligado” y Oil según sus balances siempre declaró sus acreencias con el fisco, se adhirió a dos de los cuatro planes a través de los sistemas informáticos de AFIP (que lo validaron) y obtuvo otros dos “especiales” debido a que adujo un desfasaje en sus finanzas por el incremento de los valores en dólares de crudo y el “topeo” en los precios de venta entre 2013 y 2015.

El fiscal Juan Patricio García Elorrio deambuló durante tres audiencias describiendo partes del juicio, para terminar -recién en la cuarta- volviendo en la acusación inicial al eje temático que había esbozado Gerardo Pollicita, cuyo requerimiento terminó recortado al máximo.

En sí, volvió a afirmar que había existido connivencia entre los empresarios y Echegaray para obtener un plan sin acreditar las condiciones económico-financieras –en un procedimiento interno difuso- para luego con el excedente de dinero vaciar a Oil y financiar otras empresas del Grupo y expandirse. Y que nada de esto había sido controlado por la AFIP que omitió exigirle el cobro inmediato de los impuestos que se pagaban en cuotas. Pidió penas de 4 años y 8 meses para el exfuncionario y de 4 años y 4 meses para López y De Sousa. Además pidió hacer un peritaje para cuantificar el monto del perjuicio al Estado, al sostener que existió una defraudación, lo que dejó flotando que durante el juicio no se pudo determinar. Las defensas habían pedido absoluciones.

Transpiró Jorge Schiaffini que firmó un informe que reconoció que no había escrito; declaró Javier Llorente, de la sindicatura puesto por el juzgado, que apuntó a que la AFIP se comportó siempre como “acreedor hostil” al cerrar todos los caminos posteriores para que la petrolera pagara sin quebrar; fue determinante Oscar Ramos Rivera que dejó entrever la decisión política de AFIP de buscar a como diera lugar –y en palabras de Carlos Bo- si “la plata no se la había llevado Cristina de Kirchner”; el propio Bo tomó distancia del caso al filo del falso testimonio diciendo que no había tenido participación y que en realidad su trabajo “no era para ir a la guerra”; Néstor Sosa defendió sus auditorías (materia prima para el inicio de la causa) pero dijo no haber visto un solo papel de Oil; varios jefes de agencia y directores regionales adujeron que no existía diferencia alguna entre los planes que ellos mismos habían tramitado y los que obtuvo Oil y que les indignó la judicialización del caso y el procesamiento de sus compañeros por algo que hacían todos igual; Juan Carlos Santos también afirmó que solo se intentó “mover” a la empresa de la agencia donde había sido radicada a Grandes Contribuyentes Nacionales

Síndicos, veedores judiciales, interventores, funcionarios de AFIP actuales y pasados, el abogado que hizo la denuncia en el fuero penal económico que no detectó que hubiera insolvencia fiscal fraudulenta completaron la nómina de testigos que el TOF 3 escuchó. Se produjo prueba nueva y se incorporaron documentos que fueron surgiendo en estos años. Sobre toda esta base, los jueces decidirán sobre lo que se debatió durante dos años y medio en una de las causas de mayor gravitación institucional –por sus repercusiones- de los últimos años.