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"Causa de las fotocopias" y acusaciones a periodistas y a la Justicia: qué dijo Cristina Kirchner en el escrito que presentó ante Claudio Bonadio

Volvió a arremeter contra Bonadio y el fiscal Stornelli, quienes instruyen lo que ella denominó "la causa de las fotocopias".

Con un fuerte contenido político y recordando que fue citada por el juez Claudio Bonadio a declarar en ocho causas el día del cumpleaños de Néstor Kirchner, la ex Presidenta se defendió a través de un escrito donde manifestó su malestar frente a las múltiples indagatorias a las que fue citada, a las que calificó de "una suerte de función de cine continuado".

En su descargo, Cristina Kirchner señaló que se pretende hacerla responsable "de la misma presunta asociación ilícita por la cual ya estoy siendo investigada ante otro Juzgado de este fuero y ante dos Tribunales Orales". Al caso de los cuadernos lo llama irónicamente "la causa de las fotocopias".

Poco antes de las 9 subió al cuarto piso de los Tribunales de Comodoro Py para hacer frente a todas las indagatorias vinculadas a la causa de los "Cuadernos de las Coimas". Para la ex mandataria, las ocho indagatorias responden a un "hecho inédito en los anales de la jurisprudencia" y consideró -una vez más-, que todo responde a una "persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido".

El escrito está plagado de ironías, autoelogios y generalidades judiciales sobre cada acusación puntual.

Después del primer procesamiento en este expediente, la Sala I de la Cámara Federal Porteña confirmó la acusación como jefa de la asociación ilícita, y Cristina recordó que como parte de la misma incluyeron "a un grupo de funcionarios y algunos empresarios y beneficiaron al resto de los hombres de negocios, quienes dieron a entender que fue nuestro gobierno el que les enseñó a cartelizarse en la obra pública y que pagaron sobornos por haber sido víctimas de coacción".

Con estas referencias como telón de fondo, con críticas al periodista Diego Cabot (que reveló en el diario La Nación el caso de los cuadernos), al fiscal Carlos Stornelli y a los jueces Bonadio y Julián Ercolini, respondió a las acusaciones causa por causa.


Causa de los cuadernos

A dicha investigación la ex presidenta la define como la "causa de las fotocopias", donde ya fue indagada al menos tres veces y donde se encuentra procesada como prisión preventiva con un embargo de $ 1.700 millones.

"Sin perjuicio de ello, vuelvo a ser convocada en esta causa, por tercera vez, aparentemente para que se me impute el mismo delito imaginario de siempre (ser jefa de la asociación ilícita) o bien para que se sume a la acusación alguna nueva manifestación extraída a otro arrepentido", expresa el escrito. Se remitió en su defensa a los planteos ya formulados donde habló de una causa "armada" sin "fundamentos" y con fines "políticos".

Compra de buques con Gas Natural Licuado


Para la senadora de Unidad Ciudadana, la citación a indagatoria "constituye un caso paradigmático de arbitrariedad" y volvió a referirse a una "causa pseudo-judicial". Los procesamientos de dicha causa fueron revocados por la Cámara federal porteña, y dispuso la falta de mérito de todos los imputados, "dado que la decisión de Bonadío, impulsada por Stornelli, se basaba en una pericia falsa. Sí, tal cual se lee: jueces y fiscales armando causas y metiendo gente presa con pericias falsas", replicó Cristina.

La pericia volvió a realizarse por orden del juez Bonadio y con los resultados en el juzgado realizó una nueva ronda de indagatorias. Este expediente quedó vinculado a la causa de los cuadernos como parte de la maniobra de recaudación de fondos ilegales.

En esta causa, la ex mandataria planteó que el 5 de noviembre del año pasado "se presentó "espontáneamente" en la Fiscalía de Stornelli el ahora no abogado y no experto en delitos complejos Marcelo D'Alessio. Todo desopilante".

D'Alessio, quien bajo juramento declaró ser abogado (algo que no es), "aportó documentos que supuestamente corroborarían el pago de sobreprecios en la importación de buques con gas licuado. Además, el falso abogado al que tanto crédito, por lo visto, le dieron Bonadío y Stornelli, lisa y llanamente me atribuyó haberme interesado en tal supuesto negocio, dando instrucciones para que el ENARSA aprobara unas pólizas de seguro que no habrían resultado convenientes en términos de costos y beneficios para dicha empresa", planteó.

En su descargo, Cristina expresó que el supuesto pago de sobreprecios en la importación de buques con GNL "ya sufrió un severo traspié con la resolución adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, cuando revocó los procesamientos que habían sido dictados; además, se trata de transacciones en las que no tuve ningún tipo de intervención, ya sea directa o indirecta, y no existe un solo elemento de prueba que me vincule tan siquiera remotamente con estos hechos".

Subsidios a los colectivos


Es la causa donde se investigaron los subsidios al transporte de los colectivos. "Se me convoca a prestar declaración indagatoria por supuestas irregularidades en las que obviamente no pude haber tenido intervención alguna y que solo habría sido posible descubrir en base a las medidas adoptadas por mi propio gobierno. Es más, soy jefa de una asociación ilícita que recauda dinero por subsidios a colectivos y yo misma dispongo una medida para que el supuesto delito quede en evidencia", refutó la ex Presidenta y reiteró: "Se trata de un verdadero disparate".

Subsidios al transporte ferroviario


En este expediente se investigaron presuntos pagos ilegales efectuados por distintos empresarios ferroviarios, con el fin de mantener sus concesiones y obtener subsidios estatales. El juez Bonadio determinó que en el área de transportes, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2003 y el 31 de mayo de 2012, "los cobros eran recaudados por Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; ambos dependientes del Ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido. En esta área, las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional".

Cristina Kirchner refutó el planteó: "Como siempre, es absolutamente difusa, ilógica y arbitraria, forzoso es concluir que jamás ordené ni recibí ningún pago ilegal por parte de los concesionarios ferroviarios, con quienes además tampoco mantuve ningún tipo de relación personal o funcional".