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Caso Mottola: declaró la testigo clave y negó haber acusado al policía Fernández de ser el sicario
Este caso, y sobre todo la inclusión de un "perejil" como supuesto sicario para correr de la escena la "pista narco" tuvo su punto más álgido tras la conmoción que generó la filtración de un audio en el que se escucha a la primera fiscal del caso, Aída Farrán Serlé, reconociendo que Fernández fue inculpado por que necesitaban cerrar la causa.
Tras el desarrollo de cuatro jornadas de audiencias en el juicio por el "Caso Eduardo Mottola", el mecánico asesinado, queda a las claras el porqué se ha convertido en el gran escándalo político y judicial que aqueja a la provincia de Santiago Del Estero.
Todo ello emanado a la irregular situación del policía federal Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva.
A Fernández lo acusan de haber sido un "sicario" contratado para cometer el asesinato del mecánico.
Es por ello que era fundamental la declaración de la testigo clave Lucía Gabriela García supuesta autora, durante la instrucción, de la frase "lo vi, era un hombre alto, canoso y tenía tonada porteña" con la que los medios locales escribieron sistemáticamente decenas de páginas apuntando contra el policía federal Fernández.
Su defensa insistió desde siempre en que su defendido es un "perejil" puesto a dedo por un acuerdo politico judicial y para cubrir la "pista narco".
Finalmente frente al tribunal compuesto por los jueces, Raúl Santucho, Gabriela Campos Nitinger y Graciela Viaña Alvendaño la testigo Lucía García negó rotundamente haber dicho esas frases y a pesar de la presión ejercida por las fiscales Celia Mussi y Luciana Jacobo, sostuvo uno y otra vez, que jamás vio ni dijo algo acerca del imputado Fernández desvinculandolo del hecho investigado.
Otra de las sugestivas irregularidades de este escandaloso juicio se presentó a la hora de analizar los inventarios y los procederes de la División Canes de la Policía de la provincia. Fue allí cuando el oficial Leandro Campos confirmó que "entregó los autos antes de hacer el inventario detallando que si bien el día del hecho fue el 6 de agosto de 2018 interrumpieron arbitrariamente por orden superior el procedimiento sin dejar constancia del porqué de la interrupción y que continuaron el día 8 de agosto para luego, recién el 18 de septiembre, devolver los cinco autos supuestamente peritados.
Pero lo sugestivo que además sostuvo el oficial Campos es que la búsqueda de drogas (la pista narco) en los autos del taller del mecánico fue el 24 de agosto y el inventario es del 19 de septiembre. Es decir, que devolvieron los autos antes y los revisaron con perros expertos en drogas recién a los veinte días para, finalmente, hacer el inventario de los autos que quedaron casi un mes después.
Como para ratificar que ese operativo quedó viciado de nulidad fue contundente la declaración del Jefe de Criminalística, el Comisario Mayor José Fernández, que ratificó frente al tribunal que los operativos "no se pueden interrumpir" y que por lo tanto "este operativo es nulo".
Este caso, y sobre todo la inclusión de un "perejil" como supuesto sicario para correr de la escena la "pista narco" tuvo su punto más álgido tras la conmoción que generó la filtración de un audio en el que se escucha a la primera fiscal del caso, Aída Farrán Serlé (foto), reconociendo que Fernández fue inculpado por que necesitaban cerrar la causa.
"Cómo llegan a tu marido me parece una locura. ¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido?. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido”. Y sigue: "Yo sé cuál es la línea investigativa que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Mira si voy a contratar un sicario y ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa", reconoce allí la fiscal Aída Farrán Serlé, hablando con Angela Marin la esposa de Fernández.
Con la viralización de esos audios, Farrán Serlé, el juez Darío Alarcón, y el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez, fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, donde se los acusó de “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Asimismo el Ministerio Público Fiscal imputó a Farrán Serlé: el fiscal Mauricio Abramczuk ya le tomó declaración indagatoria y le pidieron a la defensa del policía que aporte la conversación completa donde la fiscal denosta el accionar corrupto de jueces, fiscales y abogados.
A la par, se viralizaron nuevos audios que probarían que los armados de las causas eran comunes a la operatoria de una asociación ilícita. Los investigadores también involucran en las maniobras a la anterior defensa de Fernández, quienes ya fueron despedidos, a Malena Bustos, hija de la Jueza de Apelación, Sandra Generoso. Y apuntan a su vez contra el juez Darío Alarcón.
Así mismo una denuncia realizada por el abogado Edgardo Taboada señaló una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, mansillando las garantías constitucionales.
Juan Pablo Fernández contrató una nueva defensa técnica que está siendo ejercida durante el presente juicio oral y público por el reconocido penalista el Dr. Alfredo García Kalb acompañado por el veedor del Colegio Público de San Isidro (Buenos Aires) el Dr. Iván Horvath.
El caso a despertado el interés de los medios nacionales y de las plataformas internacionales (Paramount/Netflix) por la circunstancia que Juan Pablo Fernández, en carácter de supuesto sicario, esta detenido desde hace cuatro años con prisión preventiva, algo totalmente ilegal.
Los tribunales de Santiago Del Estero cuentan con la presencia masiva de los medios de comunicación nacionales.
Todo ello emanado a la irregular situación del policía federal Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva.
A Fernández lo acusan de haber sido un "sicario" contratado para cometer el asesinato del mecánico.
Es por ello que era fundamental la declaración de la testigo clave Lucía Gabriela García supuesta autora, durante la instrucción, de la frase "lo vi, era un hombre alto, canoso y tenía tonada porteña" con la que los medios locales escribieron sistemáticamente decenas de páginas apuntando contra el policía federal Fernández.
Su defensa insistió desde siempre en que su defendido es un "perejil" puesto a dedo por un acuerdo politico judicial y para cubrir la "pista narco".
Finalmente frente al tribunal compuesto por los jueces, Raúl Santucho, Gabriela Campos Nitinger y Graciela Viaña Alvendaño la testigo Lucía García negó rotundamente haber dicho esas frases y a pesar de la presión ejercida por las fiscales Celia Mussi y Luciana Jacobo, sostuvo uno y otra vez, que jamás vio ni dijo algo acerca del imputado Fernández desvinculandolo del hecho investigado.
Otra de las sugestivas irregularidades de este escandaloso juicio se presentó a la hora de analizar los inventarios y los procederes de la División Canes de la Policía de la provincia. Fue allí cuando el oficial Leandro Campos confirmó que "entregó los autos antes de hacer el inventario detallando que si bien el día del hecho fue el 6 de agosto de 2018 interrumpieron arbitrariamente por orden superior el procedimiento sin dejar constancia del porqué de la interrupción y que continuaron el día 8 de agosto para luego, recién el 18 de septiembre, devolver los cinco autos supuestamente peritados.
Pero lo sugestivo que además sostuvo el oficial Campos es que la búsqueda de drogas (la pista narco) en los autos del taller del mecánico fue el 24 de agosto y el inventario es del 19 de septiembre. Es decir, que devolvieron los autos antes y los revisaron con perros expertos en drogas recién a los veinte días para, finalmente, hacer el inventario de los autos que quedaron casi un mes después.
Como para ratificar que ese operativo quedó viciado de nulidad fue contundente la declaración del Jefe de Criminalística, el Comisario Mayor José Fernández, que ratificó frente al tribunal que los operativos "no se pueden interrumpir" y que por lo tanto "este operativo es nulo".
Este caso, y sobre todo la inclusión de un "perejil" como supuesto sicario para correr de la escena la "pista narco" tuvo su punto más álgido tras la conmoción que generó la filtración de un audio en el que se escucha a la primera fiscal del caso, Aída Farrán Serlé (foto), reconociendo que Fernández fue inculpado por que necesitaban cerrar la causa.
Caso Móttola: la fiscal Aída Ferrán Serlé confiesa que el policía Juan Pablo Fernández preso desde hace cuatro años sin juicio es inocente pic.twitter.com/WbVNU2Bm0n
— InfoVeloz.com (@InfoVelozCom) January 4, 2024
"Cómo llegan a tu marido me parece una locura. ¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido?. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido”. Y sigue: "Yo sé cuál es la línea investigativa que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Mira si voy a contratar un sicario y ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa", reconoce allí la fiscal Aída Farrán Serlé, hablando con Angela Marin la esposa de Fernández.
Con la viralización de esos audios, Farrán Serlé, el juez Darío Alarcón, y el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez, fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, donde se los acusó de “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Asimismo el Ministerio Público Fiscal imputó a Farrán Serlé: el fiscal Mauricio Abramczuk ya le tomó declaración indagatoria y le pidieron a la defensa del policía que aporte la conversación completa donde la fiscal denosta el accionar corrupto de jueces, fiscales y abogados.
A la par, se viralizaron nuevos audios que probarían que los armados de las causas eran comunes a la operatoria de una asociación ilícita. Los investigadores también involucran en las maniobras a la anterior defensa de Fernández, quienes ya fueron despedidos, a Malena Bustos, hija de la Jueza de Apelación, Sandra Generoso. Y apuntan a su vez contra el juez Darío Alarcón.
Así mismo una denuncia realizada por el abogado Edgardo Taboada señaló una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, mansillando las garantías constitucionales.
Juan Pablo Fernández contrató una nueva defensa técnica que está siendo ejercida durante el presente juicio oral y público por el reconocido penalista el Dr. Alfredo García Kalb acompañado por el veedor del Colegio Público de San Isidro (Buenos Aires) el Dr. Iván Horvath.
El caso a despertado el interés de los medios nacionales y de las plataformas internacionales (Paramount/Netflix) por la circunstancia que Juan Pablo Fernández, en carácter de supuesto sicario, esta detenido desde hace cuatro años con prisión preventiva, algo totalmente ilegal.
Los tribunales de Santiago Del Estero cuentan con la presencia masiva de los medios de comunicación nacionales.
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